Organizaciones sociales y sindicatos de Ecuador se movilizan contra la modificación a la jornada laboral
Por Samantha Arias
En una jornada marcada por la protesta social, miles de manifestantes recorrieron las calles del centro de Quito. La movilización, convocada por sindicatos, organizaciones campesinas y gremios docentes, surge como respuesta al reciente acuerdo del Ministerio de Trabajo que permite la flexibilización de la jornada laboral de 40 horas.
¿Modernización de la jornada laboral o retroceso?
La capital ecuatoriana fue testigo de una masiva concurrencia que partió desde diversos puntos de la ciudad para confluir en el Centro Histórico. El detonante inmediato fue el Acuerdo MDT-2026-059, emitido por el Ministerio del Trabajo, donde regula el procedimiento de autorización de turnos y horarios especiales de trabajo, con el que se flexibiliza la jornada laboral. Esta nueva normativa faculta a los empleadores a distribuir las 40 horas semanales en jornadas diarias de hasta 10 horas.
Según los gremios, se extiende la fatiga del trabajador y argumentan que, en una relación laboral desigual, el trabajador se ve forzado a aceptar las condiciones del empleador para no perder su puesto.
Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una herramienta de competitividad y adaptabilidad para las empresas en un entorno global cambiante, los trabajadores lo ven como una erosión de la jornada de ocho horas.
Marcelo Ushiña, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas del Ecuador (FENOC), expresó la preocupación de los sectores rurales y obreros ante lo que consideran una pérdida de conquistas históricas.
«Estamos en este momento álgido del país. No tenemos salud, no tenemos empleo, y se va con todas las conquistas laborales que durante tanto tiempo se ha luchado con sangre. Hoy este presidente quiere borrar absolutamente todas las conquistas laborales. No es posible que vayamos a 10 horas de trabajo con el mismo sueldo», afirmó Ushiña a Sputnik.
Adicionalmente, la protesta también puso de relieve un descontento acumulado respecto a la seguridad y la presencia de agencias de seguridad extranjeras en territorio nacional, para la FENOC, el país atraviesa una crisis de falta de soberanía estatal.
«Ahora ya está el FBI aquí en el Ecuador. Están las bases militares de los Estados Unidos en el Ecuador. ¿Cómo es posible si ya el pueblo le dijo que no?«, cuestionó el dirigente campesino, haciendo referencia al rechazo popular sobre la instalación de bases extranjeras manifestado en consultas populares previas.
La crítica de las organizaciones a la gestión presupuestaria
Otro frente de conflicto que alimentó la marcha fue la reapertura del catastro minero y la implementación de leyes económicas que los colectivos sociales tildan de «neoliberales». Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), vinculó las decisiones del Gobierno con los intereses privados.
«En el Ecuador vivimos toda una ofensiva neoliberal de un Gobierno de derecha de Daniel Noboa. El Gobierno abrió el catastro minero, que es un inventario de empresas para apoderarse de territorios, y resulta que el 10% de acciones está relacionado al Grupo Nobis. Todas las leyes que se han impulsado han sido para perdonar deudas o para eliminar derechos a los trabajadores«, denunció Quishpe durante la movilización.
El dirigente de la UNE también señaló una contradicción en la administración de los recursos públicos, contrastando los recortes en sectores sociales con los recientes beneficios otorgados a los legisladores.
«Mientras nos dicen que no hay presupuesto para salud y educación, los asambleístas acaban de elevar un sueldo de vivienda a más de 1.500 dólares. No hay lógica desde la visión neoliberal en responder a las necesidades de los pueblos. Por eso el movimiento social ha decidido enfrentar al Gobierno en las calles, en las urnas y en la Corte Constitucional», enfatizó Quishpe.
El Ministerio de Trabajo ha reiterado que las 40 horas se mantienen y que la redistribución es opcional y acordada entre las partes. El Gobierno sostiene que las reformas son necesarias para atraer inversión extranjera y generar empleo en un país donde el subempleo y la informalidad siguen siendo retos estructurales.
Ecuador se encamina así a un periodo de mayor efervescencia social, donde la legitimidad de las reformas laborales es cuestionada en las calles y posiblemente en los tribunales constitucionales, mientras el país intenta navegar entre la búsqueda del crecimiento económico y la exigencia de los derechos laborales adquiridos.
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