UE sanciona Apple y Meta
¿Defensa del usuario o ataque al libre mercado?, ¿Marca la UE el fin del dominio de Apple y Meta sobre el mercado digital?. La UE impone sanciones históricas a estas empresas. ¿Qué implica esto para América Latina?
Por: Pavel De Camps Vargas
La Unión Europea ha lanzado un potente mensaje al mundo digital: el poder económico no puede estar por encima de los derechos digitales. Apple ha sido multada con 500 millones de euros por obstaculizar a los desarrolladores que intentaban dirigir a los usuarios hacia ofertas más económicas fuera de su App Store. Meta, por su parte, recibió una sanción de 200 millones de euros por forzar a sus usuarios de Facebooke Instagram a elegir entre pagar una suscripción o ser objeto de publicidad dirigida. Ambas medidas fueron tomadas al amparo de la Ley de Mercados Digitales (DMA), en un intento de reequilibrar el poder digital en Europa.
Dualidad narrativa: ¿mismo hecho, distintos relatos?
Estás multas revelan una fuerte divergencia en la cobertura mediática según la orientación política. Mientras la izquierda mediática europea subrayó el compromiso de la UE con la privacidad, la competencia justa y el derecho de los ciudadanos a controlar sus datos. Los medios de derecha destacaron la severidad de las multas y las presentaron como ataques potencialmente perjudiciales hacia empresas estadounidenses, enfatizando las defensas de Apple y Meta, que alegan trato injusto y discriminatorio frente a sus competidores europeos o chinos. Además la cobertura de medios más alineados con la derecha cargó contra lo que denominan una “ofensiva hostil contra empresas estadounidenses”, advirtiendo sobre el impacto económico y sobre un trato supuestamente desigual frente a gigantes tecnológicos chinos o europeos. Ambas narrativas citaron a la vicepresidenta ejecutiva de la comisión Henna Virkkunen, pero lo hicieron con tonos distintos: para unos, fue un llamado a la justicia digital; para otros, un sesgo regulador que erosiona el libre mercado. La ejecutiva de la comisión, afirmó contundentemente que estas acciones tienen como fin devolverle el poder de decisión a los usuarios sobre sus datos y promover mercados digitales más equitativos.
Y América Latina qué?
Para América Latina, esta situación pone sobre la mesa una realidad urgente: ¿Están preparadas las legislaciones latinoamericanas para proteger a los consumidores y competir en igualdad frente al poderío de estas gigantes tecnológicas? La aplicación de leyes similares a la DMA podría desencadenar una transformación significativa en la región, potenciando la soberanía digital y fortaleciendo la competencia local.
Por supuesto, este precedente tiene un eco que llega hasta América Latina, donde la regulación digital sigue siendo débil, dispersa o inexistente. La región, ampliamente dependiente de las grandes plataformas tecnológicas, enfrenta una encrucijada: o continúa como simple consumidor de políticas digitales extranjeras, o comienza a construir marcos normativos propios que protejan a los ciudadanos y fomenten una competencia justa. ¿Puede Latinoamérica permitirse seguir siendo espectador pasivo mientras se reescriben las reglas del juego global?
Lo que está en juego no son solo multas multimillonarias, sino el modelo digital del futuro. ¿Quién define las reglas del ecosistema digital global: las corporaciones tecnológicas o los gobiernos democráticos? ¿Estamos ante el despertar regulador de Europa o el inicio de una nueva guerra fría tecnológica con Silicon Valley?
¿Puede haber una ley conjunta en la región?
La idea de una legislación latinoamericana conjunta al estilo europeo no es solo deseable, sino necesaria. Organismos como la CELAC, el MERCOSUR o el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) ya han comenzado a discutir marcos regulatorios comunes que incluyan derechos digitales, protección de datos, transparencia de plataformas y competencia en mercados digitales. Aunque los desafíos son enormes —diferencias legales, ausencia de un ente supranacional vinculante, y voluntades políticas dispares—, el potencial de un «DMA latinoamericano» permitiría a la región negociar colectivamente frente a las Big Tech y garantizar derechos digitales uniformes a 600 millones de ciudadanos.
¿Y la República Dominicana?
En el caso de la República Dominicana, urge una modernización legal. La actual Ley 172-13, limitada y centrada en datos crediticios, ya no responde a las amenazas actuales. El país necesita una legislación de protección de datos sólida, con una autoridad independiente, alineada con los estándares europeos (como el GDPR). Además, la Ley de Competencia 42-08, que ignora por completo los mercados digitales, debe reformarse para contemplar el poder de las plataformas tecnológicas y permitir una fiscalización efectiva. República Dominicana también debe regular las plataformas globales en cuanto a su operación local, contenido, comercio digital y transparencia. La oportunidad está sobre la mesa: legislar o someterse.
La gran enseñanza que nos dejan estas dos multas, no solo reflejan un claro mensaje hacia las grandes tecnológicas, sino también un desafío a los países latinoamericanos: ¿continuarán permitiendo el dominio sin límites de estas corporaciones o aprovecharán esta oportunidad para redefinir su futuro digital?
La era del dominio absoluto ha terminado; el control vuelve a las manos de los usuarios. ¿Estás listo para tomarlo?
Si no decides tú sobre tus datos, lo hará quien más te los pueda vender.
