¿Una «solución innovadora» ilegal? Los centros de deportación en Albania de Meloni seducen a la UE

Yarisley Urrutia

Bruselas estudia la posibilidad de abrir centros de deportación de inmigrantes en terceros países, una medida sin amparo legal de la UE y que la justicia italiana rechaza. España se opone y defiende la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Las organizaciones humanitarias hablan de «Guantánamos italianos» y de «racismo institucional».

Durante la cumbre de la Unión Europea en Bruselas celebrada los días 17 y 18 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, elevó a debate la fórmula desplegada en Albania por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de derivar a inmigrantes irregulares a centros externalizados en terceros países mientras se revisan sus expedientes y, llegado el caso, luego deportarlos.

Con esta fórmula, el Gobierno italiano, que además se jacta de haber reducido la inmigración más de un 60% en los primeros nueve meses de 2024, busca desviar a Albania hasta un 40% del flujo migratorio que llega a Italia por el mar Mediterráneo y así acelerar las deportaciones de inmigrantes no vulnerables sin necesidad de pisar territorio transalpino. El campo de internamiento en la localidad albanesa de Gjadër quedó inaugurado en la víspera de la cumbre con la llegada de las primeras 16 personas.

«Nos hemos convertido en un modelo a seguir y estoy orgullosa de ello», declaró Giorgia Meloni al respecto en sede parlamentaria.

Este modelo de externalización migratoria suscita dudas en organizaciónes no gubernamentales (ONGs) y especialistas en derecho comunitario. De hecho, la justicia italiana, según dictamen del Tribunal de Roma del 18 de octubre, falló no avalar el traslado de los primeros migrantes a los centros de Albania y ordenó repatriar a Italia a los allí desplazados aun cuando su solicitud de asilo estuviera denegada.

Hay países, como España, que rechazan su aprobación a nivel europeo y, por contra, insisten en aplicar por completo el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado en Bruselas en 2023 durante la presidencia semestral española de la UE. «España no respaldará medidas desproporcionadas», declaró Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno español, que defiende la vertiente «humana y solidaria» que implica la aplicación del pacto.

Pese a estar negociado y aprobado, las organizaciones humanitarias temen que su aplicación se demore «más de lo debido». Así lo cree Patricia Colón, presidenta de SOS Refugees Athens, que en conversación con Sputnik recuerda que «los debates para su implementación estarán en manos de la presidencia del Consejo Europeo, que recae hasta final de año en Hungría y después en Dinamarca».

«Y estos dos países no están muy interesados en impulsar el pacto», lamenta Colón, con amplia experiencia de trabajo humanitario con migrantes que atraviesan el Mediterráneo y llegan a Grecia.

 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que la cuestión debe abordarse «pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones». Y defendió el Pacto en tanto que herramienta «valiosa» para garantizar el futuro de España y otros países.

«Debemos gestionar los flujos migratorios desde la perspectiva del reto demográfico, cómo responder al invierno demográfico que sufre Europa. Seamos claros: nuestra competitividad, presente y futura, depende de la migración», afirmó Sánchez en Bruselas.

El balance de la cumbre fue la exhortacióna la Comisión Europea a presentar «con carácter de urgencia», una nueva propuesta legislativa.

«El Consejo Europeo pide una actuación decidida en todos los niveles para facilitar, aumentar y acelerar los retornos desde la Unión Europea, recurriendo para ello a todas las políticas, instrumentos y herramientas pertinentes de la UE, en particular la diplomacia y las políticas en materia de desarrollo, comercio y visados», reza en el documento de Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo al término de la cumbre.

Fallas de un modelo ¿nuevo?

Pese a que Meloni busca con este sistema agilizar las devoluciones, horas después de desembarcar el 16 de octubre en Albania los primeros 16 migrantes con destino al campo de internamiento, cuatro de ellos fueron trasladados de vuelta a Italia. Resultó que dos eran menores de edad y los otros dos estaban en situación calificada como «vulnerable», dada su procedencia de países «no seguros».

El acuerdo suscrito con Albania contempla la llegada exclusivamente de personas adultas y provenientes de países «seguros», un concepto elástico.Y en aras de acelerar los procesos, la rápida selección protocolaria efectuada en suelo italiano terminó fallando. Exactamente como venían denunciando las ONG, juristas y activistas en Italia.

