Para formalizar la empresa, primero hay que formalizar el Estado

Por Haivanjoe Ng Cortiñas

La secuencia que importa

La informalidad es tratada habitualmente como una anomalía que debe corregirse. En el discurso público se le asocia a evasión fiscal, baja calidad del empleo, inseguridad laboral y rezago productivo. La consigna parece indiscutible: formalizar es siempre bueno. Sin embargo, cuando el análisis abandona el terreno moral y entra en la lógica económica, el diagnóstico se vuelve menos cómodo, pero más fructífero.

Aquí el problema de manera directa: si una empresa es informal, pero genera empleo, paga salarios y produce bienes y servicios, ¿por qué el Estado insiste en formalizarla, incluso cuando ese proceso puede llevarla al cierre? ¿Qué gana la sociedad cuando, en nombre de la formalidad, se elimina una unidad productiva que ya cumplía funciones económicas esenciales?

La respuesta oficial es conocida: ampliar la base tributaria y proteger al trabajador. Ambos objetivos son legítimos. El problema no está en la intención, sino en la ingeniería. Porque si el resultado de la formalización es el cierre del negocio, no se recauda y tampoco se protege al trabajador. Se pierde todo.

Cuando una empresa informal desaparece no se pierde una expectativa fiscal; se pierden empleos reales, salarios que sostienen hogares, bienes y servicios que abastecen mercados y capital emprendedor acumulado con esfuerzo. En términos de bienestar inmediato, el saldo es inequívocamente negativo. Mientras la empresa informal existe, aun con limitaciones, se preservan tres elementos esenciales: empleo, ingreso y actividad productiva. No es el equilibrio ideal, pero es superior a la inexistencia.

El falso dilema

Aquí emerge una distinción que el debate acostumbra ignorar: la diferencia entre la existencia del empleo y su calidad. La calidad es un objetivo legítimo, pero no puede convertirse en prerrequisito; la secuencia es inversa. No existe empleo digno sin empleo. No existe protección laboral sin trabajador activo. Cuando una política pública, en nombre de mejorar la calidad del empleo, termina eliminándolo, se produce una contradicción estructural. Proteger al trabajador dejándolo sin trabajo no es protección; es fracaso de política pública.

La formalización asimétrica

Pero hay un elemento adicional que no debe soslayarse. Aunque el discurso institucional presenta la formalización como un mecanismo de inclusión, en la práctica muchas políticas parecen diseñadas con prioridad fiscal. La secuencia suele ser reveladora: registro inmediato, activación temprana de obligaciones tributarias y fiscalización acelerada; mientras los beneficios asociados a la formalidad —acceso real a crédito, protección social efectiva, seguridad jurídica tangible— llegan tarde, fragmentados o simplemente no llegan. El resultado es una formalización asimétrica: rápida para recaudar, lenta para proteger.

Desde la perspectiva del trabajador, esta asimetría vacía de contenido la promesa de la formalización. Desde la del emprendedor, refuerza la percepción de que formalizarse implica asumir costos inmediatos sin beneficios claros. En ese entorno, la formalización deja de ser una decisión de crecimiento y pasa a percibirse como un riesgo existencial.

Por eso, cualquier política de formalización que reduzca el empleo neto debe considerarse incorrecta. No porque la informalidad sea deseable como estado permanente, sino porque destruir capacidad productiva en economías con alta fragilidad laboral y brechas de todo tipo es socialmente costoso y económicamente ineficiente.

El caso dominicano

El caso dominicano vuelve el argumento ineludible. República Dominicana ha mostrado un desempeño económico notable en las últimas décadas y, sin embargo, mantiene niveles de informalidad cercanos al 54% de la fuerza laboral. Aproximadamente un 35% del Producto Interno Bruto se genera fuera del perímetro fiscal, pero dentro del perímetro de la supervivencia económica. El país crece, pero la estructura laboral no se formaliza al mismo ritmo.

Esa contradicción no puede explicarse únicamente por resistencia empresarial. Debe analizarse desde el diseño institucional. Si el crecimiento es dinámico y la informalidad se mantiene elevada, la pregunta no es por qué el empresario no se formaliza; la pregunta es qué estructura de costos, riesgos y cargas burocráticas enfrenta cuando intenta hacerlo.

Aquí aparece la tesis central de esta opinión: la informalidad no es la causa estructural del problema; es el síntoma de un Estado que funciona de manera parcialmente informal. No en su marco legal, sino en su funcionamiento práctico. Un Estado que superpone trámites, cambia reglas con frecuencia, impone costos fijos elevados desde la etapa de supervivencia, fiscaliza antes de acompañar y cobra antes de generar condiciones, empuja racionalmente hacia la informalidad.

Invertir la secuencia

Formalizar al Estado significa, entonces, invertir la secuencia. La política tradicional aplica el orden normativo: Registro → Tributación → Beneficios. La lógica económica del microempresario sigue otro orden: Supervivencia → Utilidad → Formalización. Exigir tributación plena en la fase de supervivencia no acelera la transición; la aborta.

Formalizar al Estado implica simplificación real, no solo digitalización de complejidades. Digitalizar un laberinto sigue siendo un laberinto. Se requiere registro único, identidad empresarial integrada, plazos ciertos y silencio administrativo positivo. El permiso de existir no puede convertirse en un costo fijo.

Implica también previsibilidad. El emprendedor informal no huye necesariamente del impuesto; huye de la incertidumbre. Cambios frecuentes de reglas, sanciones desproporcionadas y discrecionalidad fiscalizadora generan un riesgo mayor que la propia carga tributaria. En economías emergentes, la previsibilidad vale más que una tasa baja.

Exige, además, coherencia temporal: primero acompañar, luego exigir; primero facilitar, luego fiscalizar; primero crear condiciones de productividad, luego ampliar la base tributaria. Cuando el impuesto precede a la estabilidad, la formalización se convierte en un acto de alto riesgo.

Nada de lo anterior es una defensa de la informalidad como estado permanente. La precariedad laboral, la ausencia de seguridad social y la evasión sistemática limitan el desarrollo. Pero tampoco puede ignorarse que, en contextos donde los costos de transacción son elevados, la informalidad funciona como un mecanismo de adaptación económica.

Primero el Estado, luego el impuesto El debate público dominicano necesita abandonar la simplificación binaria entre formalidad buena e informalidad mala. La verdadera discusión no es moral, es institucional. No se trata de obligar a formalizarse; se trata de hacer que formalizarse sea racional.

La regla es simple y estratégica: primero el Estado, luego el impuesto. Registro, acompañamiento, beneficios reales, contribuciones proporcionales y, solo cuando existe escala y estabilidad, tributación plena. Invertir ese orden no fortalece la formalidad; la debilita.

Formalizar empresas sin formalizar al Estado no amplía la base productiva: la reduce. Cuando el Estado reduce costos, minimiza riesgos y ofrece valor tangible, la formalización deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de expansión.

Ahí, y solo ahí —cuando el Estado actúa con coherencia institucional, cuando sus reglas son previsibles y sus beneficios tangibles— la formalidad deja de ser una carga y pasa a ser una decisión racional de crecimiento.

Y ese es el debate que República Dominicana debe asumir con madurez técnica y responsabilidad política. Porque no se trata de perseguir la informalidad, sino de hacer que la formalidad valga la pena.