Hospitales: entre el relato del remozamiento y el verdadero fortalecimiento de la red pública

Entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, la Presidencia de la República informó de manera sistemática sobre intervenciones en la red pública de salud. Inauguraciones, remozamientos, ampliaciones, nuevas unidades y reaperturas poblaron los boletines oficiales y construyeron una narrativa persistente: la del fortalecimiento sostenido de la red hospitalaria pública. Sin embargo, cuando esa narrativa se contrasta con los propios documentos técnicos del Estado, el balance resulta mucho más modesto —y, sobre todo, más desigual— de lo que sugiere el discurso público.

La metodología utilizada para este análisis es deliberadamente restrictiva y, por ello mismo, robusta. Se parte del Estado de Situación de los Hospitales 2020, elaborado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), que evaluó la infraestructura hospitalaria pública existente al inicio del período gubernamental, clasificando los centros según su condición estructural y funcional. A ello se suma una revisión nominal de los boletines oficiales emitidos por la Presidencia de la República entre el 17 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2025.

En este ejercicio solo se consolidaron las intervenciones hospitalarias concluidas y entregadas dentro del período. No se consideraron anuncios, fases en ejecución ni promesas trasladadas a años posteriores. Tampoco se incluyeron centros de primer nivel ni centros diagnósticos. Solo hospitales y solo hechos consumados. Esta delimitación metodológica no es caprichosa: busca evaluar fortalecimiento real de la red, no expectativas de gestión.

El primer dato que emerge de este contraste es contundente. Para el volumen de recursos financieros manejados por el Estado durante el período, la expansión efectiva de la red hospitalaria fue limitada. En cinco años, solo tres hospitales nuevos fueron iniciados y concluidos, incorporándose de manera efectiva a la red pública. El resto de las intervenciones se concentró en hospitales ya existentes, muchos de ellos clasificados en 2020 como “malos” o “regulares” por el propio SNS.

El segundo hallazgo es más incómodo para la narrativa oficial. La mayor parte de las intervenciones comunicadas como fortalecimiento consistió en remozamientos generales, mantenimiento acumulado y ampliaciones funcionales, principalmente nuevas emergencias o unidades especializadas. Estas acciones, aunque necesarias, no equivalen a una transformación estructural de la red hospitalaria pública.

En numerosos casos, los hospitales presentaban en 2020 déficits simultáneos en cirugía, hospitalización, consulta externa, diagnóstico, bioseguridad y soporte logístico. Intervenir una sola de esas áreas puede mejorar la imagen institucional y aliviar la presión asistencial, pero no revierte las brechas estructurales que condicionan la calidad y la seguridad de la atención.

Dicho de otro modo, gran parte de lo que se presentó como modernización fue, en términos técnicos, puesta al día de infraestructura deteriorada. Mantenimiento diferido que dejó de realizarse durante años y que ahora reaparece bajo la etiqueta de remozamiento. Esto explica por qué, aun después de múltiples inauguraciones, varios hospitales clave continúan operando con cierres parciales de brecha o con problemas estructurales no resueltos.

Este contraste no implica negar avances. La red pública creció, algunas condiciones mejoraron y determinados servicios se ampliaron. Pero la evidencia oficial muestra que el ritmo de fortalecimiento estructural estuvo muy por debajo de la magnitud de los recursos financieros gestionados por el Estado en el período. El énfasis narrativo se colocó en la cantidad de obras visibles, no en la transformación integral del parque hospitalario heredado.

Este balance plantea un reto mayor para la nueva conducción del Servicio Nacional de Salud. El próximo director ejecutivo del SNS recibirá una red con más edificios remozados, pero todavía marcada por una deuda estructural profunda. El desafío no será inaugurar más unidades ni multiplicar cortes de cinta, sino priorizar estratégicamente: decidir qué hospitales requieren intervenciones integrales, cuáles necesitan reconstrucción funcional y cuáles ya no admiten más parches.

Las prioridades presidenciales en salud para los próximos años colocan la vara alta: eficiencia del gasto, calidad de los servicios y fortalecimiento de la red pública como columna vertebral del sistema. Cumplirlas exigirá un giro claro: pasar del relato del remozamiento al gobierno riguroso de la infraestructura sanitaria; del anuncio a la planificación de largo plazo; del mantenimiento reactivo a una política hospitalaria verdaderamente estructural.

Porque, al final, la evidencia oficial es clara: una red hospitalaria no se fortalece por lo que se anuncia, sino por lo que efectivamente se transforma.