Productos seguros, consumidores confiados

Por Altagracia Paulino

En toda sociedad que aspira al bienestar colectivo, la seguridad de los productos que llegan a los hogares no es un lujo ni una opción: es un derecho. Cuando los ciudadanos compran alimentos, medicamentos, electrodomésticos o productos de limpieza, lo hacen con una expectativa legítima: que esos bienes no representen un riesgo para su salud, su economía o su seguridad. De ahí surge una relación fundamental para el desarrollo de cualquier país: productos seguros generan consumidores confiados.

En nuestro país, y en muchos otros en desarrollo, el mercado se ha ampliado y diversificado. En los comercios encontramos productos importados, marcas propias de supermercados y artículos de pequeños emprendimientos locales. Esa diversidad es positiva porque amplía las opciones del consumidor, pero también plantea una exigencia mayor: garantizar que todo lo que se comercializa cumpla con estándares de calidad y seguridad.

La confianza del consumidor no se construye solo con publicidad o precios competitivos. Se construye con reglas claras, supervisión efectiva y responsabilidad empresarial. Cuando una persona compra un alimento en un supermercado o un detergente para lavar la ropa, no debería preguntarse si ese producto fue elaborado bajo condiciones adecuadas o si sus componentes podrían causar daño. Esa preocupación no debe recaer en el consumidor, sino en el sistema de regulación y en quienes producen, importan y venden.

Por eso resulta fundamental fortalecer los mecanismos de vigilancia del mercado. Las autoridades deben realizar inspecciones, verificar normas sanitarias, revisar etiquetas y asegurar que los productos informen con claridad su origen, sus componentes, su fecha de vencimiento y las advertencias necesarias para su uso correcto. La información transparente es clave para que el consumidor tome decisiones responsables y acertadas.

En materia de consumo, ocultar información o presentarla de manera confusa también es una forma de violencia. Un etiquetado incompleto, ilegible o engañoso coloca a las familias en una situación de indefensión. Lo vemos con alimentos ultra procesados, productos de limpieza que no advierten bien sus riesgos o artículos cuya procedencia nadie puede explicar. Un mercado serio no puede descansar en la buena fe del comprador, sino en la obligación del proveedor de informar con veracidad.

La seguridad de los productos también depende del compromiso de productores y comerciantes. Las empresas deben comprender que la confianza del público es uno de sus activos más valiosos. Un producto defectuoso, adulterado o mal etiquetado no solo pone en riesgo a los consumidores: también deteriora la credibilidad del mercado y afecta a quienes sí cumplen las reglas.

En este contexto, la educación del consumidor adquiere un papel esencial. Un ciudadano informado revisa etiquetas, compara precios, verifica la fecha de vencimiento y denuncia irregularidades. Cuando la población conoce sus derechos, contribuye a que el mercado funcione mejor y a que las autoridades actúen con eficacia real.

Aunque los derechos del consumidor están consagrados en la Constitución y en las leyes, todavía falta educación para ejercerlos plenamente y decisión pública para garantizarlos. Persisten resistencias a facilitar información veraz, como ha ocurrido con normas de etiquetado llamadas a proteger la salud colectiva.

Hemos avanzado, pero faltan pasos firmes para consolidar un mercado confiable. La meta debe ser clara: que cada producto que llegue a las manos de una familia dominicana cumpla con condiciones reales de seguridad. Si eso ocurre, todos ganamos: los consumidores, las empresas responsables y el país.