Abinader anuncia y Santiago busca el dinero
Por Ramón Morel.
El presidente llegó a Santiago con cifras millonarias y fechas de inicio. Ahora debe hacer algo menos vistoso y bastante más serio: demostrar dónde está el dinero. Porque un Gobierno que cobra políticamente una promesa antes de hacer verificable su financiamiento está pidiendo confianza a crédito. Y después de seis años en el poder, Luis Abinader ya no puede exigirle a Santiago que pague otra vez con paciencia.
Durante su visita de septiembre, el mandatario anunció aproximadamente RD$9,000 millones para ampliar el Acueducto Cibao Central y RD$1,700 millones para intervenciones hospitalarias. También prometió ampliar a cuatro carriles el acceso a Licey al Medio y construir una nueva sede policial para la región Norte. El comunicado de la Presidencia del 16 de septiembre fijó enero de 2027 para el comienzo de los trabajos hospitalarios y anunció la licitación del acueducto durante 2026, con ejecución desde 2027.
El 7 de octubre, Hamlet Otáñez, presidente de la Dirección Municipal de la Fuerza del Pueblo en Santiago, planteó un reclamo que el Gobierno puede resolver con documentos: identificar las partidas, los montos anuales y las fuentes de financiamiento de esas obras. La incomodidad del emplazamiento está en su sencillez. Una descalificación partidaria no dice cuánto recibirá el acueducto. Una respuesta presupuestaria, sí.
El proyecto de Presupuesto 2027 y los anexos examinados permiten encontrar transferencias y obras para Santiago, pero no seguir con claridad el financiamiento individual de las cuatro promesas cuestionadas. Esa distancia entre lo anunciado y lo verificable compromete la credibilidad presidencial. Al ciudadano se le presentó un compromiso concreto; le corresponde recibir una explicación igual de concreta.
El acueducto, además, ya había sido anunciado por Abinader el 31 de agosto en La Agenda Semanal. La comunicación oficial del 15 de septiembre volvió sobre el proyecto y estimó una ejecución de 24 meses. Un anuncio reiterado debe venir acompañado de avances comprobables en su preparación. Repetir una obra ante otro auditorio aumenta su circulación pública; su madurez se demuestra con estudios, financiamiento y contratación.
El informe explicativo del presupuesto consigna RD$3,168.8 millones en transferencias del Gobierno Central a CORAASAN: RD$1,190.9 millones corrientes y RD$1,977.9 millones de capital. Allí se explica su destino general al agua potable y al saneamiento de Santiago, pero no cuánto corresponde a la ampliación del Cibao Central. Esa transferencia, por sí sola, no demuestra el respaldo de la obra de RD$9,000 millones.
El carácter plurianual del acueducto permite distribuir su costo entre varios ejercicios. Precisamente por eso hace falta conocer la asignación de 2027 y la programación de los años siguientes. Si existe un préstamo, una transferencia de otra entidad o cualquier mecanismo adicional, el Gobierno debe identificarlo y explicar su relación con el proyecto. La posibilidad de conseguir recursos posteriormente no equivale a demostrar que el compromiso ya tiene respaldo verificable.
En los hospitales, la Presidencia nombró intervenciones en el Estrella Ureña, el Arturo Grullón y el Cabral y Báez, además de La Canela, Cienfuegos y Pedro García. El 15 de septiembre hablaba de evaluar la inversión; al día siguiente informó que los recursos habían sido definidos y que los trabajos comenzarían en enero. El propio Gobierno elevó el nivel del compromiso. Ahora le toca mostrar cómo lo financiará.
El anexo de inversión territorial registra RD$125 millones para la reconstrucción del Cabral y Báez. Esa partida no individualiza el paquete de seis intervenciones por RD$1,700 millones. Tampoco los recursos ordinarios de los hospitales prueban, automáticamente, el financiamiento de nuevas construcciones o ampliaciones. A menos de tres meses de enero, Santiago necesita saber qué obra empezará, quién la ejecutará y con qué apropiación anual.
La carretera hacia Licey exige la misma precisión. El presupuesto identifica RD$93 millones para infraestructura vial urbana de ese municipio y RD$201.5 millones para reconstruir la carretera Uveral. Sus denominaciones no acreditan la ampliación a cuatro carriles anunciada por Abinader. La coincidencia territorial no convierte proyectos distintos en una misma promesa cumplida. Si alguna de esas partidas incluye la intervención, Obras Públicas debe demostrarlo con su alcance técnico.
