Recursos entregados a los partidos refuerzan narrativa histórica de corrupción y clientelismo en la política

Por Rafael Grullón

La asignación de recursos a los partidos políticos por parte de la Junta Central Electoral (JCE) en la República Dominicana ha sido un tema polémico, que ha generado importantes críticas en la sociedad. Estas críticas se derivan de la preocupación por la transparencia, la equidad y sus amplias implicaciones para los procesos democráticos.

Las críticas a las prácticas de asignación de recursos de la JCE han contribuido a una desconfianza generalizada en las instituciones públicas, especialmente entre los votantes dominicanos.

La percepción de que los recursos estatales se malversan o se distribuyen de forma inequitativa para favorecer a ciertos partidos políticos, especialmente a los que están en el poder, refuerza una narrativa histórica de corrupción y clientelismo en la política dominicana.

Por ejemplo, las elecciones de 2020 expusieron lagunas en la transparencia del financiamiento de campañas, y los críticos señalaron la falta de rendición de cuentas en la asignación de fondos públicos a los partidos políticos.

Esto alimentó el escepticismo público sobre la imparcialidad de la JCE, ya que los partidos más pequeños y nuevos tuvieron dificultades para acceder a financiación equitativa y cobertura mediática, creando un campo de juego desigual.

El descontento público con las prácticas de asignación de recursos ha impulsado a organizaciones y movimientos de la sociedad civil, como la Marcha Verde, que surgió en respuesta a escándalos de corrupción como el esquema de sobornos de Odebrecht. Estos grupos han exigido mayor transparencia y rendición de cuentas en la distribución de recursos por parte de la JCE, considerándola un componente fundamental de la integridad electoral.

Las críticas también han generado un mayor apoyo a las reformas electorales, incluyendo demandas de una mejor supervisión del financiamiento político y regulaciones más estrictas para prevenir la compra de votos, una práctica vinculada al uso indebido de los recursos asignados.

El debate sobre la asignación de recursos ha profundizado las divisiones políticas. Los partidos y candidatos de la oposición, perjudicados por el acceso limitado a los fondos públicos, han acusado a la JCE de favorecer a partidos gobernantes como el Partido Revolucionario Moderno (PRM) o el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en elecciones pasadas.

Esta percepción de parcialidad ha intensificado las tensiones políticas y alimentado las protestas, como se vio durante la suspensión de las elecciones municipales de 2020 debido a problemas técnicos.

La frustración ciudadana por la percepción de favoritismo en la asignación de recursos también ha influido en los resultados electorales, con el rechazo de los votantes a partidos asociados con la corrupción y la mala gestión, como lo evidenció la victoria del PRM en 2020 sobre el PLD

Las críticas han impulsado respuestas legislativas e institucionales dirigidas a abordar las preocupaciones públicas. Por ejemplo, la Ley de Régimen Electoral de 2018 y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos buscaron regular el financiamiento de campañas y restringir el uso de recursos estatales por parte de los candidatos en el cargo. Sin embargo, estas leyes enfrentaron impugnaciones legales, y algunas disposiciones fueron anuladas por la Corte Constitucional por limitar las actividades de los partidos políticos.

En 2020, se creó la Dirección Especializada de Control Financiero para supervisar el financiamiento público y privado de los partidos políticos, una respuesta directa a las críticas sobre la transparencia. A pesar de estos esfuerzos, la implementación sigue siendo inconsistente y persiste el escepticismo público.

La JCE se ha enfrentado a un mayor escrutinio por parte de observadores nacionales e internacionales. Si bien la JCE coopera con los observadores electorales y opera con cierta transparencia, sus deficiencias en la aplicación de las leyes de financiamiento de campañas han sido motivo de crítica.

Por ejemplo, las primarias de 2020 revelaron problemas con los sistemas de votación electrónica y la asignación de recursos, lo que dio lugar a acusaciones de fraude por parte de candidatos de la oposición como Leonel Fernández.

