Déficit crónico de las Edes y la sostenibilidad fiscal

Francisco Antonio Méndez

Durante su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio el presidente Abinader señaló que “el sector eléctrico en los últimos 22 años le había generado pérdidas a la nación por 674 mil millones” y prometía dedicarle su atención, en caso de ser favorecido con un segundo mandato a través del “mercado de capitales”. Por igual, el expresidente Fernández entizaba en la imperiosa necesidad de resolver ese acuciante problema. Y con razón, ya que las distribuidoras se han constituido en un cáncer para nuestra economía.
Es de conocimiento generalizado que el crónico déficit financiero de las empresas distribuidoras, de unos US$4,000 millones (2021-2023) es también una de las razones del persistente déficit fiscal que ha venido siendo solventado con empréstitos y endeudamiento, por lo cual el stock de deuda consolidada del estado ascendía a noviembre 2023, según el Centro Regional Estrategias Económicas Sostenible (CREES), a US$75,048.7 millones.

En otras palabras, que del 3% del PIB que representa el déficit fiscal proyectado (unos RD$230,000 millones), alrededor de 1% corresponde a las deficiencias financieras y operativas de las famosas EDEs.

Sin embargo, el último reporte del Ministerio de Energía y Mina nos trae que, para el trimestre enero/abril 2024, las pérdidas totales ascienden a 41.6% -perdidas de energía de 36.1% y cobranzas de tan solo 94.5%. Las distribuidoras, en lugar de mejorar han empeorado su desempeño. En el 2020 sus pérdidas totales eran de 37.6%.

En este sentido, tenemos unos déficits entrelazados que motivan, quizás, a la búsqueda de soluciones mágicas que los exorcicen. Sin embargo, no todas las soluciones son apropiadas en nuestro contexto.

Por ejemplo, ya salen propuestas de privatizar Punta Catalina y las EDEs para disminuir los niveles de deuda del estado. Propuesta que tiene parecido a lo señalado por el presidente Abinader de apelar a los “mercados de capitales”. O sea, la venta parcial o total del capital accionario o de los activos de las mismas. Opción, que le proveería recursos extraordinarios al estado sin enfocarse en los aspectos fundamentales, de eficientizar sus gastos y aplicar una más racional política de endeudamiento. Algo análogo a pedir adelantos a la Barrick o la banca nacional.

Por consiguiente, entendemos que tal señalamiento, en el caso de Punta Catalina carece de sentido y racionalidad ya que la misma está produciendo importantes ingresos al estado. Luego, lo que se debe exigir es que su administración continúe bajo los parámetros de eficiencia operacional que viene exhibiendo.

En el caso de las EDEs, favorezco un esquema de concesión o capitalización en lugar de su privatización. Esto así porque, primero, las mismas, en su actuales y deprimentes condiciones no tienen un apropiado valor de mercado para vender sus activos. Luego los ingresos al estado, si acaso se obtuvieran, serían pírricos. Segundo, la falta de inversión de alrededor de US$400 millones anuales pudieran ser aportados directamente por el inversionista estratégico mediante la inyección de capital accionario si se elige el esquema de capitalización. Tercero, bajo este esquema, uno de los puntos básicos debe ser una reducción escalonada del subsidio estatal en función de los parámetros definidos en un adecuado “Performance Management Agreement” (por ejemplo, US$1,500/Y1; US$1,400/Y2, US$1,300/Y3… etc.), ahorros que vendrían a ser equivalentes a un ingreso corriente no monetario.

Como ya hemos señalado, las deficiencias operativas de las EDEs generan un déficit financiero crónico que sangra las finanzas públicas. El subsidio eléctrico forma parte consustancial del déficit fiscal y del endeudamiento del estado. En la actualidad el pago de los intereses está consumiendo un 25% de los ingresos fiscales. Los mismos, en consecuencia, son una bomba de tiempo que pone en peligro la sostenibilidad de nuestras finanzas y de la estabilidad macroeconómica.

Por supuesto que, cualquier modalidad de incorporación de capital y gerencia privadas –privatización, concesión o capitalización- adecuadamente ejecutado toma tiempo. En el mejor de los casos y realizado “fast track”, digamos que un año.

Por consiguiente, una recomendación de racionalidad y optimización estratégica sería que, i) se especializaran los recursos generados por EgeHaina, EgeItabo y Punta Catalina para las inversiones inmediatas que requiere el sector de distribución; ii) que en paralelo se conforme una estructura técnica que se encargue de la contratación de la apropiada asesoría técnica, legal y financiera para la ejecución del IPO (Initial Public Offering) o Concesión, bajo la supervisión y coordinación de la dirección del Consejo Unificado de las EDEs pero sin afectar el día a día operativo; iii) dar poder real al Consejo Unificado, y quizás reestructurarlo, para que pueda designar gerentes y aplicar prácticas operativas y comerciales en las EDEs con enfoque netamente gerencial y no político; iv) Que se elabore un protocolo de designación, con los requisitos mínimos requeridos para los administradores o directores de las empresas energéticas de propiedad estatal –Punta Catalina, Empresa Hidráulica de Generación y Empresa de Transmisión- para que los logros obtenidos, por ejemplo en Punta Catalina, no se reviertan sino que se conviertan en un patrón.

Entendemos que la prioridad A1 debe ser la eliminación de las deficiencias crónicas de las EDEs, no usar el sector eléctrico para resolver los problemas fiscales del gobierno a través de la enajenación de sus activos sino mediante la reducción de los subsidios y la maximización de los ingresos del estado en las otras empresas de capital estatal –EgeHid, ETED y Punta Catalina.