Luis Holguín-Veras
Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2023, realizada por el Banco Central y comentada por la prestigiosa periodista María del Carmen Guillén en Diario Libre del pasado 22 de marzo, evidencian el fracaso del actual sistema de pensiones basado en Capitalización Individual, el cual no garantiza nada a los afiliados que les produzca certidumbre.
Que al 42.3% le preocupe no tener suficiente dinero ahorrado para pagar alguna emergencia es el reflejo de la triste realidad de incertidumbre y desprotección que vive la población dominicana. A pesar de que casi la totalidad de esta tiene cobertura del Seguro Familiar de Salud, ya sea bajo el régimen Contributivo o Subsidiado.
Que un 20% diga que le preocupa la falta de recursos para pagar deudas médicas cuando la Constitución de la República Dominicana reconoce como Derechos Fundamentales a la Salud Integral, a la Seguridad Social, a la Atención a las Personas Envejecientes y a las personas con algún tipo de Discapacidad, es una triste realidad. El artículo referido puede verse en el siguiente enlace: https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2024/03/22/preocupaciones-en-encuesta-nacional-de-inclusion-financiera/2650389
La propia Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social ha sido violentada, ya sea por incumplimiento, tergiversación y violación de los derechos que son reconocidos expresamente en dicha Ley. Estas violaciones han sido hechas por las autoridades del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), a través de sus Resoluciones y Reglamentos.
El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP)considera que los resultados de esta encuesta pueden tener un sesgo, ya que los dominicanos sólo pensamos en el tema previsional cuando tenemos más de 50 años de edad, por lo cual la situación podría ser peor de la que reflejan los resultados de esta Encuesta.
Un servidor público que gana el sueldo mínimo del sector público, que continúa siendo de RD$10,000 mensuales, en realidad está ganando menos del 50% del Costo de la Canasta Familiar del Quintil 1, es decir, del 20% de la población de menos ingresos o de Pobreza Extrema. Los servidores que devengan RD$10,000.00 no pueden tener calidad de vida, ni tendrán ningún tipo de certidumbre al término de su vida laboral.
El sueldo mínimo del sector público está muy por debajo del salario mínimo de las Microempresas, que asciende a RD$14,161.00 mensuales, representando tan sólo un 72.62%.
Pese a que el CNSS en julio del 2023 reconoció su derecho a permanecer en el Sistema de Reparto Estatal y posteriormente aprobó el Manual de Procedimiento para el Traspaso desde las AFP al Sistema de Reparto Estatal, aún no se ha otorgado ninguna de las pensiones de servidores públicos que cumplen los requisitos de edad y antigüedad establecidos para obtener la pensión del Estado.
Así mismo, algunos servidores públicos continúan sufriendo que el monto de sus pensiones, a las que tienen derecho luego de trabajar más de 30 y hasta más de 35 años, les sea disminuido por el obsoleto límite de las pensiones establecido en la Ley 379-81 que establece que las pensiones de quienes trabajaron al Estado no pueden pasar de 8 sueldos mínimos, es decir, de RD$80,000.00 mensuales.
Recientemente se dio a conocer que el presidente de la República concedió otras cuarenta pensiones Especiales cuyos montos varían entre RD$30,000.00 a RD$150,000.00 mensuales, lo cual es una facultad que tiene el presidente, pero no es justo que estas pensiones se otorguen con montos que exceden el obsoleto límite establecido por la Ley 379-81, mientras dicho límite se les continúa aplicando a los servidores públicos y estos tienen que seguir luchando para que se les conceda la pensión que les corresponde, al amparo de las Leyes 379-81, 87-01, y 41-08.
El MOPESEP ha solicitado al presidente Luis Abinader que haga uso de su facultad legal como Presidente de la República para eliminar o modificar el obsoleto límite de los ocho salarios mínimos, evitando con ello que los servidores públicos que se jubilan reciban una pensión disminuida, en el momento de su vida en el que más necesitan que sus ingresos le permitan un vida digna.
La Coalición por la Seguridad Social Digna, la Facultad de Economía de la UASD y la Fundación Sol de Chile, realizaron un estudio actuarial que sustenta la propuesta de un nuevo sistema de pensiones que sustituya el fracasado sistema basado en capitalización individual, que como reflejó la ENIEF 2023, aunque la macroeconomía y el ahorro nacional se ha beneficiado del nuevo sistema de pensiones, la población, los afiliados se van dando cuenta de que no tienen certidumbre de tener una vejez digna.
El estudio realizado por estas importantes instituciones demostró que es sustentable y factible la propuesta de un nuevo sistema basado en un sistema moderno de reparto, que garantice a toda la población pensiones dignas, mejores que las que ofrece el actual sistema basado en capitalización individual que ha demostrado ser un fracaso en términos de la baja retribución que ofrece, con el agravante de su alto costo, que lo hace ineficaz e inefectivo, además de insostenible.
El fracaso del sistema de capitalización individual en la República Dominicana ha quedado demostrado y se hace necesaria la urgente modificación integral de la Ley 87-01, asegurando que la misma se base en asegurar el cumplimiento de los derechos de los afiliados y no en las ganancias de los negocios insertados en la seguridad social.
