La Casa Blanca –la de Biden– celebró siempre este programa como un “modelo de control migratorio”, que redujo cruces ilegales en un 70% en su primer año. Pero Trump, fiel a su retórica de “America First”, lo calificó de “abuso generalizado” y una “puerta trasera para invasores”, por lo cual lo eliminó, prometiendo más deportaciones masivas.
El 24 de abril marca el fin de la línea. Quienes no hayan obtenido asilo, una green card o el Estatus de Protección Temporal (TPS) —este último también amenazado– perderán su estatus legal, según expresó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; por lo que deben salir del país antes de esa fecha o arriesgarse a quedarse en Estados Unidos de forma irregular.
Desde el Centro de Acción por la Justicia (JAC) organización sin fines de lucro dedicada a luchar por mayor justicia para las comunidades inmigrantes, la fundadora y directora Karen Tumlin declaró que «la administración está incumpliendo un compromiso que el gobierno federal asumió con los cientos de miles de patrocinadores y beneficiarios estadounidenses que hicieron todo lo que el gobierno les pidió para participar».
«Por imprudentes que sean, acciones como esta nos muestran lo que realmente está en juego con Trump: nuestras libertades individuales y el recorte de procesos legales de larga data sin tener en cuenta el daño que infligen a todos», reza el comunicado en su página oficial.
¿Qué alternativas quedan para estos más de 500 mil migrantes?
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha declarado que “el permiso humanitario es inherentemente temporal, y el permiso por sí solo no es una base subyacente para la obtención de cualquier estatus de inmigración”, añadiendo que deben marcharse del país antes de que expire.
Además, en su comunicado consideran que «las intervenciones políticas recientes han demostrado ser más eficaces que los programas del parole humanitario a la hora de abordar niveles muy elevados de inmigración irregular». Por lo cual, están preparando el camino para proceder a las deportaciones.
Los cubanos tienen una tabla de salvación en el Cuban Adjustment Act (Ley de Ajuste Cubano) tras permanecer un año y un día en Estados Unidos, pero su aplicación depende de recursos y tiempo, inversiones en asesoría legal, influencias y otras cuestiones burocráticas.
Además, según CBS News, desde febrero las autoridades migratorias de Estados Unidos. tienen prohibido procesar cualquier solicitud o beneficio para aquellos migrantes que entraron con programas de la administración Biden (parole humanitario, CBP One y otros) hasta que sea revisado y fiscalizado el proceso; por lo que los beneficios que otorga la Ley de Ajuste Cubano están también paralizados.
Venezolanos, haitianos y nicaragüenses buscarán acogerse al Status de Protección Temporal (TPS), aunque Trump ya intentó desmantelarlo en 2018 y su futuro es incierto. Tampoco hay seguridad de que tantos migrantes puedan aplicar para esta forma de permanencia legal.
El TPS es una protección a ciudadanos de determinados países afectados por “conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias”, con el cual, por ejemplo, han acogido en Estados Unidos a más de 200 mil ucranianos.
Sin un TPS reciente, los migrantes enfrentan un callejón sin salida. Abogados especializados en los temas migratorios advierten de una avalancha de deportaciones» que incluirá familias que han echado raíces en Estados Unidos, con hijos en escuelas y empleos estables, pero que ahora ven su «american dream» desmoronarse.
Dentro de la comunidad latina, se sabía que este tipo de decisiones llegarían a medida que avanzara el enfoque antinmigrante de la política interna y externa de Trump. Sin embargo, el candidato Trump recibió, contrario a lo proyectado, mucho apoyo de los latinos, especialmente de las comunidades cubana y venezolana, que son justamente de las más afectadas con esta última decisión. Será una «cucharada de su propia medicina», porque aunque quienes le votaron no se verán directamente afectados –dado que ya son ciudadanos– sí notarán las consecuencias de esta política para con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo.
Trump los usó como peones electorales, explotando su dolor para ganar votos, solo para abandonarlos al nativismo de su base. Según el Migration Policy Institute, estos migrantes generan 8.000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense, pero el magnate prefiere el aplauso de los xenófobos gringos que considera su «base dura», negando el aporte de los latinos.
Biden tampoco se salva. Esta es una situación generada por un mecanismo débil e intrascendente para cientos de miles de migrantes. La abogada de inmigración Nicolette Glazzer escribió en su red social X: «Me opuse a todas las llamadas vías legales de Biden desde el principio porque fueron diseñadas para ser un camino a ninguna parte, muchas personas que realmente creyeron que este era un camino legítimo ahora serán víctimas de burlas y mierdas políticas».
A este súmenle, el colapso que van a sufrir los tribunales migratorios luego del 25 de abril, lo cual volverá a crear diferencias entre quienes tienen dinero, abogados e influencias, y los que no. Típico de un sistema de desarrollo que justamente premia estas diferencias de oportunidades entre seres humanos.
El 24 de abril no será solo una fecha en el calendario; será un parteaguas de desamparo. Trump, con su pluma y su púlpito, ha firmado la sentencia de quienes creyeron en su América. Y lo hará apoyado en la poca garantía legal ofrecida por Biden.
Sin dudas, marcará otra vez la incoherencia del gobierno de Estados Unidos que por una parte tiene un secretario de Estado como Marco Rubio diciendo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son enemigos de la humanidad, y por otra tienes al Departamento de Seguridad Nacional diciendo que son países seguros para que los migrantes regresen cuanto antes: falsas retóricas sostenidas en función de intereses circunstanciales que incluyen la misma mirada de lejanía y desprecio con que nos ven, desde Washington, a América Latina.
