Sociedad Interamericana de Prensa advierte sobre retrocesos en libertad de prensa en RD
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la libertad de prensa en la República Dominicana ha atravesado un período de incertidumbre durante los últimos seis meses, marcado por obstáculos legales, fricciones institucionales y propuestas legislativas que podrían afectar el trabajo periodístico y el flujo de información en el país.
En su informe más reciente, la SIP destaca como un punto crítico el prolongado estancamiento en la reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde hace más de seis décadas. Aunque una comisión especial redactó un anteproyecto hace dos años, este aún no ha llegado al Congreso Nacional. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo sigue evaluando el documento, y la falta de avances, a pesar de las declaraciones del presidente Luis Abinader en marzo, «refleja una falta de voluntad política o diferencias internas sobre el contenido», según la organización.
El organismo también expresó su inquietud ante dos nuevas propuestas legislativas presentadas por los diputados Bolívar Valera y Amado Díaz, las cuales buscan establecer controles sobre medios digitales, creadores de contenido e influencers. Para la SIP, este tipo de iniciativas generan dudas sobre posibles restricciones a la libre expresión en el entorno digital.
Otra fuente de tensión fue la sugerencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, de revisar el marco legal sobre la difamación, tras acusaciones infundadas hacia periodistas por presuntos vínculos con agencias extranjeras. La SIP advirtió que este tipo de declaraciones «puede tener un efecto inhibidor sobre la prensa y debe manejarse con cautela para evitar criminalizar la opinión».
En el ámbito judicial, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) se opuso a una nueva política de la Suprema Corte de Justicia que, según denunció en noviembre, restringía el acceso a información judicial de interés público. El informe advierte que esta normativa otorgaba una “discrecionalidad excesiva” a los jueces para declarar confidenciales datos relevantes para la labor periodística. Actualmente, una comisión conjunta entre la SCJ y la SDD trabaja en un nuevo texto.
El documento también destaca como avance la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en diciembre de 2024 la polémica Ley 1-24, la cual otorgaba al Departamento Nacional de Inteligencia amplios poderes sin supervisión judicial. Esta legislación fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación.
No obstante, la SIP denunció que persiste el incumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Casos recientes, como la negativa de la Autoridad Portuaria a revelar contratos de arrendamiento o la falta de respuesta de EDEESTE ante solicitudes del Listín Diario, reflejan una «resistencia institucional a la transparencia».
Aunque reconoce ciertos avances, la SIP concluye que la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana sigue siendo frágil y exhorta al gobierno a respetar los principios constitucionales, garantizar el acceso a la información y evitar iniciativas que comprometan la independencia del periodismo.
RCC
