Más de 33 millones de pesos perdidos: empacadora de piña de Monte Plata está abandonada

La empacadora de la Asociación de Productores de Piña de Monte Plata (Asopropimopla), construida con fondos del Estado dominicano a un costo superior a 33 millones de pesos, está completamente abandonada. Los vehículos se utilizan para fines personales, mientras los jóvenes que invirtieron en el proyecto aseguran sentirse estafados.

A seis años de su inauguración, en 2019, la asociación se encuentra desintegrada: no tiene oficinas, ni exporta, ni genera empleos. El proyecto refleja graves fallas de gestión y de seguimiento estatal, que han dejado a los productores con más preguntas que respuestas.

El programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo, realizó una investigación, que incluyó una visita a Monte Plata para constatar el abandono de la empacadora y documentar las denuncias de los productores. Durante la visita a las instalaciones, el panorama fue desolador: maquinarias de empaque cubiertas de polvo, camiones desmantelados, documentos oficiales tirados en el suelo y cenizas de documentos quemados, algo grave pues se pudo destruir evidencias. Además confirmaron como  terrenos antes sembrados de piña hoy  están secos y cubiertos de maleza. Lo que fue presentado como símbolo del progreso agrícola se ha convertido en un escenario de ruina y desilusión.

 “Nos sentimos estafados”

Uno de los jóvenes inversionistas del proyecto, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, declaró: “Ya se han hecho muchas demandas y querellas, pero nadie dice nada. Todo se ha mantenido en silencio. Incluso, cuando uno intenta hablar con personas que trabajaron aquí, sobre todo en el área administrativa, nadie quiere involucrarse. Es como si hubieran silenciado a todo el mundo. Y aquí estamos hablando de muchos millones. Hay financiamientos, activos que costaron bastante, y se habla incluso de deudas que superarían los mil millones de pesos. Solo con el Banco Agrícola, al parecer, son alrededor de 600 millones.”

El sentimiento de estafa entre los jóvenes surge porque muchos fueron captados por el entonces presidente fundador de Asopropimopla, Joelin Santos, quien les presentó el proyecto como una oportunidad innovadora: no necesitaban poseer tierras ni experiencia agrícola. Según su planteamiento, serían parte de un programa llamado INVIERTE, en el que Asopropimopla  se encargaría del arrendamiento de las tareas de tierra, la compra de hijuelos de piña en Costa Rica, la preparación de la tierra, la siembra, el seguimiento técnico y la comercialización. Todo esto quedaría financiado 100 % por el Banco Agrícola.

El costo estimado por productor que eligiera la siembra de 30 tareas era de  aproximadamente 2.8 millones de pesos, según documentos de cotización del año 2018 y la lista de deuda de los inversionistas que en su mayoría tenían ese plan de 30 tareas.  La deuda se pagaría con los beneficios obtenidos durante el ciclo de producción de tres a cuatro años. Sin embargo, seis años después, la mayoría de los inversionistas continúa con la deuda intacta y sin recibir ingresos, lo que ha provocado un profundo sentimiento de fraude y frustración.

El sueño estatal que sembró expectativas… y cosechó deudas

 

Asopropimopla nació en 2017, impulsada por Joelin Santos, un joven de Monte Plata que, según la investigación de Toda la Verdad, para ese mismo año aparece como coordinador de ayudas comunitarias en las nominas del Ministerio Administrativo de la Presidencia, bajo la gestión de José Ramón Peralta. La asociación tomó fuerza tras la Visita Sorpresa número 194 del expresidente Danilo Medina en 2018, que prometió financiamiento y tecnología agrícola a  los 143 jóvenes que entonces integraban la asociación y en 2019 ya estaba inaugurando la planta.

El proyecto se presentó como un modelo de desarrollo rural para producir la “mejor piña del mundo”, y al principio pareció serlo, la asociación fue premiada  por organismos internacionales, y se aplaudía el proyecto, según reportes de prensa citados en el reportaje. Sin embargo, se cuestiona, porque hay muchos inversionistas que nunca recibieron ganancias, ni sus financiamientos fueron pagados.

Según datos obtenidos por el programa, el proyecto pasó de pedir en principio apoyo para trabajar 10 tareas, a administrar en general  unas 7,000 tareas de tierra, además de una empacadora con capacidad para exportar 180 mil frutas semanales. Sin embargo, las ganancias prometidas nunca llegaron, y los productores terminaron endeudados.

247 millones  en deudas por  financiamiento a jovenes programa INVIERTE  

Durante la investigación, Toda la Verdad  halló documentos oficiales esparcidos en el suelo de la empacadora, a los que tomó fotografías,  que revelan una situación alarmante: 110 jóvenes fueron financiados por el Banco Agrícola por un total de 248.8 millones de pesos, de los cuales 247 millones seguían pendientes de pago hasta junio de 2022, cuando muchos dicen ya se desintegraba la Asociación.

Entre los deudores figuran hijos de figuras políticas de diferentes partidos y el propio fundador del proyecto, quien a diferencia de los demás si tenía un porcentaje muy alto de la deuda ya cubierta, lo que sugiere también un grado de discrecionalidad de parte de la Asociación para determinar a quien pagar y a quien no.

El reportaje también revela como los vehiculos para trabajar en las fincas de piña entregados por el gobierno, están ahora en manos de particulares quienes los usan en sus fincas personales.

En definitiva, la investigación revela un esquema sin controles administrativos ni fiscalización estatal que, con el cambio de gobierno, se fue diluyendo hasta desaparecer. La falta de seguimiento institucional y el desinterés de las autoridades quedan en evidencia: la planta está abierta, sin seguridad ni resguardo, expuesta al saqueo y al deterioro total. Hoy, la empacadora que alguna vez fue presentada como símbolo del desarrollo agrícola de Monte Plata se levanta como un monumento al abandono, la desilusión y la impunidad. Los jóvenes productores e inversionistas, endeudados y frustrados, exigen una investigación judicial. No piden favores, sino justicia: que se determine quiénes fallaron y por qué un proyecto financiado con dinero.

P.