Opacidad sobre rieles: cuando negar información genera más dudas que certezas
Denuncia del CODIA que preocupa.
Por Silvano Pimentel.
La decisión del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) de retirarse del peritaje técnico de la construcción de la Línea 2C del Metro no es un simple desacuerdo institucional. Es una señal de alarma que debería preocupar profundamente a la sociedad dominicana. Cuando el principal gremio técnico del país se niega a validar una obra estatal por falta de información, lo que está en juego no es solo un proyecto de infraestructura, sino la credibilidad del manejo de los recursos públicos.
El presidente del CODIA, Enrique Rosario García, ha sido categórico: la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) solicitó la conformación de una comisión técnica, pero nunca entregó los datos esenciales para realizar una evaluación objetiva del proyecto. En otras palabras, se convocó a los especialistas, pero se les negó el acceso a la materia prima fundamental de su trabajo: la información.
Y aquí surge la pregunta que incomoda, pero que el país tiene derecho a formular: ¿qué se pretende ocultar?
La transparencia no puede ser un discurso vacío utilizado únicamente en campañas políticas o en ruedas de prensa cuidadosamente guionizadas. La transparencia es un principio rector de la administración pública y, sobre todo, una obligación moral cuando se trata de obras financiadas con el dinero de los contribuyentes. Negar documentación técnica, estudios estructurales, informes de avance y detalles financieros en un proyecto de la magnitud del Metro no solo genera sospechas, sino que constituye una falta grave contra el derecho ciudadano a la fiscalización.
Más preocupante aún resulta el patrón que comienza a dibujarse en la gestión de grandes obras públicas, donde la rendición de cuentas parece ser sustituida por el hermetismo institucional. No es casual que, en distintos momentos, la sociedad dominicana haya sido testigo de proyectos inaugurados con premura política y cuestionados posteriormente por fallas estructurales, sobrecostos o irregularidades administrativas. La historia reciente del país demuestra que cuando se limita el acceso a la información, casi siempre el tiempo termina revelando lo que se intentó esconder.
El CODIA, al negarse a participar en un proceso carente de garantías técnicas, no solo protege su prestigio profesional, sino que también envía un mensaje contundente: la ingeniería no puede convertirse en un instrumento decorativo para legitimar decisiones políticas. La ciencia, la técnica y la ética profesional no se negocian, ni pueden ponerse al servicio de agendas que sacrifiquen la seguridad y el patrimonio público.
La Línea 2C del Metro representa una obra estratégica para la movilidad urbana y el desarrollo económico. Precisamente por esa relevancia, su ejecución debería estar rodeada de la mayor transparencia posible. Cuando una institución estatal limita el acceso a la información, no solo debilita la confianza en el proyecto, sino que también erosiona la credibilidad del gobierno que lo ejecuta.
En una democracia moderna, las obras públicas no pertenecen a los funcionarios de turno, pertenecen al pueblo. Y el pueblo tiene el derecho irrenunciable de saber cómo se invierte cada peso, quién supervisa la calidad de las construcciones y bajo qué criterios se ejecutan los proyectos que impactarán la vida de millones de ciudadanos.
La negativa de la OPRET a suministrar la información solicitada por el CODIA no debe interpretarse como un simple conflicto administrativo. Es un síntoma peligroso de una cultura política donde la transparencia se proclama, pero no se practica. Y cuando la transparencia desaparece, la desconfianza se convierte en la principal obra que construye el Estado.
Porque al final, la pregunta no es si el Metro avanzará sobre rieles de acero. La verdadera interrogante es si avanzará sobre rieles de transparencia o sobre los viejos rieles de la opacidad que tanto daño le han hecho a la institucionalidad dominicana.
