El dilema del desarme en el Líbano: la lucha por los campamentos palestinos
Corresponsal de The Cradle en Palestina.
Ilustración: The Cradle
La prisa del Gobierno libanés por desarmar a las facciones palestinas es el preludio de una campaña más amplia contra Hezbolá, en la que Washington y Ramala desempeñan un papel clave entre bastidores.
En el Líbano se está llevando a cabo una campaña silenciosa pero estratégica para desarmar los campos de refugiados palestinos, considerados desde hace tiempo zonas autónomas con sus propias jerarquías políticas y militares.
Este esfuerzo no se limita a la seguridad interna del Líbano. Según fuentes cercanas a las facciones libanesas y palestinas, sirve como ‘globo de prueba’ para lo que muchos en Washington y Tel Aviv esperan que sea una futura medida para neutralizar el arsenal de Hezbolá.
Al convertir los campamentos en el primer escenario del desarme, los actores occidentales buscan una oportunidad de bajo costo y bajo riesgo para poner a prueba las reacciones locales.
Si el Gobierno libanés logra despojar a estos campamentos de sus armas sin desencadenar una resistencia violenta, podría sentar un precedente para un enfrentamiento más amplio con Hezbolá.
Por el contrario, el fracaso pondría de manifiesto los límites del control estatal y trasladaría las repercusiones políticas a otros lugares.
A ojos de muchos observadores, no se trata simplemente de una cuestión libanesa, sino de un asunto profundamente ligado a la dinámica del poder regional y a la agenda más amplia de neutralizar la resistencia a los intereses israelíes y estadounidenses en la región.
Fuentes del servicio de inteligencia del ejército libanés informan a The Cradle de que, a pesar de la presión de Washington, todavía no existe una estrategia estadounidense coherente para los campamentos palestinos.
La prioridad inmediata de Estados Unidos sigue siendo Hezbolá, mientras que Israel continúa gestionando las operaciones sobre el terreno. Sin embargo, la instrumentalización de la cuestión del desarme de los campamentos ya ha comenzado, especialmente en los medios de comunicación libaneses y en los círculos diplomáticos.
Fuentes palestinas también apuntan al apoyo de Estados Unidos a una ‘fase piloto’de desarme en determinados campamentos —posiblemente primero en Ain al-Hilweh y Burj al-Shamali— para evaluar la resistencia y la respuesta.
La alianza silenciosa de Ramala con Beirut
Una visita poco publicitada de Majid Faraj, jefe de Inteligencia de la Autoridad Palestina (AP), a Beirut el mes pasado reveló la disposición de Ramala a ayudar a facilitar el desarme de los campamentos. Faraj se reunió a puerta cerrada con el presidente libanés, Joseph Aoun, y altos funcionarios de inteligencia. Según se informa, las conversaciones se centraron en la oferta de la AP de supervisar el proceso de desarme y asumir las responsabilidades de seguridad dentro de los campamentos.
Faraj también presionó para que se introdujeran cambios radicales en la embajada palestina en Beirut, abogando por la destitución del embajador Ashraf Dabour.
Aunque los funcionarios libaneses se negaron a actuar de inmediato, alegando la delicadeza del momento, la agenda de Faraj refleja un intento de la AP de aumentar su influencia en el Líbano marginando a las facciones rivales, en particular a Hamás.
Además, Faraj ofreció una cooperación más profunda en materia de inteligencia entre la Autoridad Palestina y las agencias libanesas, en particular en lo que Ramala denominó “esfuerzos antiterroristas”.
Según se informa, la parte libanesa expresó sus reservas, dado que Hezbolá y otras facciones consideraban hostil la categorización de la Autoridad Palestina.
Fuentes de inteligencia libanesas informan a The Cradle que la Autoridad Palestina había estado recopilando discretamente información sobre las redes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina (PIJ) en el Líbano.
Las facciones de la resistencia palestina en el Líbano afirman que Hezbolá ha comunicado que la Resolución 1701 de la ONU, dirigida originalmente contra Hezbolá tras la guerra de 2006, también debería aplicarse a las facciones palestinas que operan en el sur del Líbano. Esta alineación indica un impulso concertado para universalizar el marco de desarme bajo cobertura internacional.
Hezbolá, Hamás y el cálculo estratégico de los frentes
Las recientes detenciones de operativos vinculados a Hamás por parte de la inteligencia del ejército libanés, tras el lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, revelan lo mucho que está en juego.
Fuentes palestinas confirman a The Cradleque varias figuras de Hamás fueron detenidas discretamente, y que tanto el Estado libanés como la resistencia optaron por restar importancia a los hechos para evitar el escrutinio público.
Las fuentes palestinas revelan que estas detenciones tenían como objetivo a varios comandantes militares de Hamás, en el marco de una investigación sobre los recientes lanzamientos de cohetes hacia los territorios palestinos ocupados. Según se informa, los servicios de inteligencia del ejército libanés actuaron en coordinación con objetivos de seguridad más amplios, aunque el asunto se mantuvo en secreto para evitar que se convirtiera en una controversia pública.
