El resurgimiento del macartismo en Estados Unidos y la guerra contra la solidaridad internacional. Un panfleto propagandístico mediocre para justificar el castigo colectivo al pueblo cubano.
El informe publicado el 20 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra Cuba representa mucho más que un nuevo episodio en el prolongado conflicto entre Washington y La Habana. Es un intento de construir un nuevo paradigma ideológico basado en la criminalización de la disidencia, la demonización de las ideas progresistas y la transformación de la solidaridad internacional en un supuesto acto de subversión.
La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano fue clara: calificó el documento estadounidense de «mediocre panfleto propagandístico», diseñado para respaldar la falsa narrativa de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos y para justificar una política de presión constante contra el pueblo cubano. Según la queja de La Habana, el informe no es más que una nueva herramienta para alimentar el castigo colectivo, el bloqueo económico y una estrategia de estrangulamiento político.
Detrás de la retórica de la seguridad nacional, emerge una precisa operación política: transformar a Cuba en un enemigo útil para construir una nueva era de represión ideológica en los propios Estados Unidos. El retorno de la lógica de la Guerra Fría adopta hoy una nueva forma a través de la categoría del llamado “terrorismo de izquierda”, una definición sumamente amplia y ambigua que corre el riesgo de afectar no solo a gobiernos extranjeros, sino también a movimientos sociales, organizaciones pacifistas, sindicatos, intelectuales y ciudadanos comprometidos con la lucha contra la guerra, la desigualdad y las políticas imperialistas.
Por lo tanto, el objetivo no es solo Cuba. El verdadero objetivo parece ser la creación de un nuevo enemigo interno, mediante el cual deslegitimar cualquier voz crítica respecto al modelo económico y geopolítico dominante actual. Esta dinámica recuerda inevitablemente al macartismo de la década de 1950, cuando miles de personas en Estados Unidos fueron perseguidas por sus ideas, sus conexiones políticas o simplemente por su compromiso social.
Hoy, utilizando un lenguaje actualizado, intentamos reiterar la misma lógica: identificar la disidencia con la amenaza, la solidaridad con la subversión y el compromiso internacionalista con la acción hostil.
La campaña contra Cuba se inscribe en este contexto. Durante más de sesenta años, la isla ha estado sometida a un embargo económico, comercial y financiero que ha tenido profundas consecuencias para la población, limitando el desarrollo económico e impactando sectores esenciales de la vida cotidiana. Sin embargo, la narrativa propuesta por Washington intenta invertir la realidad: la víctima se transforma en agresor, el país sancionado se presenta como una amenaza, mientras que la política de aislamiento se muestra como una herramienta para defender la democracia.
La historia, sin embargo, demuestra que las sanciones colectivas no se dirigen a los gobiernos, sino principalmente a la población. El sufrimiento económico de millones de ciudadanos no puede utilizarse como instrumento de presión política. Ningún principio democrático justifica el intento de subyugar a toda una sociedad mediante la privación de recursos fundamentales.
Pero hay un elemento adicional que hace que esta nueva ofensiva sea particularmente significativa: la creciente criminalización de la solidaridad internacional. El informe estadounidense parece apuntar no solo al gobierno cubano, sino también a quienes, en Estados Unidos y en todo el mundo, defienden el derecho de Cuba a la autodeterminación, denuncian el bloqueo económico o apoyan campañas humanitarias. ( La Jornada )
Esta dimensión internacional demuestra el fracaso político de la estrategia de aislamiento. A pesar de décadas de campañas mediáticas, presión económica e intentos de deslegitimación, la solidaridad con Cuba sigue creciendo en diversos sectores de la sociedad civil global. Desde Latinoamérica hasta Europa, desde movimientos sociales hasta círculos culturales y académicos, existe una creciente conciencia de que la cuestión cubana no se limita a un solo país, sino que es un principio general: el derecho de los pueblos a elegir autónomamente su propio camino histórico.
Cuba, con todas sus complejidades y contradicciones, sigue representando un símbolo de resistencia a la presión de las grandes potencias. Para muchos movimientos antiimperialistas, la isla constituye un campo de pruebas para la defensa de la soberanía nacional y el principio de que ningún Estado puede imponer su modelo político mediante embargos, aislamiento y amenazas.
El nuevo lenguaje utilizado por Washington, con la invención del “terrorismo de izquierda”, parece ser, por tanto, una estrategia más amplia: no solo atacar a Cuba, sino también crear un clima político en el que cualquier alternativa al pensamiento dominante se presente como peligrosa.
Esta es una tendencia que afecta a toda la comunidad internacional. Porque cuando una potencia pretende determinar qué ideas son legítimas y cuáles deben ser criminalizadas, el problema ya no concierne solo a un país, sino a la calidad misma de la democracia global.
Defender a Cuba del asedio y la propaganda no significa negar las dificultades internas de la isla ni evitar el debate crítico. Significa afirmar un principio universal: ningún pueblo puede ser castigado colectivamente por sus decisiones políticas, ninguna nación puede ser sometida a una guerra permanente mediante sanciones y campañas de demonización.
La lucha contra el nuevo macartismo es, por tanto, una lucha por la libertad de pensamiento, por el pluralismo y por el derecho internacional. Porque cuando la propaganda sustituye al diálogo y las mentiras se convierten en herramienta de gobierno, el riesgo no solo afecta a Cuba: afecta a todos aquellos que aún creen en la posibilidad de un mundo basado en la justicia, la paz y la autodeterminación de los pueblos.
Luciano Vasapollo y Rita Martufi