Manifestantes colombianos son reprimidos por fuerzas policiales durante paro nacional
Miles de manifestantes fueron reprimidos el miércoles en las calles de Bogotá y de las principales ciudades de Colombia en el primer paro nacional contra la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
Las concentraciones se replicaron en más de una docena de capitales y municipios, entre ellos Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Popayán y Bucaramanga.
En Bogotá, cuatro columnas convergieron en la Plaza de Bolívar bajo un despliegue de seguridad monitorizado por un Puesto de Mando Unificado (PMU).
Por su parte, en ciudades como Medellín la movilización derivó en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), escuadrón que empleó gases lacrimógenos, balas de goma y tanquetas, dejando como saldo varias personas detenidas y agresiones registradas contra la prensa.
De igual manera, en Ibagué y Popayán se registraron graves alteraciones del orden público y disturbios tras las intervenciones de las fuerzas policiales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la ONG Temblores, denunciaron la colocación de hombres armados con fusiles en las cubiertas de edificios oficiales de la capital, calificándolo como un mensaje directo de amenaza contra la movilización ciudadana.
La jornada de protesta, convocada a menos de diez semanas de su toma de posesión, respondió a los recortes presupuestarios, las primeras reformas económicas del Ejecutivo y la reciente aprobación de un controvertido protocolo de control del orden público.
La movilización masiva unió a centrales sindicales, sectores docentes, estudiantes universitarios, comunidades indígenas, colectivos LGBTI y agrupaciones feministas, acompañados por figuras clave de la oposición como el exmandatario Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.
Las exigencias de los manifestantes abarcaron demandas laborales, educativas y sociales, orientadas a proteger conquistas de la administración previa —como el acceso gratuito a la universidad pública y el aumento del salario mínimo— frente a lo que calificaron como un giro neoliberal.
Asimismo, la marcha visibilizó el rechazo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y la injerencia de Estados Unidos en la nación colombiana.
La indignación social se intensificó tras la firma, horas antes de las marchas, de un decreto gubernamental que modifica la actuación policial en las concentraciones.
Mientras el presidente De la Espriella justificó la norma para combatir el «terrorismo urbano», la oposición y organizaciones sociales lo tildaron de medida intimidatoria.
«Nos quieren devolver a ese momento en el cual el miedo termina convirtiéndose en la forma en la que la Fuerza Pública actúa de forma arbitraria«, advirtió el senador colombiano Iván Cepeda.
Ante la masividad de las jornadas, fuentes sindicales anunciaron que ya trabajan en la elaboración de un calendario de movilizaciones para los próximos meses, el cual podría escalar hasta la convocatoria de una huelga general en noviembre.
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