La decisión de mantener en secreto las detenciones se vio influida por acontecimientos similares en Jordania, donde se detuvo a varias personas por su presunta participación en planes para lanzar cohetes, y se especula que habían recibido entrenamiento técnico y de seguridad en el Líbano.
Los grupos de resistencia temen que los detenidos puedan ser asesinados si son liberados sin garantías, lo que añade urgencia al tratamiento interno de la cuestión por parte de las facciones.
Según se informa, las detenciones están relacionadas con los preparativos de futuras operaciones, que incluían campos de entrenamiento y actividades de coordinación.
Mientras que Ramala califica estas actividades de “terrorismo”, Hezbolá y otros las consideran resistencia legítima, lo que pone de relieve las estrategias divergentes de los palestinos y la tensión que rodea la campaña de desarme.
Para complicar aún más las cosas, hay informes sobre bases de entrenamiento secretas vinculadas a Hamás y otras facciones en el valle de Bekaa y los distritos del sur del Líbano, donde, según se informa, se ha intensificado la coordinación con Hezbolá, desde que la guerra de Gaza reavivó el sentimiento de resistencia en la región.
Los funcionarios estadounidenses consideran que esta dinámica podría constituir una “cadena de proxies” que uniría la influencia iraní desde Gaza hasta el Líbano.
El equilibrio de Salam y los incentivos estadounidenses
El inicio del mandato del primer ministro Nawaf Salam se ha caracterizado por una campaña cuidadosamente orquestada contra los campamentos palestinos. Salam ha reactivado el Comité de Diálogo Libanés-Palestino, un organismo destinado a coordinar los asuntos relacionados con los refugiados.
Inicialmente, el Dr. Bassel al-Hassan fue el encargado de dirigirla, promoviendo una visión que incluía la retirada gradual de las armas, la eliminación de la autonomía de los campamentos y la integración completa en la vida civil libanesa.
Sin embargo, Salam lo sustituyó abruptamente por Ramez Dimashkieh, un exembajador con estrechos vínculos con redes proestadounidenses. La medida provocó una reacción violenta entre las facciones palestinas, sobre todo porque el título del cargo se cambió por el de “jefe del grupo de trabajo libanés encargado de abordar las cuestiones de los refugiados palestinos”, omitiendo cualquier referencia al diálogo, lo que sugería un enfoque unilateral por parte del Líbano.
Mientras tanto, funcionarios estadounidenses han mantenido reuniones secretas con representantes libaneses para explorar la posibilidad de reasentar de forma permanente a los refugiados palestinos en el Líbano, lo que históricamente ha sido una línea roja con gran carga política para el Estado, ya que alteraría el delicado equilibrio sectario del Líbano y podría privar a los refugiados palestinos de su “derecho al retorno”.
Según se ha informado, se han ofrecido incentivos económicos que oscilan entre 2000 y 5000 millones de dólares para financiar viviendas, infraestructuras y formación profesional para los palestinos a cambio de su estatuto legal y el desarme. Las conversaciones se han coordinado a través de intermediarios, con Hassan como hombre clave antes de su destitución.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, Washington busca el establecimiento de un comité de seguridad conjunto libanopalestino para los campamentos y ha animado a Salam a lanzar una campaña mediática que destaque los “beneficios sociales y económicos” de la integración. Sin embargo, Salam se enfrenta a una creciente resistencia política, incluso dentro de su propio gabinete.
Trampas legales y de identidad: tarjetas biométricas y permisos de trabajo
El Gobierno está estudiando una serie de medidas controvertidas destinadas a regular —y posiblemente reconfigurar— la identidad palestina en el Líbano.
Entre las más polémicas se encuentra la propuesta de tarjetas de identidad magnéticas biométricas que otorgarían a los palestinos el derecho a trabajar sin autorización previa. Los críticos advierten de que esto podría ser un caballo de Troya para el reasentamiento, que privaría efectivamente a los refugiados de su estatus político.
Las facciones palestinas temen que estas tarjetas omitan la mención de la nacionalidad original de sus titulares, una medida que podría borrar simbólica y legalmente su derecho al retorno.
Se están estableciendo comparaciones con los recientes cambios en Siria, donde, según se informa, se han expedido pasaportes idénticos a los de los ciudadanos sirios a los refugiados palestinos, eliminando discretamente la condición de ‘refugiado’.
El Comité de Diálogo también está revisando la ley de 2001 que prohíbe a los palestinos poseer propiedades. Se está barajando una propuesta para permitir a los palestinos poseer una única residencia, sin derecho a comercializarla ni alquilarla. Aunque se presenta como un gesto basado en los derechos, muchas facciones lo ven como una forma de ingeniar la estabilidad social a cambio de concesiones políticas y militares.
Salam también ha dado instrucciones a los ministerios para que estudien la posibilidad de ampliar el acceso de los palestinos a las escuelas públicas y a sectores laborales de bajo riesgo, como la agricultura y la construcción.
Sin embargo, estos planes se enfrentan a la oposición de los sindicatos y las facciones políticas, en particular entre los cristianos, que temen cambios demográficos. El comité ha propuesto un plan de permisos de trabajo temporales para evaluar el impacto.
