El reordenamiento político del bipartidismo PRM-FP en tiempos de crisis de participación ciudadana presiona la agenda electoral.
Por Juan Carlos Espinal.
Desde mediados de la segunda década del siglo 21, República Dominicana fue escenario de una cadena de fraudes electorales que se extendieron por todo el espectro político.
Esta enraizada cultura política no solo siguió el itinerario de golpes de estado-transición de la pos guerra(1962-1978) restauradora del régimen poliárquico encabezado por Joaquín Balaguer Ricardo sino que construyó gobiernos basados en modelos ilegítimos como se analizará más adelante.
En los procesos políticos de fin del siglo 20, la cultura del fraude electoral se fue adaptando a la democracia representativa 1966-2024, dando origen a la problemática clave del actual período democrático.
La inestabilidad política pos COVID-19 esta enmarcada en un contexto internacional en el que la economía mundial se contrajo, se vivío la gran crisis sistémica del estado de bienestar posterior a la Constitución del 2010, se profundizó la baja productividad global qué a su vez afectó a las empresas locales, qué desde el año 2019 estaban en baja.
Entre 2019-2024 se contrajo la inversión extranjera mientras se estancó el crecimiento económico. En confinamiento, la innovación tecnológica no fue capaz de devolver las tasas de rentabilidad pre pandemia.
Fue entonces que en el país se dieron los primeros indicios de un nuevo orden político.
Los partidos políticos -hegemónicos- de pos guerra, (PRD1939, PRSC1961 y PLD1973) en consecuencia, empezaban a ver limitadas sus capacidades de regular un mercado electoral dominado por el ausentismo político, la compra de votos, la conculcación de derechos fundamentales, el uso del presupuesto nacional e incluso como hasta ahora, la instrumentalización política de los prestamos internacionales.
Mientras la economía iba a una velocidad que la política municipal no alcanzaba y la disputa social ya no era local o nacional, sino que, indefectiblemente, se iba convirtiendo en global, el peso dominicano perdía valor adquisitivo.
Estos últimos 20 años (2000-2020) estuvieron signados por una profunda decadencia política que empujó el subdesarrollo científico-tecnológico hacia el oscurantismo, que fue escenario de la expansión de la deuda pública, la involución de los derechos laborales y la consagración de nuevas prácticas sociales en ascenso como el divorcio, la penalización del aborto, la baja natalidad y el endurecimiento de las políticas anti inmigrantes.
Por su parte, los partidos políticos de la democracia representativa 1966-2024 orientaban sus discursos hacia la integración de la economía fondomonetarista que hoy funciona en todo el continente.
La respuesta de grandes segmentos excluidos de la población fue abstenerse de votar por los partidos políticos de la democracia representativa 1966-2024 retrocediendo la democracia al siglo 19.
En la era neo trujillista 1966-1978, los militares concretaron numerosos golpes de estado que permitió a las FFAA, – entre las décadas de 1960 y 1970-, mayor lealtad al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pero la tendencia autoritaria se revirtió y a mediados de los años noventas comenzó la tercera ola de democratización a partir del fraude electoral de 1990; la desestabilización política de 1994, y la transición democrática de 1996.
La ola neo conservadora agitada por la división del PLD llevó al poder al presidente Luis Abinader en 2020.
La crisis de la democracia representativa 1966-2024 se ha extendido por toda la sociedad Dominicana en forma de violencia estructural.
Este proceso de involución se desarrolló en el último cuarto de siglo 20 e inspiró a los politólogos a desarrollar “la teoría de la transición a la democracia” y tres nuevas subdisciplinas derivadas: la abstención electoral, la difuminaron de la figura de la separación de poderes y la consolidación de un régimen político sin garantías constitucionales.
Estudiar las transiciones entre dos etapas de continuidad largas desde la dictadura hacia la democracia representativa tenía una amplia tradición autoritaria en la historia política contemporánea, pero vinculada estrechamente a los cambios de modo de producción.
Historiadores rigurosos como Roberto Cassa habían indagado en los bruscos cambios del desarrollismo capitalista qué ya antes Juan Bosch llamó capitalismo tardío.
Sin embargo, entre 1978-1986 hubo un desplazamiento socioeconómico que en la incipiente clase media se experimentó y mientras ese fenómeno ocurría la transición política se centró en el Bipartidismo esquivando la estabilidad económica.
El período comprendido entre 2000-2004, qué va desde la disolución del PRD hasta las elecciones de 2004, marca el inicio de la restauración democrática.
