Democracia bajo presión: incertidumbre geopolítica y resiliencia

Tomando como telón de fondo a esta reflexión el más reciente documento de políticas de IDEA Internacional, donde se advierte que la integridad electoral atraviesa su prueba más exigente en décadas, pero también donde se documenta que las democracias conservan una sorprendente capacidad de adaptación y renovación. El año 2024 quedará registrado en la historia política contemporánea como el del mayor ciclo electoral jamás celebrado: más de tres mil millones de personas fueron convocadas a las urnas en decenas de países. Visto desde lejos, el dato parecería confirmar el triunfo definitivo del sufragio como vía de acceso al poder. Sin embargo, una lectura más atenta revela un panorama considerablemente menos tranquilizador.

Según el documento de políticas Desafíos a la Integridad Electoral en las Democracias, publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en mayo de 2025, uno de cada tres votantes de aquel superciclo acudió a votar en países donde las elecciones resultan hoy menos creíbles que hace apenas un lustro. El contraste no podría ser más elocuente. Nunca antes tantas personas votaron; nunca antes, en la era democrática reciente, tantas dudaron del valor de su voto. El informe, elaborado por Marcela Ríos Tobar, Nicolás Liendo y Marcelo Vera desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, recuerda que el 2023 fue el octavo año consecutivo en que los retrocesos democráticos superaron a los avances en el mundo, con cerca de 82 Estados mostrando señales de erosión en al menos una dimensión de su vida institucional.

No se trata de episodios aislados, sino de un patrón global de vulnerabilidad que exige atención, en la medida en que se ha configurado una tormenta perfecta para la incertidumbre, abriendo la interrogante que nos reta a responder a la siguiente interrogante ¿cómo explicar el presente deterioro? Como respuesta, el diagnóstico de IDEA Internacional apunta a una convergencia de factores estructurales y emergentes que se refuerzan entre sí: el aumento de la polarización afectiva, el ascenso de liderazgos iliberales, la concentración del poder, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la transformación digital de la política, con su secuela de desinformación y usos maliciosos de la inteligencia artificial. A ello se añaden amenazas de naturaleza propiamente geopolítica: el crimen organizado transnacional y la inestabilidad del orden internacional, capaces de tensionar incluso a democracias consideradas estables.

Hoy más que nunca resulta indispensable el compromiso de la administración electoral, con la construcción de confianza institucional, ese capital escaso que nos dice que, quizás el dato más inquietante del informe no esté en las amenazas externas, sino en el estado de ánimo de la ciudadanía. Apenas el 12,6 por ciento de los encuestados por la Encuesta Mundial de Valores manifestó tener mucha confianza en las elecciones. En América Latina, la confianza en los procesos electorales se sitúa en torno al 38 por ciento, y la depositada en las autoridades electorales desciende al 34 por ciento, de acuerdo con mediciones de LAPOP y Latinobarómetro recogidas en el documento sirve de base a esta reflexión. En once de los diecinueve países evaluados por IDEA Internacional, menos de la mitad de la población consideró que su última elección fue libre y justa.

Esta desconfianza no surge en el vacío. Entre 2020 y 2024, cerca de una quinta parte de los procesos electorales del mundo fue objeto de controversia política o legal, y en más de la mitad de esos casos se presentaron demandas judiciales. La conflictividad afecta tanto a democracias emergentes como a regímenes consolidados, y se alimenta de fenómenos bien identificados: organismos electorales sometidos a presiones políticas, restricciones presupuestarias y designaciones poco transparentes; opacidad persistente en el financiamiento de la política; y reformas electorales que, presentadas como correcciones técnicas, terminan extendiendo mandatos, alterando las condiciones de competencia o recortando la autonomía de los árbitros del juego democrático.