La doctrina de Aoun, que prioriza la seguridad
Mientras el primer ministro Salam habla de equilibrio, el presidente Joseph Aoun ha adoptado una postura más dura. Como antiguo jefe del ejército y actual jefe de Estado, Aoun cree que el desarme debe preceder a cualquier debate sobre derechos.
Sus anteriores esfuerzos por controlar las armas en Ain al-Hilweh y Nahr al-Bared se encontraron con resistencia, pero sigue defendiendo el monopolio estatal de la violencia.
Durante su mandato como comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), Aoun participó en iniciativas conjuntas con la FPNUL y facciones palestinas, como el proyecto ‘Policía Comunitaria’, destinado a gestionar la seguridad interna de los campamentos. El proyecto, financiado en parte por Estados Unidos, fue archivado ante la preocupación de que la nueva Administración Trump prefiriera opciones más agresivas.
La actividad reciente cerca de los campamentos indica una renovada urgencia. Testigos presenciales informan de una concentración de efectivos del ejército libanés en los puestos de control, especialmente en los alrededores de los campamentos de Nahr al-Bared y Ain al-Hilweh.
Según algunas fuentes, un documento del Ministerio de Defensa libanés recomienda registrar casa por casa en busca de armas ilegales. Otras medidas incluyen controles más estrictos en los puntos de entrada y una mayor vigilancia.
Según se informa, el ejército ha formado un comité para coordinar con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) un plan de desarme gradual de un año de duración, supeditado al apoyo internacional. También hay informes de patrullas conjuntas del ejército y la FPNUL al sur del río Litani, en zonas cercanas a los campamentos de Rashidieh y Burj al-Shamali.
Presión regional, fragmentación local
Se dice que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos también están ejerciendo una silenciosa presión sobre el Gobierno libanés para que controle los campamentos.
Según fuentes políticas, su objetivo es frenar la influencia de Hamás y aislar a Hezbolá por medio de terceros. A cambio, ambos países han insinuado un posible apoyo económico al Líbano.
Sin embargo, la cuestión está lejos de resolverse. Incluso dentro del Comité de Diálogo existen profundas divisiones. Según se informa, Bassel al-Hassan prefería colaborar con Fatah y marginar a las facciones vinculadas a Hamás. Se espera que su sustituto siga la línea de Washington, pero el director del Comité, Abdel Nasser al-Ayi, es considerado más favorable a la causa palestina.
Ayi ha propuesto un plan que prevé el traspaso de la seguridad de los campamentos al ejército libanés, al tiempo que ofrece garantías de juicios justos y apoyo a las familias de los detenidos. También apoya una vía legislativa, ya sea a través del Parlamento o de un decreto gubernamental, para conceder derechos limitados a los palestinos. Sin embargo, la formación jurídica de Salam sugiere su renuencia a eludir los procedimientos legislativos.
Ayi también ha presionado para que se definan con mayor claridad la condición y los derechos de los refugiados, y cree que el trabajo y las armas deben tratarse como cuestiones separadas. Propone permitir a los palestinos poseer un pequeño apartamento y heredarlo, rechazando cualquier trueque de armas por derechos civiles.
Una ecuación precaria
El 5 de marzo, una delegación encabezada por Azzam al-Ahmad, un alto cargo de Fatah, se reunió con el primer ministro Salam para presentarle un proyecto de ley integral sobre los refugiados.
La propuesta consolidaría los derechos en un marco unificado, rechazaría el reasentamiento y garantizaría el acceso al empleo, la sanidad y la propiedad. El proyecto sigue estancado en el Ministerio de Justicia libanés a la espera de un consenso político.
La oficina de Salam ha iniciado conversaciones con la UNRWA para «compartir la carga» de los servicios educativos y sanitarios, pero los palestinos temen que esto sea el comienzo del desmantelamiento del papel de la agencia y la redefinición de los refugiados como residentes permanentes.
Las conversaciones con los donantes europeos y árabes han incluido propuestas para desviar la financiación a través de los ministerios libaneses, lo que ha suscitado duras críticas por parte de los defensores de los refugiados.
Los campos palestinos del Líbano han sido durante mucho tiempo un recordatorio físico y simbólico de la lucha palestina inconclusa. Hoy en día, se ven envueltos en una peligrosa convergencia de agendas regionales, políticas sectarias y desesperación económica.
Mientras los actores extranjeros y locales impulsan visiones superpuestas y, en ocasiones, contradictorias —reasentamiento a cambio de ayuda, desarme a cambio de estabilidad, integración a cambio de contención—, los campos corren el riesgo de convertirse en escenarios de confrontación o cooptación. Sigue siendo una incógnita si los dirigentes libaneses serán capaces de sortear esta ecuación de alto riesgo sin sacrificar la soberanía o la identidad palestina.
Pero lo que está claro es que el destino de los campamentos libaneses ya no es una cuestión interna. Se trata de una prueba de fuego para la región, cuyo resultado podría presagiar el futuro de la resistencia, el retorno y la autonomía regional en todo el oeste de Asia.
Traducción nuestra
*Realizado por corresponsal de The Cradle en Palestina.
Fuente original: The Cradle
