Los audios filtrados, la maniobra contra Petro y un viraje en la política de Colombia
Por Ociel Alí López
Hace pocas semanas, el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro lucía entumecido. Uno tras otro, se sucedían ataques desde diferentes flancos en su contra y contaba con poco margen de maniobra para responder. El Congreso cerraba todas las vías posibles para las reformas que habría propuesto su administración. A escala territorial, grupos armados que permanecían dialogando, reanudaban la violencia y quebraban su fórmula de «paz total».
El intento de asesinato del precandidato conservador Miguel Uribe, el pasado 7 de junio, fue utilizado automáticamente para generar una atmósfera de criminalización generalizada hacia el presidente, responsabilizándolo del cruel atentado. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, subía el tono amenazante. En fin, un panorama en el que el gobierno se desgastaba aceleradamente y no tenía capacidad para imponer su agenda de cambios propuestos en la campaña presidencial de 2022.
Pero en los últimos días, este panorama defensivo ha venido cambiando.
Primero, la victoria de Petro a lo interno del legislativo el 20 de junio, en el que finalmente se aprobó la reforma laboral planteada, que realiza importantes mejoras en el mundo laboral de los trabajadores colombianos. Significó una bocanada de oxígeno para una gestión asfixiada por los poderes establecidos. De la misma forma, el 28 de junio, por mandato de la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes votó nuevamente, aprobando la reforma pensional que estaba pausada desde hacía un año.
El gobierno también salía fortalecido debido a que las hipótesis —sin evidencia— que culpabilizaban al presidente por el atentado a Uribe, se derrumbaron precipitadamente. Todo una serie de hechos que restablecían el fortalecimiento de la administración Petro.
Filtración de audios
Esta tendencia favorable se potencia a comienzos de esta semana cuando se filtran, a la prensa internacional, audios del excanciller del gobierno de Petro, Álvaro Leyva, en los que plantea la posibilidad de un golpe de Estado. En estos se demuestra la búsqueda del apoyo de Washington y se mencionan un haz de actores de todo el espectro político: la vicepresidenta, Francia Márquez; actores de oposición y la prensa, como la precandidata de derechas Vicki Dávila y el propio Miguel Uribe; congresistas de EE.UU., como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, y hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, así como también bandas criminales como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La revelación de los audios hace que la política colombiana reaccione ante el complot, que los actores nombrados en los audios nieguen su implicación y que se revierta el ambiente de radical deslegitimación del gobierno.
Es así como se revela una trama profunda que permite darle sentido a anteriores actuaciones contra el gobierno que se presentaban de manera casual o azarosa —más bien descoordinadas—, y que luego de los audios se comprende una vinculación fehaciente: desde la denuncia por drogadicción de Petro por parte del mencionado excanciller, el reinicio de la violencia de los grupos armados ilegales, pasando por la subida de presión de diferentes actores de oposición, hasta las críticas internas en el gobierno.
Después de los audios, el gobierno tiene mucho más poder para relacionar, cuando menos narrativamente, todos estos hechos que ahora no parecen fortuitos. La revelación de los audios hace que la política colombiana reaccione ante el complot, que los actores nombrados en los audios nieguen su implicación y que se revierta el ambiente de radical deslegitimación del gobierno.
En suma, obligan a todo el estamento político a salir a reconocer la legitimidad democrática del gobierno y rechazar cualquier intento de golpe.
La forma ambigua como el excanciller ha dado respuesta a las filtraciones corrobora que los audios son ciertos y no producidos artificialmente. Además, aumenta las certezas de que hay actores interesados en urgir una conspiración. Ya no es una retórica de un gobierno para justificar su «inoperatividad», sino una realidad consumada.
Petro, ahora, está siendo reivindicado como un «estandarte de la democracia», en tanto se demuestra que hay sectores opositores que no quieren esperar el año que le queda en el Palacio de Nariño y plantean la posibilidad de un escenario golpista, lo que pone contra las cuerdas a la oposición, que ha venido subiendo el volumen de la presión contra el gobierno.
Desde todos los flancos también algunos sectores «moderados» de la oposición han sido impactados por los audios, no porque hayan sido mencionados sino porque su radicalismo de las últimas semanas ahora entra en modo de sospecha, en tanto mostraban una inusual efusividad que ahora no parece casual, ni irracional, sino parte de la atmósfera sediciosa. Por ejemplo, actores políticos de mucho peso como el expresidente César Gaviria, un centrista del Partido Liberal, planteó a finales de mayo «desconocer la autoridad» del Presidente. Esa actuación desmedida comienza a entenderse debido a que ahora, gracias a la filtración, conocemos lo que sucedía en el subterráneo de la política colombiana.
Por otro lado, también se ven fuertemente impactados sectores internos al mismo gobierno, que han sido especialmente díscolos con la gestión de Petro, como la vicepresidenta Márquez y algunos otros exministros, que en un gabinete televisado hicieron férreas críticas e hicieron ver, en el momento, que el gobierno estaba implosionando. Más allá de la negación de Márquez, estos sectores son mencionados en la trama en vinculación con la derecha más extrema, por lo que su legitimidad se resiente en los sectores políticos de la izquierda donde pertenecen.
Incluso, la mediática internacional, que también estaba siendo bastante ofensiva en contra del gobierno colombiano, ha tenido que reconocer no sólo la veracidad de los audios, sino que hay actores políticos antidemocráticos y en cierta forma han tenido que darle un espaldarazo, así sea momentáneo, al gobierno. En el mismo orden, estos audios prenden las alarmas de los movimientos sociales del progresismo que podían sentir cierto malestar por la lentitud de los cambiosque se habían prometido y ahora reconocen, de manera más diáfana, que Petro está siendo atacado por todos los flancos y que es el establecimiento político colombiano el que está paralizando todas las transformaciones que intenta hacer Petro, lo que indica la necesidad de una movilización ya no solo para defender al mandatario, sino incluso a la propia democracia asediada.
Está nueva situación explica también la rabiosa reacción contra la propuesta de Petro de convocar una consulta popular que permitiera dirimir, en elecciones, las reformas que estaban siendo saboteadas en el seno del Congreso.
Los planteamientos velados de Leyva pueden ayudarnos a explicar la efusiva reacción de líderes opositores cuando ocurrió el atentado al precandidato y la forma automática en la que intentaron culpabilizar a Petro, buscando una movilización en su contra sin ningún tipo de pruebas, usando el nefasto hecho como un punto de inflexión para convocar una rebelión contra el legítimo gobierno.
A las claras, las circunstancias han permitido que Petro pueda demostrar los movimientos antidemocráticos en su contra y generar un clima de fracaso de la insurrección, lo que puede dar al gobierno un mayor margen de maniobra y asegurarse su perpetuidad constitucional que todos estos sectores estaban poniendo en duda.
RT.