Hay que subrayar la importancia de no caer en el derrotismo, basándonos en una lectura del documento desde sombrías perspectivas. Su tesis central es precisamente la contraria: a pesar de las presiones, la democracia ha demostrado una y otra vez capacidad de adaptación y renovación. La expansión del sufragio hacia grupos históricamente excluidos, la adopción de cuotas de género en más de ciento treinta países y el fortalecimiento de los mecanismos de inclusión reflejan un compromiso progresivo con la igualdad política, constituyéndose en señales de resiliencia. En contextos adversos, la movilización ciudadana ha resultado decisiva: experiencias como las de Brasil, México, Zambia o Bielorrusia muestran que coaliciones sociales amplias pueden promover controles ciudadanos, escrutinios públicos y frenos efectivos al autoritarismo. Cuando las instituciones y la ciudadanía actúan en conjunto, la democracia resiste y se renueva.

Lo que a nuestro juicio resulta importante, es asumir la propuesta sugerente del informe, que radica en abandonar la idea de que la integridad electoral es responsabilidad exclusiva de los organismos de gestión electoral y adoptar, en cambio, una visión de ecosistema. La calidad de una elección no depende únicamente del desempeño técnico del árbitro, sino del compromiso de los partidos y las candidaturas con las reglas del juego, del rigor con que los medios informan, de la vigilancia que ejerce la sociedad civil y de la disposición de las plataformas digitales a asumir responsabilidades, entendiendo que la defensa de las elecciones libres y justas, sostiene IDEA Internacional, es una tarea de toda la sociedad.

Sobre base de articular como respuesta una hoja de ruta para tiempos difíciles, el documento articula una decena de propuestas estratégicas. La primera y más urgente: reconstruir la confianza pública mediante un pacto amplio y vinculante de defensa de la integridad electoral, que incluya medidas claras contra la proliferación de acusaciones infundadas de fraude y protocolos de respuesta rápida frente a las campañas de desinformación. Le siguen: el fortalecimiento de la autonomía funcional; presupuestaria y operativa de los organismos electorales; procesos de designación imparciales y transparentes; la regulación y fiscalización efectiva del financiamiento político; la consolidación de marcos de reforma electoral legítimos, graduales y participativos, que eviten la instrumentalización de las reglas; y la prevención, el monitoreo y la sanción de la violencia política en todas sus formas, con especial atención a la violencia digital de género.

El informe propone, además, promover una cultura democrática digital que combine alfabetización mediática, verificación de datos y responsabilidades claras para las plataformas tecnológicas; y crear mecanismos internacionales permanentes de observación y monitoreo, incluida la figura de un relator especial para la credibilidad electoral, capaz de emitir alertas tempranas ante regresiones democráticas.

Para la República Dominicana y para América Latina en general, región a la que el documento dedica especial énfasis, estas recomendaciones tienen una resonancia inmediata. Nuestros sistemas electorales han alcanzado niveles notables de sofisticación técnica, pero operan en un entorno regional donde la desconfianza, la polarización y la penetración del dinero ilícito en la política constituyen riesgos permanentes. La lección del informe es clara: la fortaleza técnica de los órganos electorales es condición necesaria pero no suficiente; sin un compromiso sostenido de toda la sociedad con las reglas del juego, la mejor ingeniería electoral puede resultar insuficiente.

Como bien plantean los autores del informe, Marcela Ríos y Nicolas Liendo, en un contexto de radical incertidumbre como el actual, la integridad de las elecciones, es fundamental para fortalecer la calidad de las democracias. La frase tiene algo de obviedad y mucho de advertencia. Las elecciones siguen siendo el corazón del sistema democrático, pero ese corazón late hoy en un cuerpo sometido a tensiones extraordinarias. Que siga latiendo con vigor dependerá menos de la fortuna que de la voluntad colectiva de protegerlo: de gobiernos que respeten la autonomía de los árbitros; de partidos que acepten perder; de medios que verifiquen antes de publicar; de plataformas que no lucren con la mentira y de ciudadanos que comprendan que la democracia, como todo patrimonio valioso, solo se conserva si se defiende.