La decisión de la justicia italiana de no permitir la estancia en el centro se basa precisamente en la imposibilidad de reconocer como «países seguros» los Estados de los que los detenidos son originarios: Egipto y Bangladés. Una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la UE había dictaminado recientemente que un país solo puede considerarse seguro si lo es en todo su territorio.

Por otro lado, el abultado coste llevar a migrantes al centro de internamiento parece no justificar la medida. Al gasto de trasladarlos en un buque de la Marina italiana, hay que añadir su manutención en el campo. Es un precio nueve veces más caro que el de su acogida en Italia, según cálculos de Matteo Villa, investigador del Instituto para Estudios de Política Internacional (ISPI).

«Pagaremos NUEVE veces lo que pagamos por la acogida en Italia, para obtener un efecto disuasorio del 2%, es decir, cero», escribe Villa en su cuenta oficial de la red X.

 

Según sus cálculos, dado que la capacidad del centro en Albania es fija, la probabilidad de que un migrante sea trasladado allí es solo del 15%. El resto (85%) aterriza en Italia. «Para un migrante que parte con los centros de Albania funcionando perfectamente, la probabilidad de llegar a Italia antes o después sigue siendo del 98%», asegura este analista italiano, que cifra en 130 millones de euros al año el coste de alojar a 1.200 personas en Albania (297 euros por persona diarios).

«Se mire como se mire, la idea de abrir un centro en Albania no solo no formará parte de la solución, sino que se convertirá en parte del problema», concluye Matteo Villa.

 

En España, la gestión directa de las ONG en los centros de acogida, en cierto modo, previene al Gobierno de tomar decisiones drásticas. «España es el único país que tiene cedidas las competencias a las ONG para dirigirlos y administrarlos, en todos los demás países de la UE los gestiona el Estado», subraya Patricia Colón, que nombra a Cruz Roja, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), Accem y otros.

«Hacen presión para que no se lleven a las personas a centros cerrados como el que ha abierto Meloni. En mi humilde opinión, el sistema español de acogida es el mejor, al menos el más cercano», sostiene Colón, que subraya la dependencia «absoluta» del Gobierno español de estas organizaciones para la acogida de inmigrantes, si bien los CAR (centros de acogida a refugiados) y los CIE (centros de internamiento para extranjeros) dependen del Estado.

La vertiente externalizadora también comprende el intento «de mercantilizar a las personas para que los flujos migratorios se adapten a la necesidad de mano de obra en la UE», explica a Sputnik el sociólogo Daniel Seixo, para quien el problema subyacente es que «Europa ya no obtiene rentabilidad en el trabajo para competir con otras regiones».

«De ahí su pretensión por controlar el flujo migratorio y tener suficiente mano de obra para seguir siendo competitiva aun a costa de incrementar la precariedad», sostiene.

«Creo que provocar guerras, sequías, explotación en África y luego levantar fronteras en Europa no funciona», declaró Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, a los medios allí destacados. Rufián calificó de «burrada» el modelo de Meloni. «La solución no es encerrarles y hacer ver como que no existen, poniéndolos en centros de internamiento cada vez más lejos».

«La sociedad europea tendría que defender el derecho de estas personas a vivir en sus propios países, a desarrollar sus proyectos vitales en los mismos. Es decir, que cese la injerencia occidental, que se les permita vivir de sus propios recursos y que tengan soberanía sobre ellos, concluye Daniel Seixo.

La influencia de Meloni: de espectro amplio

El contexto viene suscitado por una carta que dirigió Ursula von der Leyen a los 27 líderes europeos en la que proponía hallar un enfoque común aceptable para agilizarlas deportaciones de migrantes, por lo que pide estudiar «la idea de establecer centros de retorno fuera de la UE».

En este punto, los centros de retención y repatriación para inmigrantes irregulares situados en países no miembros de la UE, semejantes al construido por Meloni en Albania, se presentan como un ejemplo de «soluciones innovadoras», en palabras de la presidenta de la CE. Y del acuerdo entre Italia y Albania que lo ha auspiciado, cabe extraer «enseñanzas».

En realidad, la carta se hace eco de otra misiva, suscrita por 15 países miembros (entre los que, aparte de Italia, también figuran Francia y Alemania), y que contiene el mismo ruego. Para atenderlo, es necesario reformar antes la directiva europea de retorno de migrantes, pues de otro modo los derechos de los solicitantes de asilo quedan conculcados. Tal reforma la podría abordar específicamente una comisaria nombrada ad hoc por Von der Leyen.

