Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará
Por Altagracia Paulino
Las intoxicaciones de estudiantes y personal docente por fumigaciones cercanas a centros educativos se repiten año tras año. Se anuncian convenios y “consecuencias”, pero en las aulas el problema sigue igual.
Desde hace años se registran intoxicaciones en planteles escolares colindantes con fincas agrícolas fumigadas para controlar plagas y malezas. En lo que va de año se han reportado casos en varias provincias, con frecuencia en Duarte. En septiembre también hubo afectados en el liceo Leónidas Ricart, del sector Hatico, en Mao (Valverde).
Las autoridades han prometido soluciones. El 28 de enero, el ministro de Educación adelantó reuniones con Salud Pública, Agricultura y Medio Ambiente, e incluyó al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). El 13 de febrero anunció la firma de un convenio para regular las fumigaciones en entornos escolares. Nueve días después, el 22 de febrero, ocurrieron nuevas intoxicaciones en Villa Riva y los ministros prometieron “consecuencias”.
El 22 de septiembre, el nuevo ministro de Educación, [Miguel De Camps], depositó una denuncia en la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente para que investigue. La pregunta sigue en el aire: ¿Qué se está aplicando en esos cultivos? En la provincia Duarte, las intoxicaciones en escuelas rurales son frecuentes y persiste la duda sobre el uso de glifosato, un herbicida no prohibido en el país.
El 27 de enero, la ADP denunció que al menos 200 alumnos y docentes de las escuelas y liceos Hernán José Sánchez, Juan Antonio Alix, Juan Emilio Bosch Gaviño, Pedro Mir, Angélica García Moya, Centro Educativo Fermín Rosario y Ana Celeste Fernández fueron atendidos por intoxicación tras fumigaciones en los alrededores.
Cronología reciente:
- Enero: denuncias los días 6, 14 y 27.
- Febrero: 11, 18 y 22.
- Marzo: 1, 3 y 11.
- Septiembre: 18; 20 alumnos y personal docente ingresados de urgencia por mareos, vómitos y náuseas en la escuela Ana Celeste Fernández, comunidad La Guama, distrito municipal Aguayo, San Francisco de Macorís.
Investigaciones periodísticas han documentado sometimientos a personas que fumigan con mochilas, pero las aplicaciones de mayor escala se realizan con avionetas y, más recientemente, con drones.
Se han firmado acuerdos entre Salud, Educación y Agricultura, pero ninguno ha informado con certeza qué sustancias se aplican ni ha establecido un protocolo verificable de control en zonas escolares. El glifosato, señalado por organismos internacionales por su potencial carcinogénico, ha estado en el centro de millonarias demandas por casos de linfoma no Hodgkin en otros países. Aquí, ese químico no está prohibido, los convenios quedan en titulares y las comunidades siguen expuestas.
Es necesario identificar productos, fijar perímetros de protección efectivos, establecer calendarios de aplicación, notificar previamente a las escuelas y aplicar un régimen de sanciones que realmente se cumpla. La historia, lamentablemente, continúa.
Deben adoptarse medidas verificables: perímetros de protección alrededor de escuelas; prohibición total de fumigar en horario escolar; registro público y en línea de cada aplicación (fecha, hora, producto, principio activo, concentración, lote, finca y responsable); comunicación obligatoria a los planteles; certificación de pilotos y empresas fumigadoras; vigilancia de la calidad del aire y de las aguas en el entorno escolar; protocolos de emergencia con antídotos, ambulancias y rutas claras; y pruebas toxicológicas para estudiantes y docentes expuestos.
Régimen de sanciones con responsabilidad objetiva: multas, cierre temporal, cancelación de licencias y reparación económica a los afectados. Está en juego la vida.
