Una amenaza para la seguridad nacional
Por Rafael Guillermo Guzmán Fermín
La reciente incautación de un importante alijo de armas y municiones ilegales en el puerto de Haina, con destino a Haití, ha vuelto a sonar las alarmas sobre el rol de la República Dominicana en el tráfico internacional ilícito de armamentos en la región. El incremento de confiscaciones de armamentos ilegales cada año confirma cómo el país se ha convertido en una ruta de trasiego de estas, con graves consecuencias para la seguridad nacional y la estabilidad regional.
Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), desde agosto de 2020 hasta la fecha, se han incautado aproximadamente 4.45 millones de unidades de municiones y 529 armas de distintos calibres. En los primeros meses del año 2024, en diversos puertos y aeropuertos del país se habían incautado 543,739 unidades de municiones de armas de fuego de diferentes calibres en diversos puertos y aeropuertos del país.
En diciembre pasado, un coronel y nueve oficiales de la Policía Nacional fueron arrestados por sustraer armas y municiones del arsenal policial para venderlas ilegalmente en Haití. Aunque esta traición a la Patria está judicializada, se estima que en este esquema ilegal se vendieron más de 900,000 proyectiles.
Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), desde agosto de 2020 hasta la fecha, se han incautado aproximadamente 4.45 millones de unidades de municiones y 529 armas de distintos calibres. En los primeros meses del año 2024, en diversos puertos y aeropuertos del país se habían incautado 543,739 unidades de municiones de armas de fuego de diferentes calibres en diversos puertos y aeropuertos del país.
En diciembre pasado, un coronel y nueve oficiales de la Policía Nacional fueron arrestados por sustraer armas y municiones del arsenal policial para venderlas ilegalmente en Haití. Aunque esta traición a la Patria está judicializada, se estima que en este esquema ilegal se vendieron más de 900,000 proyectiles.
En tal sentido, los informes indican que la mayoría de estas armas provienen de Estados Unidos y son introducidas al país a través de puertos dominicanos en contenedores que van en tránsito hacia Haití. Situación que ha llevado a organismos internacionales, como la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, a señalar al país como una “ruta clave” en el trasiego ilegal de armas en el Caribe.
Impacto en la seguridad nacional
El uso de nuestro territorio como trampolín para el trasiego de armas formula graves desafíos para la seguridad nacional. Aunque el destino final de estas armas sea Haití, existe una alta probabilidad de que parte de este arsenal termine en manos del mercado negro local, lo que podría fortalecer redes del crimen organizado y aumentar los niveles de violencia en el país.
Además, para que esta actividad ilícita prospere, es probable que exista complicidad de actores internos -autoridades gubernamentales y del sector privado- lo que nos lleva a advertir cierta corrupción dentro de los organismos encargados de la seguridad y el control aduanero representando un obstáculo significativo en la lucha contra este flagelo, aunque es justo reconocer que, por instrucciones del director general de Aduanas, Lic. Eduardo Sanz Lovatón, últimamente han dado duros golpes a este tipo de actividad ilícita.
A nivel diplomático, la imagen del país podría verse afectada si no se toman medidas contundentes, debido a la posibilidad de que la presión internacional para contener este tráfico ilegal podría derivar en restricciones comerciales u otros tipos de sanciones que impacten negativamente en la economía nacional.
Consecuencias para Haití y la región del Caribe
El tráfico de armas es un factor clave en la crisis de seguridad que enfrenta Haití, más aún cuando en los últimos años, las bandas armadas han ganado poder y control territorial en diversas zonas de ese país, desafiando sus autoridades y provocando un clima de inestabilidad y violencia extrema.
Escenario, que ha generado un agravamiento de la “migración forzada” de ciudadanos haitianos hacia nuestro territorio, que ha tensado las relaciones entre ambas naciones. Si el flujo de armas ilegales continúa fortaleciendo a estos grupos criminales, la crisis migratoria continuará agravándose, ocasionando mayores conflictos humanitarios y de seguridad en la región.
En este contexto, es necesario fortalecer la seguridad en los puertos y la frontera con Haití, así como ampliar la cooperación con Estados Unidos y otros organismos internacionales a fin de monitorear el origen, trazabilidad y destino de las armas incautadas. Así como intensificar la lucha contra la corrupción dentro de los organismos de seguridad del Estado y aduanas, para quienes faciliten estas operaciones ilegales sean traducidos a la acción de la justicia.
En definitiva, el tráfico de armas ilegales no solo representa una amenaza directa para la estabilidad de Haití, sino que también pone en riesgo la seguridad y el desarrollo de la República Dominicana. Si no se adoptan acciones más contundentes y coordinadas entre ambas naciones, bajo una estrategia integral, el país podría enfrentar un aumento en la criminalidad, la presión diplomática internacional y una crisis migratoria aún más severa que puede afectar a toda la región del Caribe.
