¿Y entonces?
Por César Pérez
Diversos sectores empresariales claves en el sistema productivo nacional claman por una solución del tema migratorio que tenga como punto de partida la regularización de la imprescindible mano de obra de origen haitiano, al igual que diversos sectores de la sociedad civil, de la política y de legaciones internacionales radicadas en el país que contribuyen financieramente al desarrollo nacional también se manifiestan en ese mismo sentido. En ese tenor el Gobierno llama a los principales partidos a una discusión sobre el tema con la participación de otros actores e instancias de sociedad civil, al tiempo de su vocero reiterar que la política migratoria oficial no contempla ningún plan de regularización.
El Gobierno tiene que enfrentar esta cuestión con realismo, zafándose de las amarras de los extremismos y de los extremistas, para que la pendiente hacia el vaciamiento de los elementos constitutivos de lo que en la Constitución se define como Estado social y de derecho no siga el curso que por momentos ha seguido. En ese sentido, debe entender que “reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera (que se dice está sellada) y hacer cumplir la ley (cumplir su propia ley… aplicando las 15 medidas…” no es política migratoria alguna, que hay leyes que sí se configuran esa esa política, y que algunas cuestiones puntuales que se derivan de la no claridad de esa política sean abordadas.
En esa perspectiva, debe establecerse claramente en cuáles sectores podría prescindirse de la mano de obra inmigrante y en cuales sí, estableciendo cuántos sería el número necesarios, pero sabiendo que la experiencia indica que hay sectores en que esa mano de obra es imprescindible porque definitivamente no existe ni existirá en el país otra que pueda hacer esa labor.
La realidad de ser un país emisor de migrantes, cosa que por momentos no se detendrá, entre otros factores, lo determinan. Esa necesidad implica regularización. No obstante, regularizar la migración no significa simplemente dar cuotas de trabajadores debidamente identificados a los sectores productivos que lo demanden. Si son trabajadores que aportan riqueza al país adquieren derechos no sólo laborales sino sociales, progresivos y que constitucionalmente reconocidos en todos los países. Es la lógica del mundo actual.
A lo largo de la historia, el motor de la economía son las migraciones internas y las inmigraciones. No hay que ir a la escuela para saber esta cuestión. ¿Qué este fenómeno debe ser rigurosamente regulado? No se discute, pero que grupúsculos de reconocida insignificancia política le impongan su ideología (falsa conciencia) a quien tiene como primer mandato debe proteger y potenciar la actividad productiva, el Gobierno, es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene en el diálogo convocado para este jueves próximo una óptima oportunidad para dar cumplimiento a ese mandato.
Igualmente, la sociedad civil tiene en ese encuentro una propicia ocasión para impulsar su justa demanda de la regularización y el pleno respeto a los derechos de la población de origen haitiano. El evento del jueves próximo es crucial para el normal discurrir de la economía, para el futuro de este Gobierno, de su partido y de la sociedad.
