Piden al Estado salvadoreño cese a la tortura en el sistema penitenciario

El tema de la tortura en El Salvador es un hecho, tanto en el pasado como en el presente. “La herencia que nos dejaron los gobiernos de la década de los años ochenta parece que se ha retomado por el actual gobierno de Nayib Bukele”, dijo Miguel Montenegro, de la  Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador.

En el “Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, que se conmemora cada  26 de junio,  la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador solicitó al Estado salvadoreño el cese de la tortura en el sistema penitenciario del país.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día contra la tortura, el 12 de diciembre de 1997,  con la finalidad de erradicar totalmente la tortura y  garantizar la aplicación efectiva de la “Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, la que entró en vigencia el 26 de junio de 1987.

Sobre la “tortura” , la Comisión DDHH Pro-Memoria Histórica expresó que se trata de “Todo acto de infligir dolor y daño físico o psicológico, con el fin de dar castigo, obtener información o una confesión, o de castigar por un acto que haya cometido, o se sospeche que haya cometido una persona”.

También, tiene como intención intimidar o coaccionar a esa persona o a un grupo de personas por cualquier razón a partir de cualquier tipo de discriminación realizada por funcionario público o persona en el ejercicio de funciones públicas.  Por lo anterior, la tortura constituye uno de los crímenes más graves, y es parte de los hechos que persigue la Corte Penal Internacional (CPI).

“La tortura es un daño físico y psicológico a un ser humano. Y este ser humano sufre esas consecuencias si logra ser liberado.  Es algo terrible y perverso. Es por esto que pedimos al Estado salvadoreño adherirse al Protocolo Facultativo contra la Tortura”, agregó Montenegro, un histórico defensor de los derechos humanos, y conocedor de los métodos de torturas realizadas en la década de los 80 del siglo pasado.

“El gobierno no ha querido ni firmar ni mucho menos aprobar el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Porque esto garantiza precisamente, una comisión tanto internacional de Naciones Unidas, como una comisión integrada por organizaciones de derechos humanos salvadoreñas para investigar o revisar el tema de la tortura en  las diferentes cárceles de nuestro país”, explicó el defensor de derechos humanos.

De igual forma, Montenegro se refirió al desempeño actual de algunas instituciones clave en la administración de justicia y de garantizar los derechos fundamentales de la población.

“Queremos instituciones capaces como una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  (PDDH), que nació con una misión y no está cumpliendo en absoluto la verificación de los procedimientos en las diferentes cárceles de nuestro país y de las torturas que han ocasionado muertes en la actualidad”, manifestó Montenegro.

“Nosotros estamos viendo las graves violaciones que se están cometiendo en el actual gobierno, y en este sentido creemos que es muy valioso e importante aportar y pedir al Estado que cumpla porque firmó la Convención contra la Tortura, pero no el Protocolo Facultativo que es un instrumento valioso que permite un proceso de verificación de la tortura en cada país”, sostuvo Montenegro.

El salvador recibe recomendaciones urgentes contra torturas

David Ortiz, también de la Comisión, manifestó que en el último informe realizado por el Comité contra la Tortura de la ONU, recomendó de manera “urgente” (2022) adoptar medidas para prevenir las graves violaciones en el marco del régimen de excepción.

“Aplicar medidas eficaces para prevenir las detenciones arbitrarias sin orden de detención y garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad de conformidad con las normas internacionales”, señaló.
“En particular los derechos a ser informados de las razones de su detención, a informar con prontitud de su detención a un familiar o a un tercero, a ser asistidas sin demora por un abogado y a recibir asistencia letrada gratuita de calidad en caso de necesidad”, acotó Ortiz.

Otras de las recomendaciones urgentes se relaciona a eliminar las disposiciones para que las personas capturadas permanezcan en “detención administrativa” por períodos de hasta 15 días. La ONU recomienda enmendar ese tiempo para un período máximo de 48 horas. Y asegurar resoluciones del recursos de “Hábeas corpus” en tiempos lo más veloz posible.

“Se debe velar por que se haga constar sistemáticamente la detención en un registro en el lugar de privación de libertad y en un registro central de personas privadas de libertad a los que sus abogados y familiares puedan acceder”, acota el informe.

Además, llama a garantizar el respeto de las salvaguardias legales fundamentales de las personas privadas de libertad, sancionando a los agentes de las fuerzas del orden que incurran en su incumplimiento, indicó Ortiz.

En el contexto del conflicto armado

Las recomendaciones para el Estado salvadoreño están referidas a realizar “esfuerzos” para la pronta investigación, de manera eficaz e imparcial, de todas las presuntas violaciones graves de los derechos humanos.

En estos casos incluye la tortura y las desapariciones forzadas, ocurridas durante el período 1980–1992, así como garantizar el enjuiciamiento de los presuntos responsables. Y en particular, el Estado debe dotar a la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República de recursos necesarios para estos procesos.

“Deben garantizar la cooperación de las Fuerzas Armadas en la investigación de violaciones de derechos humanos del pasado, y el acceso a los archivos militares y de cuerpos de seguridad, así como a las instalaciones militares, cuando ello sea relevante para la investigación”, agrega la Comisión.

Además, pide promulgar una ley integral de justicia transicional en línea con las normas internacionales de derechos humanos, velando por que dicha ley excluya las amnistías, la inmunidad de los presuntos responsables y la prescripción de graves violaciones de derechos humanos.

Se deberá asegurar también la participación de las víctimas y organizaciones de derechos humanos especializadas en la elaboración final de dicha ley, expresó Ortiz.

Protocolo Facultativo, un mecanismo de control contra la tortura

Ovidio Mauricio González, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, indicó, que el Protocolo Facultativo contra la Tortura es una especie de procedimiento para investigar y sancionar este tipo de conductas de abuso.

“Sabemos también que en nuestro Código Procesal Penal y Código Penal, hablan e identifican también esos delitos. No obstante, están ocurriendo en los centros penitenciarios en total impunidad. Cuando sólo deben cumplir con la ley y los tratados internacionales, eso es básico”, manifestó Mauricio González.

La importancia de este Protocolo Facultativo es que orienta en cómo debe hacerse este procedimiento, y para calificar los hechos, luego como aplicar un mecanismo para investigar y sancionar estos hechos, y es  para eso  el Protocolo Facultativo, explicó Mauricio.

Mauricio González mencionó que el Estado de Excepción dejó de cumplir con los tratados internacionales y la legislación nacional, al mantenerlo vigente por 3 años, y sin oportunidad de contar con los derechos fundamentales que respalda la Constitución de la República.

“¿Cómo es posible que públicamente se diga, por parte de los funcionarios, que sólo les darán dos tiempos de comida a los capturados por el régimen?, ¿Cómo se puede nombrar esto que están haciendo?, pues es una clara tortura, se ha pervertido el proceso penal,”, comentó.

“Hay diferentes torturas físicas y psicológicas, tenemos testimonios de personas que les han enseñado videos de los hijos y su esposa del detenido, para quebrarlo y que acepte firmar una declaración. Hay muchas cosas más, por eso pedimos se cumpla el debido proceso y se respeten los derechos de las personas inocentes”, reafirmó Mauricio González.

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, exhortó a la comunidad internacional y población salvadoreña a potenciar la recomendación de ratificación  del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y  Degradantes, por parte del Estado salvadoreño.

Asimismo, a permitir el establecimiento de un “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”, que por ahora el Estado salvadoreño, no ha cumplido con esas obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
COLATINO.