El precio de la comida y la factura electoral

Por Haivanjoe Ng Cortiñas.

El Gobierno exhibe como resultados de su gestión distintos récords, como el crecimiento económico, la inversión extranjera, las remesas y el turismo. Sin embargo, la economía de la gente no se vive exclusivamente en las cuentas nacionales: se vive en el colmado, el supermercado, la factura eléctrica, el precio de los combustibles, la cuota de la tarjeta de crédito, entre otros.

Entre agosto de 2020 y septiembre de 2026, los alimentos acumulan un incremento de precios cercano al 50%. Esto significa que comprar hoy la misma cantidad de comida cuesta la mitad más que entonces. La inflación promedio anual de los alimentos se aproxima al 7%, una presión considerable sobre los presupuestos familiares.

En economía distinguimos entre inflación y costo de la vida. La primera mide la velocidad a la que aumentan los precios; el segundo expresa la carga acumulada que deben soportar los hogares para adquirir bienes y servicios. Por eso, aunque la inflación disminuya, los precios no regresan a sus niveles anteriores. La desaceleración inflacionaria no significa que la comida se haya abaratado. Ocurre lo mismo que con la edad: nadie cumple un año menos.

El problema se agrava cuando los ingresos no crecen al mismo ritmo. Algo más del 60% de los trabajadores de menores ingresos no alcanza a cubrir la canasta básica del quintil más pobre, que asciende a RD$29,843 mensuales. A esto se agrega que el endeudamiento mediante tarjetas de crédito aumenta aproximadamente un 40%, frente a un crecimiento nominal de la economía de 16.75%, lo que significa que el crecimiento económico no está llegando a la mesa de los hogares.

El voto económico

Para examinar esta relación desde la experiencia dominicana, realice un estimado con las 13 elecciones presidenciales competitivas celebradas entre 1978 y 2024, relacionando la votación oficialista con la inflación, el crecimiento económico y la presencia del presidente en la boleta.

Los resultados muestran que cada punto porcentual adicional de inflación durante el año electoral se asocia con una reducción de cerca de medio punto porcentual en la votación del partido gobernante. Aunque no constituye una prueba de causalidad, sí representa una evidencia relevante sobre la relación entre deterioro económico y comportamiento electoral.

El ejercicio arroja un hallazgo todavía más relevante para 2028: tener al presidente en la boleta vale entre 13 y 17 puntos para el oficialismo. En las siete elecciones competitivas en que el mandatario buscó la reelección, su partido promedió 46.5% de los votos y ganó cinco (1990, 1994, 2008, 2016 y 2024); solo Balaguer en 1978 e Hipólito Mejía en 2004 perdieron las elecciones. En las seis en que el candidato fue otro, el oficialismo promedió 36% y perdió cuatro (1986, 1996, 2000 y 2020). Brasil acaba de confirmarlo: Lula quedó segundo en la primera vuelta y aun así ganó la reelección. En 2028, el PRM irá sin Luis Abinader: su candidato heredará el costo de la comida cara, pero no el capital político del presidente.

Estados Unidos: la inflación, otra evidencia de factura electoral

La lección trasciende las diferencias entre ambos países: el ciudadano puede desconocer las causas de la inflación, pero reconoce perfectamente cuánto dinero necesita para comprar los mismos alimentos y la gasolina, y al votar juzga lo que experimenta en su bolsillo.

El blindaje relativo: una oposición dividida

No obstante, el deterioro económico no garantiza automáticamente la alternancia. La medición de ACD Media de octubre de 2026 situó al PRM en 29.7% de intención de voto, frente a 21.7% de la Fuerza del Pueblo y 17.2% del PLD.

La suma de las dos principales fuerzas opositoras alcanza 38.9%, pero esa diferencia es aritmética, no necesariamente electoral. Los votos no se transfieren automáticamente entre organizaciones con liderazgos, identidades e intereses diferentes.

A ello se agrega la ventaja institucional de quien gobierna: estructura territorial, programas sociales y capacidad de movilización. Por tanto, el malestar económico necesita una alternativa política capaz de convertirlo en una mayoría electoral, en la que la oposición se ponga a la altura de la simpatía que la sociedad le está entregando y le presente ofertas electorales que cumplan las expectativas ciudadanas.

El eslabón perdido: la participación

En 2024, la abstención presidencial rondó el 45.6%. Este dato obliga a considerar que el descontento no siempre se transforma en voto de castigo. También puede producir indiferencia, hartazgo y desmovilización.

Si el ciudadano considera que ningún partido resolverá sus problemas, o que los partidos le imponen candidatos por conveniencia interna y no los que realmente cuentan con la simpatía de la gente, puede terminar quedándose en casa. Esa abstención puede favorecer al oficialismo, aunque exista un malestar social considerable.

La diáspora representa otra oportunidad. Los 863,785 dominicanos empadronados en el exterior constituyen un segmento importante, pero su participación en 2024 fue cercana al 19%. Sus familias también experimentan el encarecimiento de la vida y reciben el impacto de la insuficiencia de ingresos. Ese electorado necesita una estrategia específica de comunicación y movilización y, lo que puede resultar más relevante, una oferta de incentivos fiscales viables por parte de quien procura su simpatía y apoyo electoral.

2028: la economía puede generar el cambio, la política debe convertirlo en votos

El escenario electoral dominicano presenta dos velocidades. Una es la del malestar económico, que afecta especialmente a trabajadores de bajos ingresos, jubilados y familias dependientes de remesas. La otra es la de la competencia política, condicionada por la maquinaria gubernamental, la transferencia del liderazgo y la unidad opositora. Los datos permiten identificar una oportunidad para el cambio, pero no garantizan su materialización.

La oposición tiene cuatro tareas: colocar el bolsillo de la gente en el centro de la discusión; pasar de la denuncia a propuestas viables sobre alimentos, salarios, electricidad, capacidad adquisitiva y seguridad ciudadana; presentar los candidatos que mejor conecten con las aspiraciones de la gente; y movilizar a quienes hoy no participan.

La lección estadounidense y la experiencia dominicana apuntan en una misma dirección: el crecimiento económico no basta para proteger electoralmente a un gobierno cuando los hogares sienten que viven peor.

El Gobierno puede defender sus cifras de crecimiento y estabilidad, pero el ciudadano vota con la experiencia de su bolsillo. En 2028, la comida cara puede convertirse en una factura electoral. La cuestión decisiva será si la oposición tiene liderazgo, propuestas y capacidad de organización para cobrarla en las urnas. Si la economía abre la ventana, el candidato decide quién la cruza. Por eso, una señal anticipada útil para el sistema de partidos, y especialmente para la oposición, es el Índice de Capital Estético Electoral (ICEE), sobre el que escribí en este mismo medio hace unos meses.

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