Después del segundo año de gobierno las encuestas no mienten.
Por Juan Carlos Espinal.
Las crisis sociales, políticas y económicas suceden a prolongados períodos históricos de desestabilización generados por constantes vacíos electorales, divisiones políticas, guerras civiles, golpes de Estado y estados de excepción.
La legitimidad popular del gobierno del presidente Luis Abinader 2020-2024 depende del control del Poder Legislativo, del uso intensivo del presupuesto nacional y del vacío político existente que pudiese generar división en la oposición.
El equilibrio sociopolítico del gobierno del presidente Abinader está sujeto a la combinación de fuerzas sociales agrupadas en la sociedad civil organizada, los medios de comunicación corporativos y la influencia que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el Poder Judicial.
Para que en las elecciones presidenciales del 2024 la sociedad dominicana eluda sus obligaciones constitucionales frente a la insatisfacción que le generan las medidas contradictorias del gobierno del PRM que afecta su bolsillo hará falta fusionar toda la oposición politica en favor de la candidatura presidencial de Luis Abinader, crear un polo opositor electoral único que facilite la reelección y ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.
La división política de la oposicion FP-PLD le otorga cierta ventaja comparativa al gobierno aunque la reelección aisle al PRM de los Ministerios y Direcciones Generales, los peremeistas en su mayoría estén desempleados y la crisis sanitaria impida recomponer la economía.
La inestabilidad política exige una coalición electoral entre las fuerzas sociales y políticas de oposición, el voto independiente, los estudiantes universitarios y las amas de casa.
El aspecto distintivo de la crisis sanitaria ha sido el divorcio de amplios sectores de oposición en los gremios, el Congreso y Ayuntamientos con los intereses nacionales.
La unidad electoral de la oposicion establece la estabilidad política aunque ese proceso pasa por la construcción de un nuevo consenso.
La capacidad de la sociedad civil organizada para desarrollar movimientos sociales estables dependerá ante todo de su posibilidad de identificar su vínculo con los colectivos populares, movilizar los trabajadores hacia la política y elaborar una propuesta creíble de salida a la crisis.
Aún cuando el presidente Abinader es un hombre de empresas posee determinada influencia social y política en amplios núcleos urbano rurales que se encuentran en un estado de incertidumbre generalizada frente a un dilema económico insoluble en el trajín de las diferencias políticas.
En COVID-19, su principal obstáculo no solo proviene de las condiciones políticas objetivas locales sino de las actitudes subjetivas globales que no puede manejar.
El problema del PRM es su natural oposición a la política.
Las contra reformas sociales, políticas y económicas fondo monetaristas, con raras excepciones, eluden cumplir un papel de protección social.
Condenan en especial a los trabajadores.
Castigan a las clases medias, a las amas de casa y hacen desaparecer la función pública en el Estado.
El gobierno del presidente Abinader tiende a ver a los partidos políticos opositores como agentes de desunión antes que como mecanismos para la construcción de consenso.
Su objetivo es una comunidad empresarial sin partidos políticos que signifique el consenso obtenido por medio de órdenes administrativas.
Dicho modelo de gobierno no tiene en cuenta la necesidad de medir las causas y las consecuencias de los potenciales conflictos sociopolíticos, reconciliar los intereses encontrados y dar solución a los problemas.
Estas deficiencias cognitivas llevan a los partidos políticos de oposición a modificar su hostilidad hacia el gobierno y seguir un camino distinto al evaluar las desiciones unilaterales del gabinete presidencial.
Aunque el centro del poder político continua siendo el Poder Ejecutivo resulta evidente que es probable que la estructura formal del gobierno del PRM se haya deslegitimizado frente al mecanismo de organización de la participación popular interna.
Los más serios esfuerzos para crear un gobierno de estabilidad democrática en gobernabilidad democrática que llenase el vacío político existente gira en torno a las preocupaciones del sistema por crear un consenso de clase.
En las nuevas revoluciones sociales la causa simbólica de la caída de los gobiernos neoliberales puede tener respuesta en la insatisfacción popular, la ausencia de respuesta de los funcionarios públicos ante los problemas estructurales y la aparición de nuevos agentes de cambio.
Los procesos revolucionarios, la movilización social de nuevos actores políticos señalan el comienzo del proceso de transformación en la medida en que la competición entre las élites lleva a las masas a convocar el voto de castigo.
En América Latina y el Caribe el viejo régimen neoliberal ha perdido legitimidad y poder y por lo tanto se derrumba para dejar un vacío de autoridad.
Chile, Colombia, Peru, Cuba, México, las islas del Caribe de Barlovento, Haiti, Nicaragua, Brasil, Venezuela explican la realidad hemisférica existente.
Por razones tácticas e ideológicas la meta del FMI es ensanchar las desigualdades, dispersar la oposicion política y atraer un nuevo consenso de clase para evitar la movilización.
Con los fideicomisos sustituyendo las instituciones públicas, con la inseguridad jurídica hecha trizas y con la crisis sanitaria sin solución cada dia más los desempleados están siendo empujados a la participación política.
El ex presidente Danilo Medina no lo entendió.
