El CONEP tiene razón sobre el arancel del 12.5%
Por Manolo Pichardo
El CONEP acierta al señalar que el argumento esgrimido por Estados Unidos para imponer un arancel del 12.5% a las importaciones dominicanas no corresponde a la verdad. La medida -que instrumentaliza mecanismos legales bajo la narrativa del trabajo forzoso- responde, en realidad, a la agresiva política proteccionista de la actual administración, que busca encarecer los productos importados para blindar y reimpulsar su producción nacional, asediada por una industria mundial desafiante que produce barato, con igual o mayor ventaja tecnológica, y que se apoya en una cadena de suministro alternativa, articulada a través de nuevas alianzas comerciales que la hacen cada vez más ágil y eficiente.
Esta acción se enmarca en la guerra arancelaria que Washington sostiene tanto con sus competidores comerciales como con sus propios aliados estratégicos -los europeos integrados, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea de Sur y Australia-, con el objetivo de revertir la deslocalización programada por los republicanos durante la administración de Ronald Reagan en los años 80, que desembocó en la desindustrialización estadounidense.
La administración de Donald Trump aspira a devolverle al país su otrora músculo industrial. Su eslogan de campaña “Make America Great Again” encierra ese propósito. Pero él no es el primero en intentar la relocalización o reshoring, como se le llama en inglés, pues desde la gestión del presidente Bill Clinton el esfuerzo ha sido reiterado; sin embargo, es muy probable que ya sea demasiado tarde: los actores de verdadero peso e influencia global ya están redefiniendo la arquitectura comercial del planeta, mientras el Caribe y Centroamérica, con economías y mercados pequeños, ni siquiera figuramos en el tablero geocomercial como peones.
Al asumir su segundo mandato, en la línea de colocar a los Estados Unidos en el centro del comercio mundial y primero en la carrera por la innovación, articuló una política mediante decretos de emergencia y aranceles recíprocos generalizados. Los primeros blancos de los ataques arancelarios fueron México, Canadá y China. Con los dos primeros países EE.UU. tiene un acuerdo de libre comercio; el que está hacia el sur es un aliado incómodo desde que el PRI y el PAN salieron del escenario de poder para dar paso a Morena; y el asiático, rival número uno, no porque la gestión le dio tal calificación por razones ideológicas como era usual durante la Guerra Fría, sino porque de facto, en términos de los indicadores que involucran la competencia -el desafío en el ámbito de la manufactura, la generación de energía, el avance en la computación cuántica, la robótica, la inteligencia artificial y la biotecnología-, el país de la Gran Muralla le pisa los talones, empata o lo rebasa.
No olvidemos que, de entrada, colocó aranceles a Canadá y México de 25% y a China de un 10%. El castigo a los socios comerciales fue significativamente mayor; yo diría que en proporción al intercambio comercial y al volumen de las importaciones de esos dos países hacia Estados Unidos. Y como si no fuera suficiente, vino la escalada del llamado “Día de la Liberación”, que estremeció el comercio mundial con el anuncio de aranceles recíprocos de un mínimo de 10% a 185 países de los 192 reconocidos por las ONU. También dio a conocer la imposición de tarifas de un 50% o más en sectores clave como aluminio, automóviles y farmacéutica.
Los 185 países no fueron acusados de violar los derechos laborales. En el caso dominicano, la narrativa punitiva omite de forma deliberada las auditorías y certificaciones internacionales que avalan a los sectores productivos locales; se acude al pretexto regulatorio solo porque las normas multilaterales impiden imponer aranceles directos de forma arbitraria. Algunos analistas sugieren que tales medidas están relacionadas con las debilidades estructurales de su industria, de su economía, de su déficit fiscal y una deuda que alcanza el 125% de su PIB; lo que trae como consecuencia el encarecimiento de los intereses que debe pagar a sus acreedores, sujetos que, como China y Japón, los mayores tenedores, han venido deshaciéndose de los bonos del Tesoro por miedo -por primera vez desde que el dólar es la moneda de reserva internacional- a que su cliente no honre sus pagos.
El juego de imprimir papel para obtener préstamos baratos y bienes que representan riqueza real -materia prima y trabajo- es un privilegio que incomoda a otros países; por ello, volver a la industria es una salida para seguir compitiendo en un mercado cada vez más complejo y plural. Por ello, el arancel que desglobaliza la globalización promovida por Estados Unidos -disfrazado de sanción laboral para los países pequeños y de seguridad nacional para sus grandes rivales-, sumado a conflictos bélicos regionales que buscan los beneficios de la producción energética y las acciones que procuran frenar el desarrollo tecnológico de sus competidores, son parte del cóctel que conforma la estrategia geopolítica del presidente Trump para devolver la grandeza a su país en medio de un escenario que supera su legítimo y patriótico deseo de recolocar a la tierra que vio nacer a Abraham Lincoln en el centro del poder global.