El riesgo de la complacencia fiscal

Dicho de otra manera, las NBF muestran la magnitud real de la política de financiamiento. Aunque el gobierno presente un déficit aparentemente manejable, puede enfrentarse a una NBF muy elevada, si los vencimientos de deuda son significativos, por lo que, son un termómetro más completo de la presión que soportan las finanzas públicas.

Otra expresión que va de la mano de las NBF, son las aplicaciones financieras, que indican en qué se emplean los recursos que provienen del financiamiento; mientras que, las NBF muestran cuánto dinero necesita captar el Estado para el presupuesto. Las aplicaciones financieras incluyen: amortización de deuda pública, disminución de cuentas por pagar y, constitución de activos financieros.

Una parte sustancial del financiamiento que obtiene el país no se traduce en gasto primario o inversión pública nueva, sino en cumplir con obligaciones financieras acumuladas. Desde esta perspectiva, las aplicaciones financieras son un recordatorio de que no todo el endeudamiento genera riqueza futura, buena parte se destina simplemente a pagar deudas pasadas.

Entre los años 2024 al 2026, las NBF en los presupuestos originales se ha movido de RD$ 344,980 millones a RD$ 350,990 millones y luego a RD$ 401,768 millones, equivalente a un 25.1 %, 23.6 % y de un 23.0 %, respectivamente del presupuesto de gasto del gobierno central y equivalente a un 4.7 %, luego un 4.4 % y para el 2026 de un 4.6 % del PIB. Estas cifras revelan un rasgo estructural: cada año el país ha tenido que salir a los mercados financieros a captar montos elevados, sin margen de pausa. La alta proporción de las NBF muestran que el gobierno debe movilizar casi una cuarta parte del presupuesto para poder funcionar, cayendo en una trampa de liquidez.

Más aún, al observar la composición de las NBF, la parte de las aplicaciones financieras —especialmente amortizaciones de deuda— representan un porcentaje relevante del total, en torno al 25.0 %. Es decir, una porción considerable de los recursos captados no se dedica a financiar nuevas obras, programas sociales o proyectos de inversión, sino a cubrir compromisos financieros del pasado. Dicho de otro modo, se incurre en deuda nueva para pagar deuda vieja, fenómeno que, aunque usual en las finanzas públicas, se vuelve un signo de fragilidad cuando se vuelve estructural, como es el caso. Un país que usa una parte significativa de su nuevo endeudamiento para pagar deuda vieja no está generando riqueza futura.

Solo para los años del 2024 al 2026, el presupuesto nacional de gasto, incluyendo las aplicaciones financieras, han necesitado de un monto total de US$ 17,526 millones de financiamiento bruto, lo que da una idea de la alta dependencia que muestra el presupuesto nacional de fuentes de ingresos que no provienen de la estructura impositiva y es lo que explica la evolución creciente del saldo de la deuda pública del gobierno central y que nuestro presupuesto en forma sistemática alcanza el equilibrio por los préstamos.

El peso de las NBF adquiere todavía mayor relevancia cuando se considera el entorno financiero internacional. La política monetaria de Estados Unidos, caracterizada en los últimos años por incrementos en las tasas de interés para contener la inflación, ha encarecido el costo de acceso a los mercados. En consecuencia, cuando República Dominicana acude a colocar bonos internacionales, debe hacerlo en condiciones menos favorables.

En términos comparativos, mientras durante los años 2015 al 2019 la tasa de interés de los bonos soberanos dominicanos en los Estados Unidos oscilaba entre un 5.5 % a un 6.85 % -dependiendo el plazo-, durante el periodo 2021 al 2025 las tasas se movieron en un rango de un 5.5 % a un 8.5 %, también, dependiendo el horizonte del tiempo.

Esto significa que no solo es necesario captar volúmenes crecientes de financiamiento, sino que además estos resultan más costosos. Se requieren más recursos para cubrir vencimientos y déficits, y esos recursos se obtienen a tasas más altas, lo que incrementa el peso futuro del servicio de la deuda. La sostenibilidad fiscal se convierte, entonces, en una preocupación legítima.

¿Por qué el presupuesto de la República Dominicana enfrenta necesidades de financiamiento tan elevadas? La respuesta resumida está en un sistema tributario con baja presión fiscal, caracterizado con alta evasión y gasto tributario y en un gasto público en crecimiento y altamente rígido, lo que implica un dilema fiscal y cada vez menos espacio presupuestario.

La presión tributaria ronda el 14.5 % del PIB -en America Latina el promedio es algo más de un 20.0 %- y la participación del gasto público llega hasta un 19.5 % del PIB. Esto significa que el Estado dominicano recauda en forma insuficiente en proporción a su economía y es ambicioso con el gasto público, lo que lo obliga a depender en exceso del endeudamiento para financiar su presupuesto.

Del lado del gasto, gran parte del presupuesto está comprometida en renglones de difícil ajuste: nómina pública en crecimiento sostenido, subsidios que cubren ineficiencias -caso de las EDE-, transferencias sociales y, servicio de la deuda. La posibilidad de recortar de manera significativa algunos de esos componentes son limitada. Así, la brecha entre ingresos insuficientes y gasto rígido se traduce en déficits recurrentes, y estos, a su vez, en mayores necesidades de financiamiento.

El hecho de que República Dominicana pueda acceder a financiamiento y hasta que se muestre alegría por colocar bonos a tasas más baja, no significa que esa estrategia sea sostenible indefinidamente, más bien se puede tipificar como un riesgo de complacencia fiscal. Cada año que pasa, el monto de las NBF, su proporción respecto al PIB y del presupuesto nacional, además, de la carga de las aplicaciones financieras reflejan un esquema de dependencia crónica del endeudamiento. Esa dinámica es riesgosa porque cualquier shock externo podría dificultar el acceso a financiamiento o encarecerlo aún más, comprometiendo la estabilidad fiscal y potenciando el riesgo de la complacencia.

El verdadero desafío no es únicamente reducir el déficit fiscal, sino disminuir gradualmente las necesidades brutas de financiamiento y revisar la estructura de las aplicaciones financieras, de modo que más recursos se destinen a inversión productiva y menos a refinanciar deudas pasadas.

La sostenibilidad fiscal no puede medirse solo por el nivel de deuda o el tamaño del déficit anual. Es imprescindible observar la magnitud y composición de las NBF, su proporción respecto al PIB y al presupuesto, y el destino de las aplicaciones financieras. Las NBF y sus aplicaciones son el espejo de nuestra vulnerabilidad fiscal; ignorarlas sería un error. Enfrentarlas con visión estratégica es la única vía para consolidar un crecimiento sostenible y un Estado financieramente responsable.

El mayor riesgo fiscal del país no es la deuda en sí, sino la normalización de depender de ella.