El regreso de los agricultores
Por Luis Hernández Navarro
Como dice el refrán: “No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue”. Sin la misma amplitud que sus protestas de noviembre del año pasado, pero con indudable contundencia, este lunes 6 de abril, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm) y la Asociación Nacional Transportista (Antac) bloquearon carreteras y tomaron casetas de peajes.
El esquema de pignoración que a finales del año pasado se negoció entre el Fnrcm y el gobierno federal fracasó.
El gobierno quiso que los productores absorbieran los costos del almacenamiento y del crédito, lo que para los agricultores era el camino a la quiebra.
Apenas el pasado 25 de febrero, mandaron una carta advirtiendo que la celebración de la Copa Mundial 2026 en México se topará con protestas de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos por la falta de mercado y precios para sus cosechas y la inseguridad en carreteras.
La carta va dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola. El Mundial comenzará el 11 de junio y coincidirá con las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos.
Los transportistas aseguran que recorrer las carreteras es una actividad de alto riesgo. De esa manera, podrán coincidir bloqueos y partidos del Mundial.
Los bloqueos del 6 de abril son un anticipo de lo que podría pasar el 11 de junio.
En la misiva advierten: “Libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva, de la soberanía alimentaria y la seguridad de caminos en México”.
Afirman que “el gobierno sostiene una importación indiscriminada de estos bienes favoreciendo a los grandes importadores y a reconocidos agrofinancieros”. Y añaden: “Es lamentable que recibamos al Mundial de Futbol en estas circunstancias, pero no podemos ocultar nuestra desesperación”.
En el horizonte de la actual protesta se encuentra el inicio de la cosecha en Sinaloa, el principal productor de maíz del país, con un promedio anual de 6 millones de toneladas. Sin embargo, este año la producción llegará solamente a 4 millones de toneladas, con un costo estimado de producción de 6 mil pesos por tonelada. Actualmente, el precio de referencia ronda los 4.10 pesos por kilo, mientras que los productores insisten en que el punto de equilibrio debe ubicarse en 7.20 pesos por kilo para que exista rentabilidad.
En su pasado viaje a ese estado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con productores, industriales y compradores para establecer un acuerdo con el fin de fijar un precio rentable para el grano en la entidad. Sin embargo, en los hechos, no se llegó a ningún acuerdo sobre el precio del cereal. Se efectuó un encuentro con unos 30 líderes del sector agrícola en la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Ellos señalaron su preocupación por colocar su cosecha y tener rentabilidad.
Se estableció el compromiso de instalar mesas de trabajo para analizar alternativas que permitan mejorar las condiciones de comercialización del campo.
La mandataria comisionó a su secretario particular, Carlos Augusto Morales, y al subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, para mantener el diálogo y los acuerdos con el sector.
Muy relevante es la negociación del Ejecutivo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que depende del Consejo Coordinador Empresarial, y se expresa en la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), y con un grupo que articula los intereses de Minsa, Maseca, Sucarne y Bimbo.
El Fnrcm se reunió con Julio Berdegué, secretario de Agricultura, y el 19 de marzo con Carlos Augusto Moreno.
Le señalaron, retomando lo dicho por la Presidenta, que la política de precios de los granos no debe mantenerse sujeta a los vaivenes del mercado internacional.
Se quejaron de los grandes importadores, que toman como referencia para fijar los precios internos a la Bolsa de Chicago. Explicaron cómo deben sacarse los granos básicos del T-MEC para reponer el concepto de agricultura nacional y el robustecimiento del mercado nacional. E insistieron en que la amenaza de una crisis alimentaria global se incrementa con la guerra, situación que pone a México en un cuadro crítico, dada su condición de importador de granos y fertilizantes.
Los agricultores movilizados señalan que no están contra la ciudadanía.
Tampoco en contra del gobierno ni sus programas, pero los consideran insuficientes. No buscan ni piden dinero para sus organizaciones o dirigentes. Están de acuerdo en que los actuales y futuros apoyos sean directos para los productores, sin intermediarios.
Una parte sustancial de sus demandas se centra en cuestiones relacionadas con el transporte: seguridad en carreteras, desactivación de retenes que son puntos de extorsión policial, operativos de vigilancia en las principales carreteras federales e instalación de cámaras y botones de seguridad. Retiro del IEPS al diésel para el transporte y el campo. Sacar a los granos básicos del T-MEC. Precios justos a los productos agrícolas. Creación de una banca de desarrollo para el campo. Reiniciar y concluir el pago de los apoyos directos a los productores de maíz y trigo. Respuesta a las demandas de los agricultores de los estados presentadas el pasado 1º de abril.
El que las autoridades hayan platicado con los agricultores no significa que hayan resuelto sus demandas. Están en una situación límite. Colocados entre el fuego del T-MEC y la pared de las políticas públicas que los estrangulan (o abandonan), están luchando por su sobrevivencia. Viven un proceso de descapitalización profundo. No tienen ahorros a los que recurrir para sortear la tormenta. Algunos han decidido rentar sus tierras. Las actuales movilizaciones quieren ser el punto de partida para contar con un futuro.
LA JORNADA.
