¿Corre peligro López Obrador? Las claves del ‘golpe blando’ en México

Sin embargo, varios miembros de los partidos que lo llevaron al poder, aseguran que, desde su toma de posesión, AMLO es objeto de una estrategia de «golpe blando» con tres componentes.

Mentiras desde los medios de comunicación corporativos, presiones desde el exterior y amparos para sabotear las acciones de su Administración, son los ingredientes de un plan que estaría buscando desgastarlo para, en última instancia, conseguir su defenestración.

Calumnias desde los medios corporativos

El presidente López Obrador ha sido blanco de una campaña de ataques orquestada desde la mayoría de los medios de comunicación, según integrantes del oficialismo.

En un primer momento, para contrarrestar esta campaña, el mandatario salía a desmentir, él mismo, varios de los reportajes sobre supuestos actos de corrupción que involucraban a su Gobierno.

Ya en un segundo momento, designó un día a la semana para hablar de las «calumnias» publicadas en los medios. Esta sección de su conferencia matutina lleva por nombre ‘Quién es quién en las mentiras’, a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

Aunque AMLO insiste que «la gente ya no cree en las mentiras» que se difunden desde los medios de comunicación corporativos, se ha venido apoyando cada vez más en García Vilchis.

La polémica sección pasó de realizarse una vez a la semana, a llevarse a cabo cada vez que el mandatario lo considera conveniente.

«Está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios, se va a seguir incrementando la calumnia», sentenció el 9 de noviembre de este año.

Paradójicamente, López Obrador considera que la prensa en México «se regula a sí misma». En estos cuatro años la política de comunicación de su Gobierno se ha visto reducida, básicamente, a sus conferencias matutinas.

El presidente López Obrador puso a cargo de varios de los medios públicos a periodistas con larga trayectoria: Sanjuana Martínez y Jenaro Villamil.

A la primera la colocó como directora de Notimex (la agencia de noticias del Gobierno) y al segundo como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Ambos periodistas conocen a detalle el modus operandi de los poderes fácticos. Los respaldan sus investigaciones sobre el poder (y los abusos) de la Iglesia católica y las dos principales televisoras en México.

Sin embargo, ninguno de los dos ha conseguido fortalecer el papel del Gobierno en materia comunicacional.

Los medios a su cargo están muy lejos de competir frente a los gigantes corporativos. Y tampoco han tenido la capacidad de plantear una agenda informativa propia.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la audiencia de la televisión abierta —donde reinan Televisa y Tv Azteca—, pasó de 64 a un 77 % entre 2017 y el primer trimestre de 2022, confirmando su liderazgo como medio de consumo audiovisual.

Acusaciones desde Washington, el Parlamento Europeo y la OEA

El Gobierno del presidente López Obrador no ha estado exento de presiones desde el exterior. Gobiernos y organizaciones internacionales han lanzado una serie de acusaciones que han puesto en duda la gobernabilidad del país.

En el caso de EE.UU., el jefe del Comando Norte, el general Glen VanHerck, declaró en marzo de 2021 que por lo menos un 35 % del territorio mexicano estaba bajo el control de la delincuencia y el crimen organizado.

Se añaden también las ‘alertas de viaje’ hechas desde el Gobierno de Joe Biden para que ciudadanos estadounidenses eviten trasladarse a entidades federativas en México consideradas de «alto riesgo».

Otro asunto punzante entre ambos Gobiernos es el financiamiento a organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. —donde ha participado gente que AMLO considera opositora como Claudio X. González Guajardo—, de parte de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, en marzo de este año, el Parlamento Europeo alertó sobre una falta de libertad de expresión en México, en plena discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, que ponía en entredicho varios de los contratos de empresas europeas, entre ellas, la española Iberdrola.

La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, se ha convertido en el buzón de quejas favorito de la oposición.

La declaración del Parlamento del Viejo Continente habría sido una forma de presionar al Congreso para no aprobar la iniciativa, de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo.

Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), lo mismo han denunciado la «intromisión del crimen organizado en las elecciones», «ataques a las instituciones», «persecución política», que la «instalación de una dictadura».

Más recientemente, antes de la votación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la OEA rechazó la iniciativa enviada por el presidente.

Santiago Cantón, jefe de la Misión Electoral de la Organización, presentó un informe que señalaba que México «no requiere de reformas profundas para seguir garantizando el ejercicio pleno del sufragio», y criticó los «ataques infundados» contra el árbitro electoral.

