Crisis en partidos políticos y representatividad democrática
Rafael Guillermo Guzmán Fermín
En las últimas décadas, la calidad de la representatividad democrática, en cuanto al interés popular, ha supuesto una afección que ha planteado un contexto de crisis para los partidos políticos en muchos países. La República Dominicana no ha sido una excepción. Vistos los procesos electorales del año 2024, ocurrieron, en proporciones desmesuradas, todos los delitos electorales inimaginables, los cuales son delitos contra la democracia, ante la mirada glaucomatosa de la Junta Central Electoral, la Policía Militar Electoral y observadores nacionales e internacionales, sin ningún tipo de régimen de consecuencias.
Esta crisis en los partidos políticos puede conducir a la fragmentación del sistema político, la división de la sociedad, el surgimiento de movimientos populistas o extremistas y la falta de gobernabilidad, entre otros problemas.
Entre esas causas comunes podemos citar, sin que las mismas sean limitativas de otras, la pérdida de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos; la corrupción y la falta de transparencia; la desconexión entre los líderes políticos y la ciudadanía; la falta de renovación generacional en los partidos; entre otros factores infecciosos.
En la experiencia latinoamericana, algunos de sus partidos políticos han implementado reformas internas, logrando promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, han trabajado en recuperar la confianza de la ciudadanía a través de la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas. Así como también, la tendencia a la creación de bloques, alianzas multipartidarias o gobiernos de coalición.
Esto da como lectura que los partidos políticos deben adaptarse a los cambios sociales, económicos y culturales. Mostrando capacidad de resiliencia mediante la capacidad de representar de manera efectiva los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto, superando así la crisis de legitimidad y recuperar su función social.
En este aspecto conceptual, la legitimidad política se refiere a la aprobación y reconocimiento por parte de la población de la autoridad y el derecho de un gobierno o un líder político para tomar decisiones y ejercer el poder, dentro de un régimen democrático y representativo o, como en nuestro caso, dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho. Es, en otras palabras, la creencia generalizada de que el gobierno o el sistema político en cuestión tiene el derecho moral y legal de gobernar y que sus acciones y decisiones son justas, adecuadas y aceptables para la sociedad.
La ausencia de legitimidad política supone desafíos tangibles como la falta de apoyo popular, protestas, conflictos internos, inestabilidad política y dificultades para implementar políticas y reformas.
Por lo que tras los resultados de la participación electoral del 19 de mayo pasado, donde hubo una abstención histórica, nunca vista, de casi un 50% de los electores aptos para elegir a sus representantes, ¿podemos decir que el gobierno electo posee legitimidad?
En efecto, cuando un gobierno o líder político obtiene una victoria electoral a través de una abstención electoral de tal magnitud, inducida o derivada, es decir, cuando la participación en las elecciones se cataloga como “baja” debido a acciones deliberadas para desalentar o impedir que los ciudadanos voten, pueden surgir varios efectos negativos que podrían perjudicar la legitimidad para gobernar.
A continuación, enumeraré algunos de estos efectos posibles:
1. Legitimidad cuestionada: Una reducida participación electoral puede conducir al cuestionamiento de la legitimidad del gobierno electo, ya que se puede utilizar como un poderoso argumento el que no obtuvieron un respaldo amplio y representativo de la voluntad popular. Esto podría socavar la autoridad del gobierno y generar desconfianza en la toma de decisiones. Debido a esto, es la urgencia del gobernante reelecto en reunirse apresuradamente con los líderes de la oposición recién avasallada.
2. Falta de representatividad: Una abstención deliberada puede desconfigurar la representatividad del gobierno, ya que no refleja de manera adecuada la diversidad de opiniones y preferencias de la población, más aun, cuando se tiene el control de todos los poderes del Estado. Esto puede llevar a una falta de legitimidad para representar y gobernar en nombre de todos los ciudadanos.
3. Descontento y protestas: Una reducida votación en los comicios debido a una abstención inducida puede generar descontento entre los ciudadanos que se sienten marginados o desmotivados para participar en el proceso democrático. Esto puede provocar protestas, movilizaciones sociales y conflictos que afecten la estabilidad política y social y, en definitiva, la gobernanza.
4. Dificultades para la gobernabilidad: Esta ausencia de legitimidad a causa de una abstención inducida puede provocar serias dificultades a la gobernabilidad, ya que el gobierno puede enfrentar resistencia y oposición por parte de sectores de la población que consideran ilegítimo su mandato. Esto puede obstaculizar la implementación de políticas y reformas, tal como la reforma fiscal y la Constitución de la República, así como la toma de decisiones efectivas.
Estas variables hacen imperativo que los partidos políticos deben abocarse en reconectar con la ciudadanía, renovar sus estructuras internas, promover la rendición de cuentas y la transparencia, como ejes transversales, que dentro de un proceso democrático, sirva como cimiento para reconstruir su credibilidad en base a la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos.
Todo esto, sobre la base de sentido de unidad de cuerpo, centralismo en la ejecución de sus decisiones. Estos pasos pueden ayudar a los partidos en crisis a recuperar la relevancia y legitimidad ante la sociedad y, como vía de consecuencia, se fortalecerá la democracia.
