Democracia y Algoritmo: gestión electoral e inteligencia artificial ¿Dónde queda la República Dominicana?

Hay momentos en los que una conferencia trasciende el ámbito académico y obliga a replantear las preguntas fundamentales sobre el presente. Eso ocurrió durante el II Seminario Regional sobre Inteligencia Artificial y Gestión Electoral, celebrado recientemente en Santo Domingo bajo los auspicios de IDEA Internacional y con la Junta Central Electoral como institución anfitriona. Más que un intercambio de experiencias entre autoridades y especialistas electorales, el encuentro puso sobre la mesa una inquietud que marcará el futuro de nuestras democracias: ¿están los Estados latinoamericanos preparados para afrontar el impacto político de la inteligencia artificial?

La reflexión fue sugerida en la conferencia inaugural del evento por Kevin Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional, la misma fue especialmente reveladora. América Latina afirmó, ha aprendido a organizar elecciones cada vez más competitivas y confiables, pero todavía no ha logrado consolidar instituciones capaces de gobernar bajo el imperio de la ley. La irrupción de la inteligencia artificial no crea esa fragilidad; la expone y la amplifica. Allí reside el verdadero desafío.

Esta afirmación del citado autor, merece una lectura más amplia. La protección de los procesos electorales constituye apenas una parte de un problema mucho mayor. La inteligencia artificial está transformando la manera en que circula la información, se construye la opinión pública y se ejerce el poder. En consecuencia, el debate ya no puede limitarse a cómo proteger una elección, sino a cómo preservar la calidad de la democracia en un entorno tecnológico que evoluciona con una velocidad muy superior a la capacidad regulatoria de los Estados.

Frente a este escenario, la respuesta no puede consistir en frenar el desarrollo tecnológico ni en abordar la inteligencia artificial únicamente desde una lógica de control electoral. La región necesita una estrategia mucho más ambiciosa, basada en reglas democráticas para la innovación, mecanismos eficaces de supervisión pública, cooperación internacional, protección de derechos fundamentales y fortalecimiento de las capacidades institucionales. En otras palabras, el desafío no es contener la inteligencia artificial, sino asegurar que su desarrollo permanezca subordinado a los valores de la democracia.

Desde esta perspectiva adquiere especial relevancia una de las ideas centrales expuestas por Casas-Zamora: América Latina atraviesa una especie de limbo democrático. La mayoría de los países conserva elecciones periódicas, alternancia política y procedimientos constitucionales, pero esas condiciones ya no bastan para garantizar democracias de calidad. El problema no radica únicamente en la estabilidad de las reglas electorales, sino en la capacidad de las instituciones para generar confianza, ofrecer respuestas eficaces a las demandas sociales y preservar el Estado de derecho.

Los datos confirman esa preocupación. El Informe sobre el Estado Global de la Democracia de IDEA Internacional muestra un deterioro sostenido de diversos indicadores democráticos durante los últimos años. Por primera vez en varias décadas, la democracia dejó de expandirse como modelo político y comenzó a perder terreno en distintas regiones del mundo. América Latina no ha sido ajena a esa tendencia. Aunque mantiene una importante tradición electoral, enfrenta crecientes dificultades para traducir la legitimidad de las urnas en gobiernos eficaces, transparentes y capaces de responder a las expectativas de sus ciudadanos.

Es precisamente en ese contexto donde la inteligencia artificial adquiere una dimensión política inédita. Lejos de ser la causa de la crisis democrática, actúa como un poderoso acelerador de problemas estructurales que la región arrastra desde hace décadas: polarización, desinformación (tema que se analizó en el taller de cierre), debilidad institucional, pérdida de confianza ciudadana y creciente cuestionamiento a la representación política. Comprender esa diferencia resulta esencial. Quien atribuya a la tecnología la responsabilidad de la crisis democrática corre el riesgo de ignorar que las verdaderas vulnerabilidades ya estaban presentes mucho antes de la aparición de los modelos de inteligencia artificial generativa.

La tesis que sostiene este articulo se orienta a destacar como la inteligencia artificial no origina la crisis de la democracia latinoamericana; la acelera y la hace más visible y para ello compartiremos la visión de los cuatro grandes desafíos identificados por Kevin Casas-Zamora, para pasar a sustentar el deterioro democrático regional y la evidencia comparada, que derivan en un escenario donde las democracias regionales derivan en instituciones que sobreviven y ciudadanos que desconfían

Cuando Kevin Casas-Zamora sostiene que América Latina vive en una especie «limbo democrático», no recurre a una metáfora retórica. Describe una realidad que los principales indicadores internacionales vienen documentando desde hace años: la democracia continúa siendo el régimen político predominante en la región, pero su capacidad para producir legitimidad, confianza y resultados concretos se ha debilitado de manera sostenida.

La paradoja es evidente. Nunca antes la mayoría de los países latinoamericanos había celebrado elecciones con tanta regularidad ni había consolidado procedimientos electorales relativamente confiables. Sin embargo, esa estabilidad convive con una ciudadanía cada vez más escéptica respecto de la capacidad de las instituciones para resolver los problemas que afectan su vida cotidiana. Las elecciones funcionan; la gobernabilidad democrática, mucho menos.

Esta contradicción explica buena parte del malestar político que atraviesa la región. La legitimidad de origen —la que otorgan las urnas— ya no garantiza la legitimidad de ejercicio, que depende de la eficacia del Estado, de la transparencia en la gestión pública y de la percepción de que la ley se aplica con igualdad para todos. Cuando esa segunda dimensión falla, la democracia conserva sus procedimientos, pero pierde progresivamente su capacidad de generar confianza.

