Leyendo el año político que termina
César Pérez
A nivel mundial se presagia inestabilidad, exacerbación de conflictos, de violencias, fracturas y desigualdades sociales y territoriales. Eso nos plantea el dilema si enfrentarlo en consonancia con las tendencias conservadoras presentes en la sociedad dominicana, en el mismo gobierno y en el mundo, o retornando definitivamente la tradición de lucha democrática.
Al inicio del presente año esta nueva administración fue revalidada con tres resonantes triunfos electorales. Con ellos la población validaba una gestión presidencial que se inició en medio de la pandemia del Covid-19, manejada exitosamente y conjugada con una auspiciosa lucha contra las estructuras mafiosa construidas en los gobiernos del PLD. Al final del mandato, el balance fue globalmente positivo. Los primeros tres meses de esta nueva administración han discurrido en el contexto del desgaste que generalmente sufren los gobiernos, con errores en la toma de ciertas medidas/iniciativas y un limitado proyecto de reformas cuestionado o fallido, fundamentalmente. Esta circunstancia la agrava la reciente renuncia del ministro de Economía y de otros funcionarios.
En verdead, todo el discurrir de este año que termina ha sido sumamente complicado para el gobierno y su presidente. Fue un año electoral para un presidente que buscaba su reelección. Por consiguiente, sus tareas de ejecutivo, su tiempo, debía dividirlas con la de candidato que eran muchas y complejas, además de tener que lidiar con los intereses particulares de muchos candidatos de su partido. Debía pues, concluir un mandato pensando en el siguiente. Todo eso en medio del agravamiento de la crisis haitiana y por tanto, del tema migratorio, de las interminables discusiones sobre el Código Penal, básicamente en lo relativo a las tres causales. Por razones diversas, en esos temas lo aguijonaban la derecha ultraconservadora y un vasto sector progresista.
Igualmente, ha sido el año de la fuerte y a veces irracional polémica en torno a la construcción del canal en el territorio haitiano para tomar agua del transfronterizo río Masacre, factor determinante del temporal cierre de la frontera costosoo económicamente para pequeños y grandes productores/empresarios y a miles de trabajadores, además de las consiguientes tensiones diplomáticas entre nuestro país y Haití y la exacerbación del ultranacionalismo, los mitos y prejuicios en ambos lados. En los tres últimos meses del año esto se ha agravado con el anuncio y puesta en práctica de las deportaciones masivas de nacionales haitianos o de origen alegadamente indocumentados.
La cifra de 10 mil deportaciones semanales es llamativamente redonda y evidentemente incierta en cuanto a su cumplimiento. A esos y otros elementos del contexto político hay que agregar la plena conciencia del gobierno de que la economía no puede seguir discurriendo impulsada fundamentalmente por un insostenible endeudamiento y que resulta vital obtener ingresos mediante el incremento de una presión tributaria que es esencialmente baja. De ahí su proyecto de reforma fiscal llevado al Congreso y luego retirado, pero que según voces ética y profesionalmente solventes debería ser retomado. Retirarlo ha sido un duro golpe político y una eventual limitación de los alcances de las realizaciones del gobierno en todos los ámbitos.
Esa circunstancia, unida a una fusión de los Ministerios de Hacienda y Economía Planificación y Desarrollo que produce el temor de que en el organismo que surja de esa fusión predomine la filosofía del primero inquieta profundamente porque de ser así, se limitarían el énfasis del MEPyD en la orientación de políticas públicas con eficientes y eficaces, pero más democráticas, produciendo conocimientos sobre la realidad y particularidades territoriales del país. Vale decir, hacer efectiva la propuesta programática del PRM de que sea el territorio el eje transversal de las políticas públicas. La renuncia de técnicos de incuestionables solvencias profesional y personal del MEPyD como de otras áreas podría ser expresión del temor de que ese énfasis sean irremediablemente frenado.
Las renuncias en los gobiernos, máxime cuando el o los renunciantes aportan eficiencia y legitimidad, como es el caso, potencian la desafección de sectores que, independientemente sus aprehensiones, de alguna manera tienden a preferirlos frente a otras opciones, limitan la subjetividad de otros funcionarios y alientan las tendencias centrífugas en el seno del gobierno, al tiempo de elevar peligrosamente la subjetividad de la oposición. Y es que algunas iniciativas, actitudes y/o posiciones de esta administración son contrarias al sentimiento de transformación democrática y de rechazo a la corrupción de importantes sectores que hicieron posible su ascenso al poder. Minimizar este hecho, un error en el que tienen a incurrir los gobiernos y sus partidos, podría ser fatal para esta administración y para el país.
Finalmente, es evidente que la amplia base de apoyo con surgió este gobierno en gran medida revalidada en las últimas elecciones tiende a debilitarse, acentuándose significativamente en los últimos meses sin que se avizore alternativa alguna. que se corresponda con el sentimiento de cambio que, como sedimento está latente y de muchas maneras manifiesto en esta sociedad. Es la preocupación/incertidumbre que expresan diversos sociales, políticos y del gobierno mismo. Así termina este año político e iniciándose otro sobre el que a nivel mundial se presagia inestabilidad, exacerbación de conflictos, de violencias, fracturas y desigualdades sociales y territoriales.
Eso nos plantea el dilema si enfrentarlo en consonancia con las tendencias conservadoras presentes en la sociedad dominicana, en el mismo gobierno y en el mundo, o retornando definitivamente la tradición de lucha democrática que ha jalonado nuestra historia política y que es nuestro mejor activo. Nuestra mejor referencia política y moral.
