Defensores de derechos en República Dominicana: historia, legado y desafíos
Por: Deisy Toussaint
Hay una raíz que crece en silencio, aunque la tierra le dificulta salir a la superficie: Es la voz que no puede callar ante las injusticias. En República Dominicana, esa voz ha cambiado de rostro y de época, pero sigue latiendo en los cuerpos de quienes, desde los cañaverales, las fábricas, los tribunales, los barrios o las fronteras, han decidido defender la dignidad humana, aunque cueste la paz, la salud o la vida.
La historia de la defensa de los derechos en el país está estrechamente ligada a la lucha por la libertad y la justicia social. Desde los sindicalistas que enfrentaron a la dictadura de Rafael L. Trujillo hasta los ambientalistas y abogados que hoy desafían proyectos extractivistas o políticas discriminatorias, existe una continuidad de resistencia civil.
Eulogia Familia, veterana dirigente sindical y actual representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración de la OIT, recuerda que “nuestra democracia descansa sobre la memoria de muchos mártires sindicales fallecidos, asesinados o encarcelados”. Menciona a Mauricio Báez, “líder azucarero y sindical que al convocar la huelga general de 1946, provocó que Trujillo lo deportara a Cuba, donde finalmente lo asesinó”. Esa huelga, explica que, no solo buscaba mejoras salariales, sino también “el derecho a una paga justa para las trabajadoras domésticas”.
Familia agrega que el movimiento sindical enfrentó duras represiones también durante el gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, cuando “dirigentes fueron encarcelados, deportados o asesinados por exigir libertad y derechos laborales”.
El movimiento por la igualdad y los derechos laborales de las mujeres ha seguido por esa senda. Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH), recuerda tres hitos fundamentales: “El primero fue en 1992 con la modificación del antiguo Código de Trabajo Trujillo; el segundo, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas; y el tercero, las resoluciones ministeriales del 2022”.
Cada avance, sin embargo, ha venido acompañado de nuevos retos: “Seguimos viendo cómo por ser mujer se asignan puestos de menor importancia o se nos relega al rol del cuidado, como si no pudiéramos asumir otras responsabilidades”, denuncia Pérez.
La defensa ambiental: una historia de luchas por la vida
El ingeniero Leonardo Mercedes Matos, ambientalista y vocero de la Coalición Enriquillo, destaca que la defensa del medio ambiente “tiene una tradición histórica que se remonta a décadas de movilización comunitaria y activismo social”. Recuerda figuras como Aniana Vargas,
en Bonao, que enfrentó la contaminación minera de Falconbridge Dominicana, así́ como la agitación social desarrollada alrededor de la elaboración y aprobación de los anteproyectos de las leyes: General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Sectorial de Áreas Protegidas.
Afirma que “casos emblemáticos marcan esa historia reciente: el rechazo de una cementera en Gonzalo, Los Haitises (provincia Monte Plata); la construcción de la Presa de Cola en Yamasá́, la defensa de Loma Miranda como Parque Nacional; el rechazo al proyecto minero en San Juan, la lucha contra la explotación minera de la Sierra de Bahoruco Oriental, en Barahona, y los conflictos generados por la empresa minera Barrick Gold al tratar de construir una nueva Presa de Cola en El Naranjo, Cotuí́.
Aunque el país cuenta con normativas como la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente que establece sanciones y la Ley 202-04 de Áreas Protegidas, Mercedes Matos entiende que los defensores ambientales enfrentan desafíos como “criminalización, amenazas y violencia”.
Entre leyes invisibles y silencios cómplices
Desde el ámbito jurídico, la abogada Altagracia Jean Joseph plantea una crítica profunda al sistema: “Como Estado hemos asumido una actitud de no nombrar para evadir responsabilidades; solo hacemos menciones genéricas”.
Subraya que no existe una ley específica de protección para defensores de derechos humanos, y aunque la Constitución, en su artículo 26, asume los acuerdos internacionales, “no hay una legislación que enfatice directamente la protección de los defensores ni una aplicación justa y real de las leyes existentes,”.
La defensa de los migrantes
La abogada María Bizenny Martínez, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos e Incidencia Política del Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), conoce de cerca los riesgos del activismo por los derechos de las personas migrantes.
La defensa y promoción de los derechos humanos ha evolucionado, pero hoy te matan en las redes sociales”, advierte, refiriéndose a cómo las campañas de difamación, el hostigamiento digital y la falta de respuesta institucional han generado un clima hostil para las personas y organizaciones que velan por los derechos y la justicia social.
“No existen garantías de protección», afirma. La mayoría de los sectores de poder político se unen al miedo cuando se trata de migrantes, mujeres o personas LGBTIQ+”.
Bizenny Martínez denuncia que el Ministerio Público “no ejerce de oficio ante los ataques, ni siquiera hay un lugar específico donde colocar las denuncias”.
Reconoce el apoyo de organizaciones internacionales como Front Line Defenders, el Fondo de Emergencia Feminista, la Organización de las Naciones Unidos (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lamenta que “el Estado dominicano continúa sin reconocer la existencia de una violación sistemática de derechos”.
Nuevos desafíos en la defensa de los derechos laborales
El sindicalismo también enfrenta transformaciones complejas. Eulogia Familia observa que los retos actuales incluyen “la digitalización del trabajo, la informalidad, la violencia y el acoso laboral”. Añade que encaran como gran desafío “el modelo conservador que predomina en el país y en el mundo, que margina a migrantes, mujeres y personas con discapacidad”.
Hacia una protección integral para quienes defienden derechos
Los citados defensores coinciden en que la legislación debe incorporar medidas de protección física y psicológica, acompañamiento legal y la creación de un registro público de defensoras y defensores reconocidos por el Estado.
El país ha firmado tratados, ha promulgado leyes y ha desarrollado movimientos sociales sólidos, pero las limitaciones persisten. Defender derechos ha sido y sigue siendo una forma de resistencia frente al olvido. Desde los mártires sindicales de los años 40 hasta los activistas que en la actualidad enfrentan discursos de odio, la trayectoria demuestra que las conquistas nunca son definitivas. Sin embargo, el eco de las luchas pasadas sigue recordando que no hay democracia sin quienes la defienden. La historia de las personas defensoras de derechos humanos en territorio dominicano es, en el fondo, la historia de un país que busca su supervivencia.
En esa misma línea de continuidad y compromiso, surge la Alianza de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la República Dominicana, un espacio de articulación entre voces diversas que apuestan por la solidaridad y la protección colectiva. Su propósito es fortalecer la incidencia, visibilizar las amenazas y promover políticas públicas que garanticen la seguridad, el reconocimiento y la dignidad de quienes, cada día, sostienen la defensa de los derechos. Conoce más en Instagram: @AlianzaDefensoresRD.
