¿Internet en riesgo en Ecuador? Polémica tras medida del Gobierno contra empresa Telconet

El Gobierno de Ecuador está inmerso en una nueva polémica, luego de que el pasado lunes la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) aprobó una resolución en la que declara unilateralmente la extinción del título habilitante para la operación del cable submarino de internet a la empresa Cable Andino S.A. Corpandino.

La empresa tiene como accionista mayoritario y es proveedora de Telconet, firma dirigida por Tomislav Topic, padre de Jan Topic, a quien recientemente el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le negó la candidatura presidencial para los próximos comicios en Ecuador.

Telconet, además, es importante en el mercado de Ecuador. La empresa, a través de Cable Andino S.A. presta el servicio de cable submarino a firmas proveedoras de internet como Megadatos (Netlife), Xtrim, entre otras, reseña El Comercio.

Arcotel señaló que la extinción de título habilitante, otorgado el 30 de junio de 2015, se debió a «irregularidades detectadas en su adjudicación». Entre ellas mencionó «la ausencia de la garantía de fiel cumplimiento, seguro para todo riesgo, la ausencia de una viabilidad financiera para el inicio de su operación y la existencia de un examen especial con conclusiones por parte de la Contraloría General del Estado».

Telconet calificó de «ilegítima» e «ilegal» la resolución de Arcotel que, agrega, se dio sin permitirles ejercer el derecho a la defensa.

«Esta resolución pone en riesgo el servicio de gran parte del Internet del Ecuador al pedir que este servicio sea eventualmente administrado por el Estado, quien ninguna experiencia tiene en la operación de cables submarinos modernos», enfatizó la empresa.

Asimismo, mencionó que esta actuación tiene «una clara connotación política» y anunció que ejercerá todas las acciones que el ordenamiento jurídico ecuatoriano les permita para proteger el derecho de sus clientes a tener «uno de los mejores servicios de internet de la región».

En otro comunicado, la firma respondió sobre las presuntas irregularidades citadas por la Arcotel. Al respecto señaló que la garantía de fiel cumplimiento «no podía emitirse por no estar reglamentada en el año 2015, fecha de otorgamiento del título». Explica que el reglamento se emitió en 2016 y desde 2017 Cable Andino ha cumplido.

Asimismo, indicó que el seguro todo riesgo se entregó y Arcotel devolvió indicando que no era necesaria para este tipo de servicios, según normativa; también que se presentó y fue aceptada la viabilidad financiera por el ente público, la misma que no era vinculante para el proyecto y era solo una proyección, es decir un estimado; y que se declaró la caducidad de todo lo actuado por la Contraloría General del Estado, Informe y Resolución. «Hay sentencia ejecutoriada y finalmente, todos estos sucesos pasaron hace más de 9 años, durante más de tres gobiernos«, detalló.

La Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI) expresó su preocupación por la medida gubernamental.

Solicitamos que cualquier actuación se realice en estricto cumplimiento del principio de seguridad jurídica, esencial para la estabilidad y desarrollo del sector de telecomunicaciones en Ecuador. Desde AEPROVI instamos a las autoridades competentes a asegurar el debido proceso y el respeto al derecho a la defensa», dice su comunicado.

Continuidad del servicio

Ante el revuelo causado, Arcotel emitió un nuevo comunicado en el que aclara que está garantizada la continuidad de los servicios de internet fijo a los usuarios en el país.

Señala que su resolución «no interrumpirá la prestación del servicio», puesto que según la Constitución y otras leyes, la empresa afectada «está obligada», como delegada del Estado ecuatoriano, a continuar brindando internet «hasta que se realice la reversión de bienes que correspondan».

Asimismo, advierte que el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que «la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años».
RT