Pensiones no contributivas: costo silencioso del Estado
Por Rafael G. Guzmán Fermín
En toda democracia moderna, el sistema de pensiones constituye una de las herramientas más nobles que posee un Estado para proteger a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando el crecimiento de ese sistema ocurre sin planificación estructural, sin criterios técnicos rigurosos, sin sostenibilidad financiera clara, con una visión populista y electorera, puede convertirse en una pesada carga para las finanzas públicas y, por extensión, para toda la economía nacional.
Entre la protección social y la sostenibilidad fiscal
Las cifras recientes del incremento desmedido de las pensiones otorgadas por el Estado dominicano durante la gestión del presidente Luis Abinader deberían producir un debate sobre el equilibrio entre la justicia social y la responsabilidad fiscal.
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, hasta mediados de 2025 se han otorgado más de 151,914 pensiones en distintas modalidades. Paralelamente, se proyecta la creación de unas 53,000 nuevas pensiones adicionales, lo que ampliaría aún más el universo de beneficiarios del sistema estatal. Crecimiento que, sin dudas, acarrea un impacto directo en el gasto público nacional.
Uso político del gasto público
El verdadero problema no radica en las pensiones en sí, sino en las “pensiones especiales” no contributivas otorgadas por el gobierno, las cuales han adquirido una dimensión que va más allá de su función original como mecanismos de protección social. En la práctica, se están utilizando como instrumentos políticos, lo que implica, que su otorgamiento responde, no solo a criterios de necesidad social, sino también a recompensas dirigidas a determinados dirigentes, favores políticos y estrategias de clientelismo electoral.
Esta realidad genera un problema de legitimidad institucional, en razón, de que convierte una política pública reservada a favorecer a los sectores sociales más vulnerables, en una herramienta de poder, lo cual provoca, que el sistema de pensiones pierda su carácter universal y equitativo, erosiona la confianza en las instituciones y distorsiona el propósito de las políticas sociales.
El crecimiento acelerado del gasto público
El gasto en pensiones en el país ha experimentado un aumento considerable en los últimos años. Según datos obtenidos en Diario Libre el 18-12-25, en el 2020 el Estado destinó 43 mil millones de pesos a este concepto y, para este año 2026, la cifra proyectada supera los 101 mil millones de pesos. Lo que significa que el gasto en pensiones ha crecido más de un 135% en apenas 5 años, que representa el 5.53% del presupuesto nacional.
Además, a diferencia de otras partidas presupuestarias, este es un gasto permanente y acumulativo.
La rigidez del presupuesto nacional
La partida presupuestaria asignada a las pensiones pertenece a la categoría de gastos obligatorios del Estado, pues una vez otorgadas, se convierten en compromisos de pago que deben mantenerse durante toda la vida del beneficiario.
Cada nueva pensión, no solo representa un gasto presente, sino una obligación financiera futura que se acumula año tras año.
Este fenómeno genera lo que los economistas denominan “rigidez presupuestaria”, ya que, a medida que crece el peso financiero de estos compromisos, el Estado dispone de menos margen para invertir en áreas estratégicas como infraestructura, seguridad ciudadana, educación, salud o innovación tecnológica. En otras palabras, el presupuesto se vuelve cada vez más inflexible.
Presión creciente sobre el endeudamiento
Cuando el gasto permanente crece más rápido que los ingresos fiscales, como ocurre en la actualidad, el resultado inevitable es un aumento del déficit fiscal o una mayor necesidad de endeudamiento público. Situación que agrava la presión sobre el presupuesto, que ya enfrenta tres grandes compromisos estructurales:
1.- El servicio de la deuda pública.
2.- Los subsidios al sector eléctrico.
3.- El sistema de pensiones estatales.
En este contexto, si estas tres partidas continúan expandiéndose simultáneamente, el margen fiscal del Estado se reduce de manera significativa. Esto podría obligar al próximo gobierno a tomar decisiones difíciles, como aumentar impuestos, reducir la inversión pública o incrementar la deuda externa.
La sostenibilidad del sistema
En este sentido, el problema de fondo es la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones dominicano.
El país tiene una presión tributaria relativamente baja en comparación con otros países latinoamericanos, esto significa que el Estado tiene recursos limitados para financiar programas sociales permanentes de gran escala.
En tal sentido, si el crecimiento del gasto en pensiones continúa al ritmo actual, el país podría enfrentar en el mediano plazo un dilema fiscal complejo, que consiste en mantener el ritmo de expansión del sistema o emprender reformas estructurales que garanticen su viabilidad.
Una discusión que no debe postergarse
De esta manera, el debate sobre las pensiones, fundamentalmente las “pensiones especiales” no contributivas, no debe circunscribirse a una confrontación política coyuntural, sino abordarse como un problema estructural sobre el modelo de protección social y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El desafío no es simplemente otorgar más pensiones, sino construir un sistema de seguridad social equilibrado, responsable y sostenible.
Porque, al final, las políticas públicas que hoy se exhiben como soluciones sociales deben ser evaluadas por su impacto en las generaciones futuras, porque en materia fiscal, las decisiones de hoy terminan siendo las cargas de mañana.
