ONU denuncia muertes extrajudiciales en cárceles de El Salvador
TELESUR. Un informe presentado por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, hecho público este lunes denuncia que las muertes dentro de las cárceles salvadoreñas desde que inició el régimen de excepción son presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En el informe se explica la falta de investigación por parte de las autoridades del Gobierno del presidente Nayib Bukele sobre las muertes dentro de las cárceles, además de la agravación del hacinamiento, a pesar de la apertura de una megacárcel hace poco más de un mes.
Dentro de las organizaciones que suscriben el informe presentado se encuentra el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, las cuales en anteriores ocasiones ya han hecho denuncias por separado.
En ese sentido, el informe registra a más de 100 personas fallecidas bajo la custodia del Estado. Algunas de las organizaciones registraron casi 120 casos, mientras otras listan unas 102, aunque en todos los casos coinciden más de 100 en la misma persona.
El informe de la ONU detalla que «de acuerdo con los datos recolectados a partir del monitoreo de prensa, en relación con el rango de edad de las personas fallecidas, la mayoría de las víctimas oscilaban entre los 18 a los 50 años».
De acuerdo a los registros recogidos por el informe, el centro penal donde más reos han muerto en el último año es el de Izalco, con 52 decesos, le sigue Mariona con 19; hay 8 que se desconoce dónde estuvieron retenidos.
Entretanto, en el centro penal de Quezaltepeque con 6 muertos, el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de Santa Ana con tres personas fallecidas, los demás centros penitenciarios con dos o un muerto.
Las organizaciones denuncian que estas muertes de privados y privadas de libertad son consideradas como ejecuciones extrajudiciales según las Naciones Unidas porque se debieron al uso de tortura, negligencia o abandono a su suerte de personas enfermas, y en general son producto de unas condiciones de detención que ponen en peligro la vida de las personas capturadas.
Además de las muertes dentro de los centros penales, el informe detalla que hubo otras 68 personas que murieron en hospitales públicos luego de salir de la cárcel donde guardaba prisión la víctima.
A la fecha, denuncia el informe, el Estado no ha iniciado investigaciones sobre dichas muertes y no da información creíble a familiares de las personas fallecidas sobre la causa del deceso, salvo las constancias de «causas preliminares de la muerte» que ofrece el Instituto de Medicina Legal (IML).