Más incómodo todavía es lo que el presidente admitió sobre Tamboril y Gurabo: las ampliaciones contempladas encontraron dificultades por la magnitud de las expropiaciones. Ese reconocimiento obliga a examinar la planificación. Después de seis años de Gobierno, explicar por qué una vía resulta difícil de ampliar deja pendiente la respuesta principal: qué solución ejecutable recibirán quienes siguen atrapados en esos accesos. La dificultad técnica debe producir una alternativa financiada, con plazo y responsables.
La nueva sede policial aparece entre las demandas ciudadanas priorizadas del anexo de control social. Ese registro acredita una necesidad reconocida, pero no contiene una asignación para construirla. Según la Presidencia, el proyecto estaba próximo a licitación. Santiago tiene derecho a conocer el expediente y la programación financiera que sostienen esa afirmación. Incluir una demanda en una lista es apenas un paso administrativo; presentarla como inversión asegurada exigiría mucho más.
La falta de identificación resulta más difícil de justificar cuando el mismo informe presupuestario destaca RD$6,371 millones para el Monorriel de Santiago en 2027. Allí el Gobierno sí ofrece un proyecto reconocible y una cifra anual. Ese ejemplo permite exigir igual claridad para el acueducto y los hospitales. La transparencia que se aplica a una obra puede y debe aplicarse a las demás.
Hay otra cifra que debería quitarle comodidad a esta discusión. La Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento proyecta RD$351,327.1 millones para intereses de la deuda pública, frente a RD$257,763.8 millones de gasto de capital del Gobierno Central. Los intereses superan en aproximadamente 36.3 % todo ese gasto de capital. Es una comparación dentro del mismo ámbito presupuestario, no una cifra partidaria.
Esa carga financiera estrecha el margen de decisión y vuelve más grave anunciar compromisos sin explicar su encaje presupuestario. Cada obra debe competir por recursos que ya tienen obligaciones encima. El presidente conoce esa restricción cuando habla. Por tanto, tiene la responsabilidad de presentar las condiciones reales de sus promesas y de evitar que la población confunda una intención de inversión con una asignación comprobada.
El Gobierno también conoce la presión de los servicios básicos. Durante la visita, José Ignacio Paliza explicó que la huella urbana de Santiago pasó de unos 90 a 138 kilómetros cuadrados. Esa expansión representa alrededor de un 53 %. Si las autoridades reconocen el crecimiento, deben demostrar cómo acompasan la infraestructura y su financiamiento. Describir la demanda sirve para justificar la urgencia; no resuelve la insuficiencia de la respuesta.
Andrés Cueto, director de CORAASAN, destacó que buena parte de los componentes de una obra de agua se encuentra bajo tierra y que su importancia se refleja en la estabilidad del servicio. La observación merece llevarse hasta sus consecuencias: una familia mide esa inversión cuando abre la llave. La política de los anuncios se vuelve especialmente abusiva cuando obtiene reconocimiento inmediato por soluciones que la población todavía tiene que esperar.
El presupuesto está en discusión. El Gobierno puede aclarar las asignaciones existentes y proponer la incorporación de las que hagan falta. Ese es el trabajo que deben exigir los legisladores de Santiago, con independencia de su partido. Representar a la provincia obliga a seguir el dinero hasta cada proyecto y a fiscalizar después su ejecución. Repetir cifras presidenciales no satisface esa responsabilidad.
Abinader debe publicar una relación verificable de las cuatro promesas: código del proyecto, costo total, monto para 2027, fuente de financiamiento y calendario de contratación y ejecución. Si alguna intervención todavía depende de una decisión pendiente, debe decirlo con la misma publicidad que utilizó para anunciarla. La ciudadanía merece conocer en qué etapa real está cada compromiso.
Santiago ya hizo su parte: escuchó, identificó las promesas y fue a buscar su respaldo. Ahora el presidente debe hacer la suya. Mientras el Gobierno pretende cobrar el reconocimiento por las obras anunciadas, la ciudad sigue pagando el costo de esperar. Esa cuenta también existe. Y no la salda ninguna rueda de prensa.