¿Quién dice la verdad sobre la criminalidad?

Por Rafael G Guzmán Fermín

En días recientes, la ministro de Interior y Policía cuestionó al expresidente Leonel Fernández por las cifras de homicidios registradas durante su gestión, asegurando que en la actualidad los índices son menores. Sin embargo, para comparar objetivamente tasas de criminalidad entre distintos períodos de gobierno, es indispensable emplear la misma metodología de cálculo y las mismas fuentes oficiales. De lo contrario, las comparaciones dejan de tener validez técnica y se reducen a simples argumentos políticos.

El problema de fondo es que en la República Dominicana -como en la mayoría de los países del Caribe y Centroamérica- carece de estadísticas criminales integrales, confiables y estandarizadas. Por ello, desde hace décadas, la tasa de homicidios se usa como único indicador para medir la violencia, no porque refleje toda la realidad, sino porque es el único dato que casi siempre se registra con cierta precisión: hay un cuerpo, hay una investigación, hay una cifra.

La criminalidad no se mide solo con homicidios

El número de homicidios es apenas la punta del iceberg. La verdadera criminalidad se encuentra en los robos, asaltos, atracos y hurtos, que afectan cotidianamente a la población y constituyen la principal fuente de inseguridad.

Sin embargo, nadie puede afirmar con certeza cuál es la tasa nacional de robos por cada 100 mil habitantes, porque no se publica.

En el año 2007, bajo el gobierno del doctor Leonel Fernández, se logró una de las pocas estimaciones completas, pues las estadísticas fueron sinceradas por primera vez: 524,194 robos, asaltos y atracos, lo que representó una tasa de 5,698 por cada 100 mil habitantes. Esa cifra, aunque elevada, fue producto de un esfuerzo técnico que cruzó denuncias policiales con proyecciones de delitos no denunciados, utilizando un método avalado por organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante el lapso 2007-2010 se registró el período con menor índice de victimización, de acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana bajo la dirección de la experta Moraima Díaz.

Casi dos décadas después, no existe una cifra equivalente ni una metodología pública que permita conocer la magnitud real de los delitos patrimoniales en el país. Si no se dispone de ese dato, es imposible sostener con rigor que la criminalidad ha disminuido.

El error de interpretación: 19,994 robos menos

El Ministerio de Interior y Policía informó recientemente que en 2024 hubo “19,994 robos menos que en 2023.” Sin embargo, esa declaración genera confusión, pues no se acompañó del total nacional de robos. Decir que hubo “menos” implica que existe una cifra base, pero esta no se ha hecho pública. ¿Por qué?.

Y si se interpretara literalmente -como algunos medios lo han hecho- que en todo el año se registraron solo 19,994 robos, el resultado sería totalmente absurdo: esta cifra dividida entre 158 municipios y 365 días, equivaldría a 0.35 robos por día por municipio, es decir, un robo cada tres días. Una proporción completamente falsa frente a lo que vive la ciudadanía.

Más que repetir que “hay menos robos”, lo correcto sería publicar con transparencia el total de robos, asaltos y atracos registrados en 2024, junto con la metodología empleada para medirlos.

Menor capacidad para recibir denuncias

A esta falta de claridad estadística se suma un problema estructural: solo el 24 % de los destacamentos, puestos e inspectorías policiales del país están habilitados para recibir denuncias. Es decir, el 76 % del territorio nacional no reporta directamente al sistema estadístico policial, lo que distorsiona la información y resta confiabilidad a los resultados.

Por en contrario, durante el gobierno del expresidente Fernández, la cobertura alcanzaba un 51 %, una cifra aceptable y superior a la actual. En vez de avanzar hacia un sistema más moderno y completo, se ha retrocedido en la capacidad de registro.

Por tanto, cuando se presentan cifras que sugieren una disminución del delito, la pregunta obliada es: ¿se redujo la delincuencia o se redujo la capacidad del Estado para medirla?

Menos patrullaje: más desorden, más inseguridad

El comisionado para la reforma policial anunció que para el año 2030 se espera tener el 40% de la fuerza policial en labores de patrullaje. Pero esa meta delata el problema actual: hoy, según datos revelados por la ministro la semana pasada, solo el 13% de los policías patrullan las calles, es decir, unos 4,000 agentes para todo el país.

En cambio, durante el gobierno del expresidente Fernández, el promedio de patrullaje era de 49%, una cifra comprobable mediante las órdenes de operación y los registros de visibilidad. Existían patrullas a pie, en motocicletas y en vehículos, visibles en calles y comunidades.

Incluso se aplicaban pruebas de calidad del servicio: cualquier ciudadano podía llamar solicitando asistencia policial, y el tiempo promedio de respuesta era de cinco minutos. Hoy, muchos ciudadanos deben salir a buscar a los agentes, y no los encuentran. La realidad habla más alto que las declaraciones.

Victimización y percepción ciudadana

Según el informe del U.S. Department of Justice (OSC-RD, 2020), la victimización en la República Dominicana aumentó de 16.6 % en 2010 a 25.5 % en 2019. En otras palabras, uno de cada cuatro ciudadanos fue víctima de algún delito. Ese dato, que proveniente de una fuente internacional independiente, confirma que la inseguridad no ha disminuido, sino que se ha incrementado en la experiencia cotidiana de la población, luego que se dejara de aplicar el PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA diseñado y ejecutado en el gobierno del expresidente Leonel Fernández.

A su vez, los recientes informes de Latinobarómetro ubican la inseguridad entre las tres principales preocupaciones de los dominicanos. Aunque los indicadores oficiales intenten contar otra historia, la percepción y la realidad ciudadana siguen coincidiendo en el mismo punto: el temor y la falta de confianza.

El pueblo tiene la palabra

Desde 2007, cuando se calculó una tasa de más de medio millón de robos, asaltos y atracos, han pasado 18 años. ¿Ha disminuido esa cifra? ¿La gente lo siente así? ¿O solo el gobierno lo afirma?

Si la delincuencia estuviera realmente controlada, ¿por qué cada lunes el presidente y sus ministros tienen que acudir a la Policía Nacional a revisar el tema de seguridad?

En este contexto, la transparecia exige que el Ministerio de Interior y Policía publique la cifra total de robos, asaltos y atracos ocurridos en el año 2024, junto con su metodología. Solo así el país podrá hablar con datos reales y no con discursos.

Más allá de los pronunciamientos oficiales, la realidad cotidiana es evidente: falta de patrullaje, ausencia de autoridad, miedo e impunidad. El debate sobre quién tuvo más homicidios resulta estéril si no se asume una verdadera transparencia estadística, un patrullaje real y un respeto genuino a la ley.

El pueblo dominicano, que vive día a día la inseguridad ciudadana en sus barrios, sabrá juzgar quién tiene la razón y quién dice la verdad.