Guerra Gaza: Demanda CPI contra Meloni por Complicidad en Genocidio marca Precedente contra OTAN

Juristas Italianos acusan a Alta Dirigencia y Empresas de Defensa. Von der Leyen, Stoltenberg, Macron y Sunak, en la Mira de la Justicia Internacional.

Diario La Humanidad

Una denuncia histórica ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusa a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su gabinete de complicidad en crímen de guerra y genocidio en Gaza. El caso, impulsado por Giuristi e Avvocati per la Palestina, expone por primera vez la responsabilidad de los aliados de Israel en la OTAN. La demanda señala el envío de armas, el uso de bases militares y el respaldo diplomático como soporte crucial para la ofensiva israelí. Este hecho sin precedentes amplía el foco de la justicia internacional hacia líderes europeos, la industria militar (Leonardo, Thales, BAE Systems) y hasta plataformas digitales, sentando un precedente legal que podría cambiar las reglas de la rendición de cuentas en conflictos globales.

La acusación de genocidio en Gaza ha comenzado a traspasar fronteras y responsabilidades, salpicando no solo a Israel como actor directo, sino también a sus aliados estratégicos. En días recientes, un grupo de juristas italianos presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la primera ministra Giorgia Meloni y varios miembros de su gabinete, a quienes acusan de complicidad civil en crímenes de guerra y genocidio cometidos por el gobierno israelí en la Franja de Gaza.

La denuncia, impulsada por el colectivo Giuristi e Avvocati per la Palestina (Juristas y Abogados por Palestina), representa un hecho sin precedentes en la arena europea. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, altos funcionarios de un país miembro de la OTAN enfrentan un intento formal de imputación internacional por su rol indirecto, pero presuntamente crucial, en la maquinaria de guerra desplegada contra la población palestina.

Los nombres mencionados en la denuncia incluyen a la primera ministra Meloni, el ministro de Defensa Guido Crosetto, el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani y Roberto Cingolani, director de la empresa de defensa Leonardo S.p.A., en la que el Estado italiano mantiene participación mayoritaria.

Los denunciantes sostienen que, a través de exportaciones de armamento, cooperación estratégica, acuerdos técnicos y respaldo diplomático, Italia ha contribuido materialmente al sostenimiento de la ofensiva israelí, con pleno conocimiento de que esos recursos serían utilizados en una campaña que ha dejado decenas de miles de muertos, en su mayoría civiles, mujeres y niños, según informes de organizaciones internacionales.

El documento también alude al uso de bases militares estadounidenses en suelo italiano, como Sigonella y Aviano, que habrían servido como plataforma de apoyo logístico a las fuerzas israelíes, bajo la autorización o tolerancia del gobierno italiano. Legisladores de izquierda han solicitado explicaciones, sin obtener respuestas claras.

Italia no está sola. Diversas organizaciones internacionales y académicos han comenzado a señalar a altas autoridades civiles y militares de los países de la OTAN que podrían estar incurriendo en complicidad activa o pasiva en los crímenes cometidos en Gaza. Entre los nombres que podrían eventualmente ser objeto de investigación por la CPI figuran Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, cuya visita a Israel el 13 de octubre de 2023 fue interpretada como un respaldo incondicional; Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, cuestionado por reiterar el “derecho de Israel a defenderse” sin matices; Rishi Sunak y Emmanuel Macron, por autorizar exportaciones de armamento a Israel; y Antony Blinken y Lloyd Austin, por el papel de Estados Unidos como proveedor de armas e inteligencia y su respaldo diplomático en foros internacionales.

Junto a los responsables políticos, la denuncia apunta también a la industria militar europea y norteamericana. Empresas como Leonardo (Italia), Thales (Francia), BAE Systems (Reino Unido) y Rheinmetall (Alemania) han sido vinculadas con la exportación de tecnología de vigilancia, drones, misiles y sistemas de guiado utilizados en operaciones israelíes. Aunque actúan bajo licencia estatal, la responsabilidad puede extenderse si se demuestra que conocían o ignoraron deliberadamente el uso de sus productos en crímenes internacionales.

La discusión sobre la complicidad no se limita a lo militar y diplomático. Juristas y activistas han señalado también a plataformas digitales y sus propietarios por su papel en la difusión o restricción de información relacionada con el conflicto en Gaza. Empresarios como Elon Musk, Mark Zuckerberg y otros líderes de redes sociales han sido cuestionados por la suspensión de cuentas, la limitación de contenido crítico o la supresión de información que buscaba dimensionar la magnitud del sufrimiento palestino. Si bien no existen sentencias judiciales que determinen responsabilidad penal directa, estas acciones han sido interpretadas por organizaciones de derechos digitales como formas de control de la narrativa, que afectan la visibilidad de los hechos y la posibilidad de que la opinión pública acceda a información vital sobre el conflicto.

El derecho internacional penal establece que puede existir complicidad en crímenes internacionales no solo por acción directa, sino también por asistencia material, financiera, técnica o diplomática que facilite su comisión. El artículo 25 del Estatuto de Roma considera responsables a quienes ayuden, alienten o de otro modo asistan en la comisión o tentativa de comisión del crimen, incluyendo el suministro de medios para su ejecución. El artículo 28 amplía esta responsabilidad a los superiores jerárquicos que, con conocimiento de los crímenes, no adoptan medidas para impedirlos o sancionarlos.

Estos principios se han aplicado en casos que involucraron a empresarios, banqueros y funcionarios en genocidios como los de Ruanda o la ex Yugoslavia. La denuncia italiana se inscribe en esa línea y podría abrir un precedente incómodo para la arquitectura política de la OTAN y para los ecosistemas digitales globales.

Colectivos jurídicos en Bélgica, España, Reino Unido y América Latina preparan acciones similares, apuntando a demostrar que el crimen internacional no requiere de un soldado en el frente, sino de decisiones tomadas en gabinetes, consejos de administración o plataformas de comunicación que facilitan, justifican o silencian la evidencia del sufrimiento ajeno.

Lo que está en juego no es solo la justicia para Gaza, sino la coherencia moral del sistema internacional. Si prosperan estas acciones, los tribunales podrían dejar de ser instrumentos simbólicos y transformarse en mecanismos reales de rendición de cuentas, incluso para las élites del llamado Occidente democrático.

El genocidio, escriben los denunciantes, no es solo el acto de exterminar, sino también el de facilitar, permitir y justificar el exterminio desde centros de poder político, empresarial y digital.

Las víctimas —mujeres, hombres y niños palestinos— no son cifras; son memoria viva que retorna a la conciencia del mundo como un eco que exige justicia. La historia observa, y también lo hacen los pueblos: cada acción, cada contrato, cada omisión, cada restricción de información emite una vibración que tarde o temprano encuentra su resonancia.

La justicia, en última instancia, no es un tribunal sino un equilibrio cósmico, y ese equilibrio comienza cuando alguien, en algún lugar, se niega a seguir siendo cómplice.