Una modificación de la Ley de Hidrocarburos justa y progresista
Por Edmundo Ledesma. Desde que el presidente Luis Abinader tomó la sabia decisión de solicitar al Congreso Nacional aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de todos los sectores para “buscar un mecanismo” para el manejo de la “termoeléctrica”, a pasado a ser la principal preocupación del país y del gobierno el aumento inusitado del índice de precio al consumidor.
Una inflación que es provocada por diversos factores exógenos, entre ellos el incremento del precio del barril del Petróleo, es más preocupante debido al impacto transversal que tiene sobre toda la matriz productiva del país, más si tomamos en consideración que el valor del crudo sobrepasó los 90 dólares y que en las últimas proyecciones los expertos estiman que podría llegar a los 120 dólares el precio del barril.
El gobierno ha estado haciendo esfuerzos financieros extraordinarios para no cargar más a la población. En esta semana el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) dejó intactos los precios de todos los combustibles y asumió aproximadamente RD$600 millones de pesos para amortiguar alzas del barril de petróleo en el mercado internacional.
Tratando de atenuar el impacto negativo ineludible que tiene el aumento de los precios de los combustibles sobre la canasta familiar, el costo de producción de las empresas y sobre las finanzas públicas el presidente Luis Abinader adelantó que llevará al Congreso el próximo 27 de febrero el proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos, cuyo objetivo será cambiar el esquema del pago de impuestos a los combustibles.
Es en esta propuesta del mandatario donde surge la incógnita, el gran dilema del gobierno.
Y es que pese al gran trabajo que han realizado las agencias recaudadoras (Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos), y los esfuerzos que ha hecho la actual administración para crear ahorros, todavía las recaudaciones continúan siendo exiguas, lo que obliga al gobierno a operar con un déficit estructural de al menos en 3% del PIB cada año.
Una modificación de la Ley de Hidrocarburos podría implicar una baja de los ingresos del gobierno, que se traduce en un acrecentamiento del déficit fiscal, lo que conlleva a su vez, a un incremento de la deuda externa.
Un dato digno de tomar en cuenta si tomamos en consideración que el servicio de la deuda contempla una asignación de $1,430.6 millones. Esto representa un 18% del presupuesto del 2022.
Sin embargo, sería interesante revisar el margen de beneficio en la cadena de distribución.
Obviando el enfrentamiento político que mantiene con el gobierno el expresidente del Senado Ramón Alburquerque, parece interesante su propuesta cuando indica, “Opinamos que el Gobierno RD no tiene recursos para subsidiar combustibles. Lo correcto es establecer un impuesto único fijo a cada combustible sin perjudicar ingresos fiscales y reducir los márgenes de comercialización en 40% porque son excesivos. ¡No vemos otra salida!”.
La propia ley establece unos subsidios millonarios, quizás injustificados, que benefician algunos sectores económicos nacionales e internacionales que deberían ser revisados.
Por años el dirigente gremial Juan Hubieres ha denunciado una supuesta mafia en el negocio de los combustibles que merece la atención de Industria y Comercio.
Saludamos el anuncio del gobierno de que iniciará el desmonte gradual de las exenciones fiscales en combustibles que reciben las empresas generadoras de electricidad establecidas en sistemas aislados o para consumos propios no interconectados hasta la eliminación completa de ese privilegio.
Y es que por las exenciones al impuesto selectivo al consumo (ISC) a los hidrocarburos se dejarán de percibir en este año RD$18,626.6 millones, equivalentes a un 6.5 % del total del sacrificio fiscal para 2022, que ascendería a RD$285,688.7 millones, según establece el presupuesto.
Importante esta decisión ya que el Ministerio de Industria y Comercio destinó el año pasado al subsidio de los combustibles más de RD$13 mil millones; por tanto el desmonte este gasto tributario implicaría ahorros importantes al gobierno.
En consecuencia, consideramos que una modificación de la Ley de Hidrocarburos que ataque las variables mencionadas junto a las iniciativas anunciadas por el gobierno contribuirá a darle sostenibilidad a las finanzas del Estado, a disminuir el costo de producción de las Empresas y aumentar el poder de compra de las familia.
Pero, sobre todo, es la manera más justa y progresista de atacar el problema.
