Un paso hacia la justicia en Colombia
Por Andrés Silva
La historia judicial de Colombia dio un giro importante esta semana con el fallo de la jueza penal 44 del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el delito de soborno a testigos en el emblemático caso de Juan Guillermo Monsalve.
Este procesamiento representa, sin dudas, un paso significativo en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en un país donde, durante décadas, la impunidad ha sido una constante para las élites del poder.
El caso que llevó a Uribe al banquillo de los acusados no es menor, se trata de un entramado de presiones ilegales, manipulaciones y pagos ocultos a testigos encarcelados para torcer la verdad sobre los supuestos vínculos del expresidente con el paramilitarismo. El testimonio clave de Juan Guillermo Monsalve, quien vinculaba a Uribe y a su hermano Santiago con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pretendía ser silenciado.
El objetivo, borrar de la narrativa judicial los lazos estructurales entre la política tradicional colombiana y el paramilitarismo.
La decisión de la jueza Heredia envía un mensaje contundente, nadie está por encima de la ley. Sin embargo, es apenas una grieta en el muro de impunidad que ha protegido durante décadas a los responsables de crímenes de Estado. Porque si bien el procesamiento por soborno es importante, la verdadera justicia, la que buscan las madres, los campesinos, los desplazados y las víctimas de la violencia paramilitar, sólo llegará cuando Álvaro Uribe Vélez y su entorno más cercano respondan por las atrocidades mayores que marcaron su gestión presidencial y su proyecto político.
Nos referimos, claro está, a los falsos positivos, el asesinato sistemático de más de 6.000 jóvenes inocentes presentados como guerrilleros muertos en combate para engrosar las estadísticas del “éxito” militar, bajo el eufemismo de «bajas», miles de vidas fueron segadas, especialmente durante su segundo mandato presidencial, en una política que premiaba con ascensos y beneficios económicos los cuerpos presentados por el Ejército Nacional.
Hasta ahora, los altos mandos militares y algunos responsables intermedios han enfrentado procesos, pero el diseño institucional de esta barbarie sigue en la sombra. Y el responsable político principal de esa política de exterminio aún no ha sido juzgado.
Tampoco ha sido procesado Uribe, ni su hermano Santiago Uribe por su presunta participación en la creación de estructuras paramilitares en Antioquia durante los años 90. Numerosos testimonios, investigaciones periodísticas y documentos judiciales señalan que desde la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, se habría gestado parte de la estructura fundacional del Bloque Metro.
La sombra del “Clan Uribe” sobre la expansión paramilitar en el país es un secreto a voces que ha sido bloqueado sistemáticamente por el poder político, mediático y judicial.
Este fallo judicial, entonces, es un avance, pero aún estamos lejos de la justicia integral que requiere Colombiapara cerrar sus heridas históricas. La sentencia de la jueza Heredia demuestra que el sistema judicial puede actuar incluso frente a los poderosos, pero también evidencia que sigue habiendo límites cuando se trata de los crímenes más graves.
Colombia no necesita venganza, necesita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y eso sólo será posible si se toca el corazón de la impunidad estructural, si los crímenes de Estado, el paramilitarismo y las alianzas criminales entre sectores del poder político y armado son juzgados con toda la verdad.
Este fallo puede ser el principio del fin de esa impunidad. Ojalá no se quede ahí, porque sólo cuando Álvaro Uribe Vélez y su hermano respondan también por los falsos positivos y la creación de grupos paramilitares, podremos hablar de una Colombia que empieza a saldar su deuda con las víctimas y con la historia.