Todo este ambiente previo se escenificó horas antes del inicio de la cumbre de los 27 estados miembros con la celebración de una minicumbre informal auspiciada por Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen. ¿Un signo de que las posiciones más duras en el seno de la UE empiezan a imponer su discurso?

El caso es que, además de Meloni, a la reunión informal asistieron los líderes de Dinamarca, Países Bajos, Austria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia, los miembros «más interesados en la cuestión de la migración y, en particular, en el asunto de las soluciones innovadoras», según informa la propia Presidencia del Consejo de Ministros de Italia.

En total, el apoyo a la externalización de estos centros en terceros países lo suscriben ya 17 países de la UE, pues a los ya citados cabe añadir Bulgaria, Estonia, Grecia o Finlandia, aparte del interés de otros, como Francia y Alemania.

«Meloni guía a Von der Leyen en la política migratoria con sus ‘Guantánamos italianos'», asegura Patricia Colón. A su juicio, la idea es «camuflar la medida en una pretendida aproximación humanitaria a la migración para evitar que las personas se lancen al mar», el argumento «de la derecha».

El espectro ideológico de todos estos gobiernos abarca desde la derecha hasta la socialdemocracia. Por ejemplo, la cuestión sitúa a socialistas y verdes a uno y otro lado de la propuesta, según qué países. Y en naciones como España, se da el caso contradictorio de que el opositor Partido Popular evita respaldar la propuesta, aun cuando el Partido Popular Europeo la avala.

No obstante, su líder, Alberto Núñez Feijóo, calificó de «irresponsable» la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la actual crisis migratoria por «no tener una política coordinada» con la UE y «no utilizar todos recursos que pone a su disposición Frontex».

La externalización no es nueva

El modelo desplegado por Meloni en Albania no es exactamente nuevo. Desde 2016, a raíz del flujo de refugiados que provocó el punto álgido de la guerra civil en Siria, la UE, por ejemplo, financió a Turquía con más de 11.500 millones de euros para construir una amplia red de centros de internamiento y deportación de migrantes cuya entrada en suelo europeo buscó evitar.

Con su capacidad sobrepasada (apenas para 20.000 personas, pero la afluencia mensual es de otros tantos), el hacinamiento, la insalubridad y la conculcación de derechos son las características principales de este tipo de centros, adonde la UE comenzó en 2016 a derivar migrantes.

«Si bien se profundiza ahora en una derechización de la política migratoria, hay que recordar que la UE ya tiene acuerdos bilaterales con Turquía, Marruecos e incluso Libia, donde no se respetan los derechos humanos y muchos de los emigrantes son internados en campos de concentración, donde posteriormente incluso se trafica con las personas, bien sea para derivarlos a redes de explotación laboral, como esclavos, o en el caso de las mujeres, al tráfico sexual», explica Seixo al respecto.

España también financia a Marruecos el control externalizado de las fronteras, para el que también le entrega material disuasorio (vehículos de vigilancia y equipos de disuasión policial). Y como en el caso de la UE con Turquía y Libia, también con independencia del celo por la observación de los derechos humanos.

«Aunque aparente oponerse a este tipo de acuerdos, hay que recordar el trato bilateral de España con Marruecos al respecto. Mientras Rabat controle las fronteras, España seguirá enviando remesas económicas y suscribiendo acuerdos que en última instancia dejan tirado al Sahara Occidental. Y cabe recordar episodios como el de la playa del Tarajal, donde varios inmigrantes fueron tiroteados mientras intentaban acceder a nado a Ceuta», afirma Seixo.

El sentido de derivar inmigrantes a terceros países entraña también un agravio comparativo según qué nacionalidades. Así lo cree Patricia Colón, que cree que un «tremendo racismo institucional» distingue en realidad a la política migratoria española y europea.

«Porque en contraposición al resto de refugiados de cualquier parte del mundo, 45.000 refugiados ucranianos fueron acogidos de inmediato en España [en la primavera de 2022] y reciben 400 euros al mes», recuerda.

En contraste, los refugiados de otras nacionalidades «necesitan de media un año de espera para obtener una cita para atender sus solicitudes de asilo, citas que se venden y compran». «Y los niños ucranianos fueron escolarizados según llegaron, mientras que en otros casos se tarda un año».

Pero aun con todas sus contradicciones, el sistema español de acogida gestionado por las ONG brinda mejores servicios, asegura Colón. «En ese sentido, es más humano. Hay mejores espacios, atención médica, psicólogos y abogados a su disposición», concluye.