Parlamento ecuatoriano aprueba proyecto sobre uso de la fuerza
TELESUR. Con 104 votos a favor y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes el proyecto de Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza, para la Policía, Fuerzas Armadas y de seguridad penitenciaria.
La propuesta, que se llevó a segundo debate en el ente legislativo, contó con la presencia de 123 de los 137 parlamentarios.
Previo a la votación del proyecto, varios asambleístas intervinieron en el debate para presentar algunas observaciones para mejorar y concretar el texto.
La normativa regula el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado, ejercida a través de la fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, determina sus derechos y obligaciones, establece la prevención y protección en situaciones que involucren a niños, adolescentes y otros grupos prioritarios.
Las discusiones se centraron en los temas concernientes al derecho a la protesta social pacífica, al solicitar la exclusión de la normativa legal el control de las manifestaciones.
Al respecto, el ponente del informe, Ramiro Narváez, aclaró que el texto trabajado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral no autoriza el uso de la fuerza para sofocar las movilizaciones pacíficas.
El asambleísta Ramiro Narváez, explicó que la propuesta garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta y prohíbe el uso de armas letales en ese tipo de acciones, a fin de salvaguardar la integridad de las personas.
Los legisladores también destacaron la necesidad de avanzar en políticas de Estado en materia de respeto a los derechos humanos y de preparar a los efectivos policiales y militares en el uso progresivo de la fuerza.
Para los asambleístas la ley por sí sola no constituye una solución al problema de la delincuencia común y el crimen organizado que golpea recientemente a Ecuador.
Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley será enviado a la Presidencia de Ecuador para la correspondiente sanción u objeción, de conformidad con lo previsto en la Constitución y la Ley.
El presidente Guillermo Lasso tiene 30 días para pronunciarse respectó a la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza.
