El Gobierno y la falsa protección a los productores de arroz
Por Manuel Martínez.
El Gobierno del PRM ha desarrollado una curiosa habilidad: anunciar soluciones con la solemnidad de quien acaba de salvar la patria y retirarlas después con la discreción de quien espera que nadie recuerde sus promesas. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la posible improvisación detrás de sus decisiones, sino esa facilidad para convertir cualquier anuncio en una victoria propagandística, aunque todavía no sepan si podrán sostenerlo. El caso del arroz dominicano retrata una contradicción que merece explicaciones, no otra ceremonia de autocomplacencia oficial.
La denuncia formulada por Leonel Fernández pone al descubierto una cuestión que el Gobierno debe aclarar. Si el decreto presidencial destinado a proteger a los productores nacionales era jurídicamente vulnerable frente al DR-CAFTA, ¿por qué se presentó como una garantía? Y si las autoridades conocían esas limitaciones, resulta todavía más grave que no las explicaran oportunamente a quienes organizan su producción, sus inversiones y su futuro alrededor de las decisiones del Estado. Porque una cosa es equivocarse gobernando y otra muy distinta es administrar expectativas ajenas con una seguridad que después desaparece.
La dimensión moral del problema aparece cuando la propaganda pretende ocupar el lugar de la responsabilidad.
Los productores de arroz no necesitan funcionarios celebrando decretos frente a las cámaras mientras permanecen las incertidumbres sobre su actividad económica. Necesitan reglas claras, condiciones de competencia conocidas y una política agropecuaria que no cambie de dirección cada vez que la realidad internacional obliga al Gobierno a revisar sus anuncios.
La agricultura nacional merece bastante más que una administración especializada en producir titulares.
El PRM llegó al poder presentándose como una reserva de superioridad ética frente a todo lo anterior. Esa pretensión, repetida durante años, obliga a examinar con especial rigor la distancia entre su discurso y sus actuaciones. Si hubo errores de evaluación, deben reconocerlos.
Si existían limitaciones jurídicas conocidas, deben explicar por qué ofrecieron garantías sin advertirlas. Y si la protección anunciada era realmente viable, que presenten los fundamentos legales y económicos que permitan comprobarlo, en lugar de pedirle al país otro acto de fe.
La insolvencia moral que se cuestiona no está en rectificar una decisión equivocada, sino en pretender conservar la autoridad ética mientras se evaden las explicaciones sobre sus consecuencias. El Gobierno debe responder qué protección real tendrán los productores y por qué se les ofreció una seguridad que terminó cuestionada. Si no puede justificar sus decisiones, tampoco puede exigir confianza en sus promesas. La superioridad moral que se proclama desde el poder pierde toda credibilidad cuando llega el momento de rendir cuentas y las explicaciones brillan por su ausencia.
Manuel Martínez
Profesor universitario
Magíster en Comunicación Visual