Perú atraviesa el período más violento de su historia desde la recuperación de la democracia en el 2000
Nelly Luna Amancio
Las necropsias son la radiografía más exacta y cruel de la violencia estatal reciente en el Perú.
Cadáver de 15 años de edad, lesión de un proyectil de arma de fuego en el tórax.
Se llamaba David Ezequiel Atequipa Quispe y era escolar.
Orificio de entrada en el tórax: proyectil ingresó de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante.
Vivía en la comunidad de Huinchos, en la zona agrícola de Andahuaylas, Apurímac.
La bala en su trayecto perfora la piel, tejido celular, músculos, nervios, fractura el séptimo arco costal derecho, lacera la pleura, atraviesa el pulmón derecho.
Cursaba el tercer año de secundaria en el colegio Simón Bolívar y trabajaba de mototaxista para ayudar a su familia y a sus hermanos menores.
Orificio de salida: herida de bordes evertidos de 2,8 por 1,4 centímetros, equimosis rojo violácea en la zona clavicular.
David soñaba con ser profesional, decía que tal vez policía, tener una casa grande. Soñaba, hasta que un balazo por la espalda le rompió la vida.
El 11 de diciembre de 2022 David acompañó a unos amigos a la protesta contra el gobierno que Dina Boluarte había asumido tan solo cuatro días antes. Fue la primera vez que iba a una manifestación política. Ese día, en medio de la violenta represión policial, una bala le atravesó su cuerpo, destruyó su pulmón y acabó con sus sueños. Al día siguiente yacía sobre una mesa de la morgue de Andahuaylas. Fue una de las primeras vidas arrebatadas por la represión del gobierno, que solo se agravó más en las siguientes semanas.
Han pasado más de cinco meses de la muerte de David y las investigaciones fiscales para identificar a los responsables apenas avanzan. Desde que el 7 de diciembre del 2022 Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú por sucesión constitucional tras el intento de golpe de estado de parte de Pedro Castillo, 49 civiles han muerto directamente durante la represión policial y militar en Perú. Todos por proyectiles disparados por armas de fuego (PAF). Siete de ellos eran niños, menores de edad de entre 15 y 17 años. Tres eran estudiantes de secundaria, como David. Se trata del periodo más violento contra los ciudadanos desde la recuperación de la democracia el año 2000.
En este mismo corto tiempo también han muerto otros 11 civiles, seis militares y un policía en el contexto de las protestas. La cifra de heridos supera las 1.785 personas.
Los informes médicos, necropsias y testimonios analizados durante estos meses por el equipo de OjoPúblico en Lima y regiones son concluyentes: la mayor parte de las muertes a consecuencia de graves heridas ocasionadas por proyectiles y balas, corresponden a armas de guerra disparadas hacia la cabeza, cuello y tórax de las personas.
Varias de las personas que han muerto ni siquiera participaban en las protestas, regresaban a casa, como José Luis Aguilar Yucra (20); o integraban brigadas de ayuda, como el estudiante de medicina Marco Antonio Samillán Sanga (29), o salieron de casa para auxiliar a un herido, como Edgar Prado Arango (51). A todos les alcanzó un violento disparo.
Las imágenes analizadas y verificadas por nuestra Red Investigativa Regional, exponen balazos y disparos contra el cuerpo, un comportamiento que se suele mitigar al llamarlo “uso desproporcionado de la fuerza”. La mayoría murió desangrado: “shock hipovolémico, traumatismo por PAF”, se lee en la causa de muerte de las necropsias.
Este especial fotográfico explora las historias de las víctimas y sus familiares, su búsqueda de justicia, su rabia e indignación. Eran hijos, padres, sustentos de sus familias, en la mayoría de casos, pobres, hijos de campesinos y quechuahablantes. La fuerza de estas imágenes busca hacer memoria sobre estas vidas quebradas por la violencia del Estado.
Desde que se registraron las primeras muertes en Andahuaylas, Apurímac, lejos de iniciar investigaciones drásticas desde el interior del gobierno para esclarecer las muertes, la presidenta Boluarte impulsó los estados de emergencia. En Ayacucho, con los militares en las calles, la violencia volvió a esta región: las acciones militares contra los manifestantes repitieron los peores momentos de la presencia militar durante la lucha contrasubversiva.
Diez personas murieron en Huamanga por proyectiles de largo alcance que viajan a más de 650 metros por segundo: el doble de la velocidad del sonido. Tampoco, después de estas muertes, la presidenta cesó la represión. Las muertes continuaron: el 9 de enero, 17 personas murieron en un solo día en Juliaca. Todas por armas de fuego.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye, precisamente en su reciente informe sobre vulneraciones de derechos humanos en Perú, que hay elementos para hablar de que hubo una masacre en ambas regiones (por la gran cantidad de muertes) y que estos casos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales de parte del Estado.
Tampoco, después de estas muertes, la presidenta cesó la represión. Las muertes continuaron: el 9 de enero, 17 personas murieron en un solo día en Juliaca. Todas por armas de fuego.
En cuatro meses de gobierno, hay 12 carpetas fiscales en las que se acumulan los casos de los 49 muertos por la represión en las protestas contra el gobierno. Una de ellas involucra a altas autoridades, y está a cargo de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. En ninguno de los casos, ni siquiera en los que las imágenes son directamente concluyentes sobre la responsabilidad policial, como en el disparo a la cabeza de una bomba lacrimógena contra Victor Santiesteban, en Lima, o la descarga de 46 perdigones contra el cuerpo de Rosalino Florez, se han identificado a los agentes responsables.
Los cuadernos de armería –reportes que albergan los datos de salida y retorno de las armas de una dependencia policial o militar– exponen, como han señalado las investigaciones de nuestro equipo, la falta de una debida diligencia en la gestión de armas. En Ayacucho, por ejemplo, un alto oficial del Ejército firmó sobre una hoja bond sin sellos ni formatos la entrega de varias municiones cuyo destino no se conoce.
Es el periodo más violento que se ha registrado en el país en tan poco tiempo. En estos 23 años no hay registro del uso de tantas bombas lacrimógenas, armas de guerra, balas y perdigones para silenciar las protestas ciudadanas. Desde el 2002 a la fecha, 219 personas han muerto en el país durante diferentes conflictos sociales, pero de estas, solo en en tres meses de gobierno, la gestión de Boluarte concentra la cuarta parte.
