¿Para quiénes está hecha la seguridad social?

Luis Holguin Veras

¿Para los servidores públicos? Claro que no”.

Continuando con los testimonios sobre la realidad que enfrentan los miles de servidores públicos a quienes las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) les siguen negando sus derechos a permanecer en el sistema de reparto y obtener su pensión al cumplir los requerimientos de la Ley 379-81 que los ampara, de acuerdo a lo que disponen los artículo 35, 38 y 39 de la propia Ley 87-01, presentamos el testimonio de este funcionario que nos comparte la situación de conculcación de derechos adquiridos y fundamentales por la que está pasando, su relato inicia diciendo que “Pensionarnos a los 60 años, con lo que ofrece la AFP es imposible.”

Y es que el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) instituido a partir de la promulgación de la Ley 87-01, fue promovido como la solución al desamparo que históricamente había padecido la población dominicana y se destacaban los males del Seguro Social vigente hasta entonces, el cual definían como un fracaso, discriminatorio y corrupto.  Así mismo, se criticaba el sistema de reparto instituido para los servidores públicos mediante la Ley 379-81, aduciendo que representaba una carga para el Estado y que en el futuro no sería autosuficiente. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que el nuevo sistema asumido y anunciado como la panacea que eliminaría la incertidumbre y garantizaría la protección de la población ante los cambios que tuvieran, ha sido un total fracaso, resultando que los negocios parasitarios insertados en la Seguridad Social como las AFP y las ARS, son las únicas que paradójicamente tienen garantizadas sus grandes ganancias, mientras como nos dice este funcionario en su relato testimonial: “Los servidores públicos tenemos que trabajar 60, 61, 62, 63, 64, 65 y muchos más años.”  Sin lograr tener la certidumbre de obtener cuando le corresponda unas prestaciones que reemplacen lo perdido y con lo cual pueda vivir con dignidad.

Para impulsar el Sistema de Capitalización Individual, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), persiguió hasta hacer desaparecer casi a todos los planes de pensiones existentes en el país.  Esta acción persecutoria la hizo con un enfoque prejuiciado, totalmente sesgado, priorizando los aspectos financieros y haciendo a un lado e ignorando casi en su totalidad los aspectos de los derechos adquiridos y los derechos fundamentales, propios de la Seguridad Social y sobre todo la responsabilidad del Estado en garantizar estos derechos y asegurarlos a la población.

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