Antes de subir la tarifa, reduzcan las pérdidas

Por Félix Tavárez

Cada cierto tiempo resurge en el país la idea de que el problema financiero del sector eléctrico puede comenzar a resolverse aumentando lo que pagan los usuarios. Esta vez el tema aparece nada menos que en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, que identifica entre las debilidades de la distribución unas tarifas que no reflejan los costos reales del servicio. El ministro de Energía y Minas ha aclarado que actualmente no existe un proceso en marcha para reajustarlas. Bien. Pero la sola presencia de esa alternativa en la planificación oficial obliga a discutir una cuestión previa: ¿puede pedírsele más al usuario antes de exigirle mayor eficiencia a las distribuidoras?

Mi respuesta es no.

En distribución eléctrica, aumentar ingresos no sustituye administrar bien. Una empresa puede comprar más energía, elevar nominalmente su facturación y recibir mayores transferencias del Estado y, aun así, empeorar su desempeño si no consigue transformar eficientemente la energía comprada en energía facturada y, finalmente, en dinero cobrado.

Los propios números oficiales deberían encender las alarmas.

El Informe de Gestión Comercial de las Empresas Distribuidoras publicado por el Ministerio de Energía y Minas establece que entre enero y mayo de 2026 las tres EDE compraron 7,965.2 GWh, un 0.8 % más que en el período comparable de 2025. Sin embargo, la energía facturada apenas creció 0.4 %. Más preocupante todavía: los cobros por venta de energía, medidos en pesos dominicanos, disminuyeron 0.4 %, mientras el índice acumulado de cobranza cayó de 96.7 % a 95.0 %.

Esa combinación merece atención.

Si compro más, pero la facturación crece a menor velocidad y la cobranza retrocede, no estoy cerrando la brecha comercial. Estoy ampliando la cantidad de recursos que el sistema necesita para sostenerse.

Las pérdidas acumuladas de energía se situaron en 38.6 % a mayo. Dicho de una manera que cualquier ciudadano pueda comprender: de cada 100 kilovatios-hora comprados por las distribuidoras, aproximadamente 39 no llegaron a convertirse en energía facturada. No estamos hablando de un detalle contable. Estamos hablando del corazón financiero de la distribución eléctrica.

Y mayo fue particularmente revelador: las pérdidas de energía alcanzaron 43.3 % en ese mes.

El indicador de energía recuperada —ERI— acumulado se situó en apenas 58 %, frente a 59.7 % en el período comparable. El CRI, otro indicador fundamental para medir la capacidad de las empresas de convertir energía comprada en ingresos, bajó de 59.6 % a 58.4 %.

Una distribuidora no se administra por discursos. Se administra por esos indicadores.

El deterioro también se refleja en las cuentas. El FETE acumulado pasó de US$328.5 millones a US$404.3 millones, un incremento de 23.1 %. El balance comercial negativo pasó de US$399.3 millones a US$477.9 millones. El balance corriente negativo alcanzó US$668.1 millones y el balance global llegó a US$751.1 millones. La deuda total de las distribuidoras ascendió a RD$36,802.2 millones, frente a RD$33,582.6 millones en el comparable consignado por el Ministerio.

Es difícil presentar esos números como evidencia de sostenibilidad.

Y el problema termina inevitablemente en las finanzas públicas. Al 14 de agosto de este año ya se habían devengado RD$78,800 millones para subsidiar el sector eléctrico, según registros presupuestarios reseñados públicamente. Cada peso utilizado para cubrir ineficiencias que pudieron ser evitadas es un peso que no puede utilizarse en educación, salud, seguridad, agua potable, infraestructura u otras necesidades del país.

EDENORTE tampoco escapa a esta realidad.

Su informe acumulado a mayo muestra que las compras de energía crecieron 1.8 %, mientras la energía facturada aumentó apenas 0.6 %. Sus pérdidas acumuladas pasaron de 24.9 % a 25.8 % y su índice de cobranza cayó de 97.5 % a 95.8 %. Eso quiere decir que incluso una distribuidora que presenta indicadores sustancialmente mejores que otras áreas del sistema está retrocediendo en variables que deberían estar avanzando.

Aquí es donde debe comenzar la discusión seria.

La solución no consiste en congelar eternamente las tarifas ni en negar que algún día tendrá que construirse una estructura tarifaria técnicamente coherente con los costos eficientes del sistema. Eso sería igualmente irresponsable.

Pero una cosa es reconocer la necesidad de una tarifa técnicamente sostenible y otra muy distinta es utilizar la factura del ciudadano para cubrir ineficiencias que pertenecen a la administración de las empresas.

Una tarifa eficiente debe pagar costos eficientes. No pérdidas evitables.

Antes de colocar sobre los hogares, comercios e industrias una carga adicional, el Gobierno debería comprometerse públicamente con metas verificables de reducción de pérdidas.

Primero, establecer balances de energía rigurosos por circuito, alimentador, transformador y zona comercial. Hay que saber dónde se compra la energía, dónde entra a la red, cuánto llega a cada circuito, cuánto se mide, cuánto se factura y cuánto finalmente se cobra.

Segundo, acelerar la macromedición, micromedición y telemedición donde los análisis de pérdidas indiquen mayor retorno. La tecnología no puede instalarse para exhibir cantidades de medidores inteligentes; debe instalarse donde permita recuperar energía y mejorar el ciclo comercial.

Tercero, profesionalizar nuevamente la gestión de las distribuidoras mediante indicadores y responsabilidades concretas. Cada gerente territorial debe responder por pérdidas, cobranza, calidad del suministro, lectura efectiva, fraude y recuperación de energía.

Cuarto, vincular las inversiones a resultados. No basta anunciar miles de millones de pesos en rehabilitación de redes. Después de cada inversión debe poder decirse cuántos puntos de pérdidas disminuyeron, cuántos GWh fueron recuperados, cuánto mejoró la cobranza y cuánto disminuyó la necesidad de subsidio.

Y quinto, hacer transparentes mensualmente todos estos resultados para que la sociedad pueda determinar cuáles empresas, sectores y administraciones están mejorando y cuáles están fracasando.

Ese debería ser el orden.

Primero eficiencia.

Después sostenibilidad financiera.

Y únicamente entonces puede hablarse con legitimidad de cuánto debe pagar el usuario.

Porque mientras casi cuatro de cada diez unidades de energía compradas no se conviertan en energía facturada, aumentar la tarifa sin corregir las pérdidas corre el riesgo de convertirse en el camino más fácil: cobrarle más al que ya paga para compensar lo que la administración no ha sido capaz de recuperar.

Eso no es una reforma eléctrica.

Es trasladarle al ciudadano la factura de la ineficiencia.