Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío
Por Altagracia Paulino
Pese a que la protección del medio ambiente y los recursos naturales es una preocupación mundial y regional, los ciudadanos de América Latina y el Caribe opinan que el desarrollo económico debe tener prioridad frente al medio ambiente.
Así lo refleja el último documento del PNUD sobre prioridades de desarrollo en América Latina y el Caribe. El informe destaca que la población de la región también expresa preocupación por los problemas ambientales, pero, según un cuadro del estudio, la mayoría prioriza el desarrollo económico.
Solo en tres países aparece como prioridad el medio ambiente: Uruguay, Argentina y Bolivia. En los nueve restantes, la mayoría se decanta por el crecimiento económico como prioridad; el medio ambiente queda en segundo lugar y un segmento manifiesta indiferencia.
La opinión más alta a favor de priorizar el desarrollo económico se registró en la República Dominicana, con una puntuación de 57; le siguen Granada (52.6), Bahamas (48.5), El Salvador (47.1), Chile (43.6), Guatemala (41.4), México (41.3), Perú (40.1) y Trinidad y Tobago (39.2) [cifras a verificar con el informe original].
En el informe Bajo Presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe, el PNUD subraya que los habitantes priorizan tanto el desarrollo económico como la protección del medio ambiente, reconociendo su interconexión, y sugiere implementar políticas y estrategias para afrontar los desafíos presentes y futuros.
Es entendible la alta puntuación del país: el crecimiento económico de las últimas tres décadas, con sus altas y bajas, es significativo en variables macroeconómicas e infraestructura, aunque no tanto en servicios básicos y desarrollo humano.
En cuanto al medio ambiente, hay debilidades que deben integrarse a la planificación estratégica: el crecimiento no puede darse al margen de la preservación del agua, los ríos y los ecosistemas que sostienen la isla. Hoy enfrentamos el desafío de la minería que, aunque genera ingresos por el precio del oro, conlleva riesgos para las principales cuencas hidrográficas.
No hay desarrollo sostenible sin política pública clara sobre desechos sólidos, cumplimiento de leyes y respeto al mandato constitucional que declara el agua bien público inalienable.
Se requiere una visión integral: desarrollo económico y preservación ambiental como insumos complementarios para la sostenibilidad en el tiempo.
El país debe producir riqueza —y los dominicanos parecen entenderlo—, pero los hacedores de políticas públicas deben evaluar cuán perjudicial puede ser un desarrollo “puro y simple” sin la variable ambiental (y su impacto sobre el propio crecimiento), o a la inversa.
El informe ofrece recomendaciones que deberían guiar a la administración cuando revise el tema, para ajustar políticas y estrategias de crecimiento junto con la protección de los recursos naturales, priorizando la protección de la principal riqueza de la isla como es el agua y sus cuencas hidrográficas.
En República Dominicana, el dilema es claro: crecer sin secar ríos ni perder costas. Construcción, turismo y minería avanzan, pero el agua y las cuencas no aguantan improvisaciones. Si priorizamos desarrollo, hay que ordenar el territorio, respetar manglares y cabeceras, fiscalizar de verdad.
La ruta exige la voluntad política: licencias vinculadas a inversiones ambientales medibles, fondos hídricos y residuos con trazabilidad. Más energías renovables y eficiencia en hoteles, industrias y edificios públicos. Con datos abiertos y comunidad vigilante, el crecimiento dejaría de ser promesa para convertirse en un pacto que vaya más allá de titulares de prensa.