Amparos: sabotaje por la vía judicial

Otro de los ingredientes de la estrategia que busca descarrillar al presidente López Obrador es el sabotaje contra sus acciones de Gobierno y varias de las reformas aprobadas en el Congreso.

La batalla a través del Poder Judicial comenzó tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, localizado en Texcoco (Estado de México).

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, y del cual formaba parte Claudio X. González Guajardo, presentaron amparos contra la decisión de cancelar el megaproyecto.

El objetivo de los recursos judiciales era no solo mantener las obras del aeropuerto iniciado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, sino sabotear la construcción de un aeropuerto alternativo.

A los interpuestos contra el Nuevo Aeropuerto Internacional ubicado en Santa Lucía siguieron otros contra el Tren Maya, una de las obras insignia de la denominada ‘Cuarta Transformación’.

También se han presentado recursos judiciales contra reformas constitucionales, reformas secundarias y decretos expedidos por el Poder Ejecutivo.

Destacan los casos de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional (y legalizar las labores de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad), la ley secundaria en materia eléctrica, así como el decreto presidencial que limita el uso de glifosato y maíz transgénico.

Hasta el momento, sin embargo, ninguno de los amparos interpuestos ha prosperado. Ninguna de las obras de infraestructura se ha cancelado. Y ni las reformas ni el decreto presidencial se han echado para atrás.

Sin embargo, en el caso del Tren Maya, por ejemplo, los amparos han obligado a detener durante varias semanas algunos tramos de la obra, mientras se espera una resolución judicial.

Los riesgos dentro de la 4T: exceso de confianza y falta de democratización de los medios

Varios de quienes integran la ‘Cuarta Transformación’ advierten que está en curso un «golpe blando» contra el Gobierno del presidente López Obrador.

Quien ha hecho más pronunciamientos es Rafael Barajas Durán, director del Instituto Nacional de Formación Política del partido en el Gobierno, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El caricaturista ha señalado que desde los medios corporativos se ha buscado desacreditar al Gobierno: se exageran sus errores y se da una exposición desmesurada a los reportajes que señalan supuestos actos de corrupción.

El objetivo, de acuerdo con Barajas Durán, es desmoralizar y hacer que la población caiga en la desesperanza, que llegue a la conclusión de que el Gobierno actual es igual que los anteriores.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña ha sostenido que no es descabellado pensar en la destitución del presidente quien, a su juicio, ha propuesto algunas iniciativas que lo ponen en peligro.

Por ejemplo, frente a la reforma constitucional para eliminar el fuero, el legislador votó en contra. Dijo que, de aprobarse la iniciativa, el presidente López Obrador quedaría desprotegido (por no tener fuero) y podría ser llevado a prisión ante un delito inventado por la derecha.

Ya lo habían intentado mediante el proceso de desafuero en la década de los 2000, recordó el legislador, cuando por una supuesta falta administrativa se buscó despojar a AMLO de sus derechos políticos. El pueblo por fortuna logró detener el atropello, puntualizó Fernández Noroña.

Hasta el momento, el presidente apela a ese mismo respaldo popular. Sin embargo, como advierten integrantes del movimiento progresista, su Gobierno no está exento de tropezar ante un «golpe blando».

La campaña mediática en contra suya no es muy distinta de la «guerra sucia» de 2006, la que lo tachaba de ‘peligro para México’, la que catapultó a su principal adversario, Felipe Calderón, en las preferencias electorales.

Hoy desde los partidos de oposición y en no pocos medios de comunicación al presidente se le acusa de ser «autoritario», «antidemocrático» y «populista».

Se asegura que «destruye las instituciones», «viola la ley» y está camino de convertir a México en una «dictadura».

Paradójicamente, donde esta estrategia ha obtenido mayores dividendos es en la Ciudad de México, donde reside el «núcleo duro» del ‘lopezobradorismo’. En las elecciones intermedias de 2021, Morena y sus aliados sufrieron un revés monumental.

Los dirigentes de Morena, entre ellos, la secretaria general Citlalli Hernández, achacaron su debacle a la «guerra sucia». Y reconocieron que fueron incapaces de neutralizarla.

En definitiva, si persiste el exceso de confianza en las encuestas de popularidad y no se avanza en la democratización de los medios de comunicación, en el Palacio Nacional el peligro seguirá latente.