El CES debe revisar con nuevo enfoque el Pacto Eléctrico
Por Altagracia Paulino
Un pacto no vale por la calidad de las firmas que contiene, sino por la convicción de quienes lo suscriben de que será cumplido.
En medio de una nueva crisis en el suministro de energía, la comisión que estudia el Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social, CES, se reunió el viernes 31 de julio. Participamos en esa reunión en representación del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, Onpeco.
Allí reivindicamos el derecho a saber que asiste a todos los ciudadanos sobre lo que ocurre en el sector eléctrico. Los usuarios no han sido suficientemente informados acerca del cambio de medidores, las razones de las altas facturaciones ni el regreso de apagones que, en algunas zonas del país, se prolongan hasta por tres días.
También debe primar la transparencia. Cada compromiso tiene que ser público, medible y sujeto a plazos definidos.
La población tiene derecho a conocer qué se prometió, quién debe cumplirlo y en qué fecha. Los pactos que permanecen en los escritorios terminan perdiendo legitimidad.
Si nadie responde por los compromisos incumplidos, el pacto se convierte en una declaración de buenas intenciones. No siempre se requieren sanciones legales. También existen sanciones políticas, institucionales y de reputación, mediante informes públicos que evidencien quién cumplió y quién no.
El éxito del pacto no debe medirse únicamente por la cantidad de energía generada, sino por lo que experimenta el ciudadano: menos apagones, facturas comprensibles, tarifas razonables, atención eficiente y confianza en el sistema. La energía existe para servir a las personas, no al revés.
La crisis eléctrica no solo apaga los bombillos. También apaga la confianza ciudadana, uno de los males más graves que arrastramos. Cuando una sociedad pierde la confianza, ningún sistema funciona plenamente.
En el país también se forman comisiones de veeduría, pero no se conocen informes convincentes sobre sus resultados. Es necesario revisar esas comisiones y establecer un sistema creíble de información con resultados medibles
La crisis de credibilidad que vive el país no se resolverá con nuevos discursos, sino con instituciones que demuestren, día tras día, que la palabra empeñada tiene valor. Ese debe ser el mayor aporte del CES: convertir la concertación en cumplimiento efectivo.
Esa vigilancia ciudadana ayudaría a impedir que los compromisos vuelvan a diluirse entre excusas, silencios administrativos y cambios de gobierno.
Las instituciones que componen el Consejo Económico y Social deben asumir el compromiso y el deber moral de reconstruir la confianza sobre la base de la verdad, la transparencia y el cumplimiento.