Casas-Zamora identifica cuatro factores que ayudan a comprender este deterioro: El primero es la creciente polarización política. Las redes sociales han multiplicado la velocidad con que circulan las emociones, la desinformación y los discursos extremos, debilitando los espacios de deliberación racional que toda democracia necesita para procesar sus diferencias. El adversario deja de ser un competidor legítimo y pasa a convertirse en un enemigo cuya derrota parece justificar cualquier medio. En esas condiciones, el consenso democrático comienza a erosionarse desde dentro.

El segundo factor es la incapacidad de muchos gobiernos para responder a demandas sociales cada vez más complejas. América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del planeta y, en numerosos países, las expectativas ciudadanas crecen con mayor rapidez que la capacidad institucional para satisfacerlas. Ese desfase abre espacio a liderazgos que ofrecen soluciones inmediatas a problemas estructurales. El atractivo del populismo no reside únicamente en su discurso, sino en la frustración acumulada de sociedades que perciben que la democracia promete mucho más de lo que finalmente entrega.

El tercer elemento es la persistencia de la corrupción y de la impunidad. Cada escándalo no solo compromete a quienes participan en él; también deteriora la confianza en las instituciones y fortalece la percepción de que existen reglas distintas para quienes ejercen el poder. Cuando esa sensación se vuelve permanente, el ciudadano deja de cuestionar únicamente a un gobierno y comienza a dudar del propio sistema democrático.

Finalmente, existe un componente internacional que suele recibir menor atención, aunque resulta igualmente decisivo. Durante décadas, las democracias liberales representaron un referente político y moral para buena parte del mundo. Sin embargo, acontecimientos como la guerra de Irak, la crisis financiera de 2008 o el debilitamiento del liderazgo occidental redujeron significativamente esa capacidad de influencia. Al mismo tiempo, modelos autoritarios con altos niveles de eficacia económica comenzaron a presentarse como alternativas viables, especialmente para sociedades cansadas de la inestabilidad política y de la lentitud institucional.

Estos cuatro factores citados por Casas-Zamora, no actúan de manera aislada. Se alimentan mutuamente y generan un círculo de desconfianza difícil de romper. La polarización dificulta los acuerdos; la incapacidad estatal incrementa el desencanto; la corrupción profundiza la pérdida de legitimidad; y el debilitamiento del referente democrático internacional favorece la normalización de soluciones iliberales. El resultado es una democracia que continúa funcionando desde el punto de vista formal, pero que pierde progresivamente capacidad para integrar, representar y gobernar. Es precisamente en este contexto donde adquiere especial sentido una de las afirmaciones más provocadoras de Casas-Zamora: América Latina ha aprendido a votar, pero todavía no ha aprendido plenamente a gobernar bajo el imperio de la ley.

La observación resulta particularmente pertinente porque pone de relieve una diferencia que con frecuencia pasa inadvertida. La región ha logrado avances significativos en materia de administración electoral. Las elecciones son, en términos generales, competitivas, periódicas y socialmente aceptadas como el mecanismo legítimo para acceder al poder. Sin embargo, esos avances no siempre han estado acompañados por un fortalecimiento equivalente del Estado de derecho.

Los indicadores comparados muestran precisamente esa asimetría. Mientras varios países obtienen resultados relativamente favorables en representación política y participación electoral, presentan rezagos persistentes en independencia judicial, control de la corrupción, seguridad ciudadana y capacidad institucional. En otras palabras, las urnas funcionan mejor que muchas de las instituciones encargadas de garantizar que el poder se ejerza conforme a la ley.

Esa diferencia explica buena parte de la creciente desafección democrática registrada por estudios como Latinobarómetro y por diversos organismos internacionales. Millones de ciudadanos no cuestionan necesariamente la democracia como principio; cuestionan una democracia que, con demasiada frecuencia, no logra traducirse en seguridad, oportunidades, justicia ni igualdad ante la ley. Larry Diamond denominó a este fenómeno la «recesión democrática», un concepto que resume con precisión el momento histórico que atraviesa buena parte del mundo.

El mundo se encuentra hoy en un escenario donde la principal amenaza para las democracias ya no proviene de los cuarteles, sino del desgaste silencioso de sus propias instituciones. Es justamente sobre ese terreno de desconfianza, frustración y fragilidad institucional donde la inteligencia artificial comienza a desplegar todo su potencial disruptivo. Frente a este panorama, la lucidez obliga a nombrar el riesgo sin atenuantes; pero nombrarlo no equivale a resignarse a él. La democracia es, precisamente, la institucionalización de la voluntad de no aceptar como inevitable lo que apenas es probable. De ahí que convenga cerrar con la advertencia citada por Casas-Zamora que Gramsci hizo suya: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.

Conviene apuntar al cierre, que la democracia dominicana no es ajena a esa deriva, en esa línea, un llamado importante de la presente reflexión, seria cómo enfrentar los desafíos del algoritmo que van mucho más allá de los aspectos técnicos electorales, abarcando aspectos éticos y políticos tomando en cuenta el lugar donde se encuentra nuestra democracia y la necesidad de preservar la integridad electoral, en un escenario, de desgaste silencioso de sus propias instituciones.

Es justamente sobre ese terreno de desconfianza, frustración y fragilidad institucional donde la inteligencia artificial comienza a desplegar todo su potencial disruptivo y la que abre la necesidad desde la gestión electoral de someter la IA al poder democrático.