Los problemas de rutinización del abstencionismo electoral, las políticas inflacionarias de los gobiernos conservadores y la solidificación de la concentración de capitales en pocas manos llevó a los politólogos más liberales de entonces a pensar en la teoría de la transición a la democracia al mismo tiempo que se sucedían los hechos con la intención de, por un lado, producir más y mejor investigación en ciencia política y, por el otro, mejorar la democracia representativa 1966-2024 con compromiso militante.
Este involucramiento de las universidades en las políticas públicas derivó en una ampliación de la agenda del campo político que fue todo un cambio de paradigma en las ONGs: se iba abandonando la teoría estructuralista de los sesenta y setenta, que buscaba las explicaciones en las condiciones materiales de los países; se dejaba de lado la idea de que la democracia representativa había fracasado por la mala distribución del ingreso y se pasaba a mirar el régimen político libero conservador de pos guerra, en sentido general. Como si realmente fuera un éxito de este reordenamiento debido a que ya la participación ciudadana no estaba pre determinada por la estructura económica, sino que, para la oligarquía, la estabilidad dependía de la pericia de las élites nacionales.
Por tanto, la transición política en sentido amplio comprende la problemática del pasaje de un régimen autoritario a uno democrático que, a su vez se distinguía en diferentes circunstancias históricas: en la liberalización, período en el que se aflojan los controles autoritarios pos Trujillo, y algunas libertades comienzan a poder ser ejercidas.
La élite política comienza una especie de pactos políticos unilaterales evadiendo fortalecer el estado de derecho para sustituir la aplicación de los derechos fundamentales, instaurando reglas de competencias internas entre los partidos políticos.
Las élites partidarias de la democracia representativa 1966-2024 juegan un papel clave en el éxito de la instauración de la cultura del fraude a partir de la conculcación de derechos.
Para este momento sobran los ejemplos de suspensión de procesos electorales sobre los que se talló el modelo del inmovilismo político, que da paso a los acuerdos entre las castas qué se conformaron con los requisitos administrativos para lograr que el fraude se convirtiera en una cultura política.
Para que el oligopolio legitimara los pactos políticos entre las élites nacionales estos debían aplicarse gradual y moderadamente. La instalación de la democracia representativa 1966-2024, como regularidad de la normalización era mirado desde la perspectiva de la dictadura militar de los años setenta, como un objetivo dificultoso y necesario que, una vez alcanzado, permitía pasar a la próxima crisis.
Cuando los fraudes en las elecciones se habían hecho rutina y no existía peligro de una regresión autoritaria, se abría una segunda etapa, más amplia y difusa que la primera, que remitía a las dificultades de la consolidación democrática.
La pregunta que tras la suspensión de las elecciones municipales del año 2020 se abría era, ¿qué democracia es la que se consolida?
La respuesta de los teóricos del estatus quo fue definir un concepto que restringiera el sentido a algo asible, a una serie de procedimientos mensurables que sin rigor la pudieran objetivar.
La poliarquía neoliberal Dominicana acopió las características mínimas para definir qué era y qué no era democracia.
Para instaurar la oligarquía bipartidista, entonces, se precisaba de una élite capaz de acordar esas reglas democráticas incluso en condiciones estructurales y económicas adversas.
Esto hizo girar el interés de los intelectuales sistémicos desde el desarrollo económico hacia las personas, el político de turno o el funcionario corrupto, sintetizado en el presupuesto, es decir, en cada individuo en tanto ejecutor de políticas.
En consecuencia, la consolidación del modelo de gestión bipolar empezó a ser estudiado desde otro enfoque: la distribución del presupuesto nacional pasó a ser el factor explicativo del éxito o fracaso de la democratización, aunque este interés por los contratos públicos no se restringe a lo político, sino que también abarca a los estudios de carreras de todo tipo, familiares, educativas y económicas; a redes sociales de influencia y de interacción locales y globales; también el estudio de las políticas públicas es un derivado del foco puesto en los funcionarios públicos de decisión.
Es decir, que se empezó a mirar más allá de las elecciones que se habían llevado la atención en la primera etapa del fraude, para abordar todo aquello que pasaba en medio de éstos.
Uno de los primeros problemas identificados de esta etapa de involución democrática fue lo que luego se llamó “democracia de delegados» en la que se empezó a visualizar el problema principal que la democracia representativa tiene en la actualidad y que se planteara al principio: la delegación o concentración de poder versus la representación como origen del nuevo reordenamiento para las castas: populismo.