Este escrutinio ha presionado a la JCE para modernizar sus procesos, como mejorar la educación electoral y las políticas de inclusión para los grupos marginados, aunque persisten desafíos para garantizar una distribución equitativa de los recursos.

A pesar de las reformas, la cultura política de clientelismo en la República Dominicana persiste, exacerbada por la asignación de recursos a los partidos políticos. Los críticos argumentan que los fondos públicos a menudo se utilizan para impulsar prácticas clientelistas, como la compra de votos y la distribución de bienes durante las campañas, lo que socava la equidad democrática.

Por ejemplo, durante las elecciones de 2020, candidatos como Gonzalo Castillo, del PLD, utilizaron recursos estatales para iniciativas “humanitarias” (por ejemplo, la distribución de alimentos y mascarillas), lo que los críticos consideraron una forma velada de clientelismo para influir en los votantes.

Esta práctica ha perpetuado el cinismo público sobre la integridad de los procesos electorales. Privación de derechos sociales y políticos: La distribución desigual de recursos ha perjudicado desproporcionadamente a los partidos más pequeños y a los grupos marginados, como los dominicanos de ascendencia haitiana y las personas con discapacidad, quienes enfrentan barreras adicionales para la participación política.

Las críticas a la asignación de recursos han puesto de relieve desigualdades sistémicas, como la exclusión de ciertos grupos del acceso a los documentos oficiales necesarios para votar, lo que los aleja aún más del proceso político.

Las críticas subrayan la urgente necesidad de reformas electorales integrales para garantizar una asignación justa y transparente de recursos. Organizaciones como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) recomiendan mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la supervisión del financiamiento político y difundir conocimientos técnicos sobre los sistemas electorales entre la sociedad civil y los partidos minoritarios.

Las reformas deben priorizar la reducción del clientelismo y la compra de votos mediante la aplicación de leyes más estrictas sobre el financiamiento de campañas y la garantía de un acceso equitativo a los fondos públicos para todos los partidos, independientemente de su tamaño o influencia.

Para restablecer la confianza pública, la JCE debe operar con mayor independencia e imparcialidad. Las recientes enmiendas constitucionales que transfieren el nombramiento del Fiscal General al Consejo Nacional de la Judicatura constituyen un paso hacia la reducción de la influencia del ejecutivo, pero se necesitan medidas similares para que la JCE se proteja de las presiones políticas.

La JCE también debe realizar auditorías transparentes sobre la asignación de recursos y participar en consultas públicas para fundamentar los cambios de políticas, atendiendo las preocupaciones de la sociedad civil sobre la falta de inclusión.

Las críticas a la asignación de recursos reflejan problemas sociales más amplios, como las desigualdades raciales y económicas. Las políticas para mejorar el acceso a la participación política de los grupos marginados, como los dominicanos de ascendencia haitiana, son esenciales para crear una democracia más inclusiva.

Las políticas de inclusión de la JCE, desarrolladas con el apoyo de IFES, representan un paso positivo, pero su implementación debe priorizarse para garantizar resultados tangibles.

Superar la arraigada cultura del clientelismo requiere un cambio a largo plazo en el comportamiento político y las expectativas públicas. Las campañas de educación cívica y alfabetización mediática pueden empoderar a los votantes para exigir rendición de cuentas y rechazar las prácticas clientelistas, reduciendo así la efectividad del mal uso de recursos en las elecciones.

Las críticas de la JCE a la asignación de recursos a los partidos políticos reflejan profundos desafíos en el sistema democrático dominicano, como la corrupción, el clientelismo y la desigualdad en el acceso a los recursos políticos. Si bien estas críticas han impulsado reformas y un mayor escrutinio, su persistencia pone de relieve la necesidad de una mayor independencia institucional, políticas equitativas y un cambio cultural que se aleje de las prácticas clientelistas. Al abordar estos problemas, la República Dominicana puede fortalecer su democracia, garantizando que la asignación de recursos apoye procesos electorales justos e inclusivos en lugar de perpetuar deficiencias sistémicas.