A grandes rasgos, la voz del pueblo puede ser identificada y resumida en un líder omnipresente; mientras que, la representación se encuentra en los congresos, legislaturas o el parlamento.
Esta es la base la discordia política propia de las diferencias en sociedades con altos niveles de desigualdad.
Esta cuestión conceptual lleva a otra más práctica y que tiene que ver con la cuestión del control gubernamental.
¿Quién controla al Gobierno del presidente Abinader? ¿Es el pueblo el que elige cada cuatro años?
¿O controla también el propio estado por medio de los otros poderes, agencias y organismos de control?
La visión unilateral del gobierno del presidente Abinader se ejerce desde el Congreso Nacional.
Ninguna democracia puede prescindir de la oposición política, aunque muchas veces se ha alterado esa opinión popular.
Los casos de Hipólito Mejía en 2000-2004 y de Luis Abinader en 2020-2028 son ejemplos de manipulación de este control vertical lo cual permite a estos regímenes calificarse a sí mismos como democráticos, aunque aplacen en algunos los otros atributos.
La visión horizontal de la democracia representativa 1966-2024 se refiere a un tipo de control más complejo pero necesario en una democracia: el gobierno es sometido al escrutinio de otros poderes: el Congreso, por ejemplo, pide informes o interpela a un ministro; los jueces y fiscales deberían poder investigar a los funcionarios; y las agencias, como las encargadas de las auditorías y superintendencias de control, deberían poder tener jurisdicción sobre los ejecutivos.
Para la cultura del fraude, el control en una democracia funciona en ambos sentidos y uno solo no alcanzaría para que esa sea una legítima democracia, o al menos este el punto clave a responder:
¿Puede uno solo de estos atributos, por ejemplo, ser suficiente para que sea considerada una democracia?
Durante la década de 1990, la democracia representativa se vio envuelta en un dilema: las dos décadas anteriores, en las que el mundo occidental había logrado salir de la crisis económica de los setenta, se habían “perdido” entre dictaduras violentas y democracias frágiles.
En los noventas, en consecuencia, estas contradicciones se extendieron hacia los gobiernos neoliberales que quisieron llevar a cabo las políticas de desregulación en boga por entonces: apertura económica, desregulación e integración que, aplicados de este modo trajeron complicaciones y tensiones sociales por todo el continente.
Para fines de siglo, la situación económica de la región caribeña era débil. La apertura económica había desmembrado el modelo pos industrial pero no había alcanzado a desarrollar uno en su reemplazo.
Recién pasados los años 2000, con la aplicación de la tecnología a la agroindustria combinada con la subida de las materias primas y la aparición de China como motor de la economía mundial, permitieron que la región viviera un periodo de prosperidad impensada diez años antes.
El liberalismo democrático perdió su oportunidad en la región y luego, con la caída de las torres gemelas en 2001 y la invasión a Irak en 2003, comenzó una nueva fase de democratización que agregó nuevos retos a los problemas irresueltos de la transición y la consolidación pos Trujillo.
La ampliación hacia un estado de Derecho combinó la globalización impulsada desde Estados Unidos, con su recepción en otras culturas políticas.
El nuevo siglo quedó atrás, al tiempo que el liberalismo capitalista empezó a gestar lo que regímenes asociales fomentaron, que como una zona gris de intersección entre rasgos democráticos y autoritarios desencadenó en mayor inestabilidad.
Generalmente, estos casos como el del gobierno del presidente Abinader tienen origen democrático y hasta liberal, aunque luego van degenerando en variadas formas de autoritarismo.
La combinación del fin del ciclo liberal y el decrecimiento de las economías en base a la subida de los precios internacionales fueron el caldo de cultivo de estos gobiernos que se nutrieron de distintas fuentes.
El PRD había pasado en el exilio el proceso histórico que va desde la dictadura trujillista hacia la transición a los gobiernos constitucionales.
Los partidos políticos de la democracia representativa 1966-2024 como el PRSC1961 y el PLD1973 se agruparon abrazando la legitimidad democrática de origen aunque luego fueron degenerando en autocracias.
En suma, mucha agua pasó bajo el puente desde el principio del proceso de cambio de régimen autoritario a gobiernos democráticos a la actualidad: nuevos y viejos problemas socioeconómicos y políticos conviven todavía en las deficiente democracia representativa Dominicana. El actual reciclaje que domina la escena política sufre un desplazamiento desde una marcada distinción entre autoritarismo y democracia, propio de los ochenta y noventa, hacia la dicotomía república-populismo en la que no es sencillo definir cuál es el límite o el alcance del ciudadano en este tipo de democracia.
