Estados Unidos y su geopolítica del desprecio al ser humano

Si algo caracteriza a Estados Unidos y sus políticas, en este país formado y desarrollado por inmigrantes y el exterminio de su población nativa, como dos elementos distintivos en su conformación como nación, es el hecho de que ha generado, a través de 250 años de vida independiente de su ex metrópolis británica, una arquitectura como potencia mundial, en la cual el supremacismo, la convicción de que están llamados a un dominio global derivado de cierto destino manifiesto y el racismo, son una esencia constitutiva y estructural de su política interna y externa.

Lo anterior define, en forma indiscutible, lo que es esta nación del norte del continente americano y permite, además, visualizar la importancia que, más allá de la aritmética electoral que significa el llamado proceso electoral de medio término de este martes 3 de noviembre de 2026, el ciclo político de Estados Unidos trasciende con creces la simple disputa por la correlación de escaños en el Capitolio.

Las elecciones de medio término suelen presentarse en el relato oficial como el gran termómetro de la democracia estadounidense: el momento en que el pueblo «corrige el rumbo», castiga al partido gobernante y reequilibra los poderes. Sin embargo, desde una óptica crítica, este proceso funciona más como una válvula de escape institucional.

Para aquellos que somos habitantes del continente americano y sobre todo quienes conformamos el llamado mundo latinoamericano, lo que , embarga es una absoluta incredulidad de un cambio estructural de este país, bajo un intenso proceso de observación mundial, sobre todo bajo la segunda administración de uno de los presidentes más megalómanos que haya tenido Estados Unidos, como es Donald Trump, La pregunta que surge es ¿sirve de algo que un congreso dominado por el mundo político republicano pase a una mayoría demócrata?

Se frenará el genocidio en Palestina, cesará la agresión criminal contra El Líbano, Yemen, Irak, Siria. Terminará la ocupación del pueblo saharaui y la política de máxima presión contra la República islámica de Irán. Las presiones contra la Federación Rusa tendrán un freno, así como la política de patio trasero con los pueblos de Latinoamérica. África podrá   explotar sus recursos sin que despierte los apetitos de Estados Unidos y aquellos europeos como Francia, que siguen creyendo que sus antiguas colonias le pertenecen.  ¿Habrá un control a las injerencias delictivas del sionismo en el mundo? Todas interrogantes que a mi entender tienen una sola respuesta ¡¡¡¡no!!!!

Los más optimistas en materia de los derechos de los inmigrantes visualizan una idea de ventaja en un triunfo demócrata, ya que Trump ha sido un mandatario que ha catalizado y consolidado un andamiaje institucional cimentado en la exclusión, la xenofobia estructural y la instrumentalización de la clase trabajadora, principalmente de aquella mano de obra migrante, utilizada como chivo expiatorio de las contradicciones del capitalismo tardío.

Mi optimismo es tan bajo como la creencia que los gobiernos estadounidenses piensan que su política es beneficiosa para el mundo. Las elecciones de medio término, son sólo una válvula de escape de la frustración de una sociedad estadounidense que no suele ver más allá de sus narices a la hora del análisis geopolítico internacional y que parecen descontentos con los republicanos. Pero… desde el análisis histórico los demócratas tampoco han sido un bálsamo para las condiciones de vida de la inmigración latinoamericana.

Estos sectores, desde el mayor porcentaje hasta el menor: mexicanos, que representan el 58% de la llamada población hispana; puertorriqueños, cubanos, salvadoreños, dominicanos, con cifras que superan los dos millones de inmigrantes cada uno de estos países, son comunidades que sostienen de manera neurálgica los sectores de servicios, la construcción y la agricultura en el país del norte, y el escenario político actual representa una encrucijada existencial frente a la avanzada del proyecto hegemónico reaccionario de la ultraderecha.

Una realidad de persecución y violación de sus derechos a través de un organismo represor que ha mostrado en toda su dimensión el carácter racista de Estados Unidos. Me refiero al denominado ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que es la agencia federal de Estados Unidos encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del territorio nacional. Depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con funciones principales que se dividen en dos ramas (1).

Efectivamente, el ICE ha sido el brazo ejecutor de las políticas de persecución al mundo inmigrante. Bajo el influjo ideológico del trumpismo, la retórica antiinmigrante dejó de constituir un discurso marginal para instalarse como el núcleo programático de una facción política dispuesta a institucionalizar la violencia estatal. Junto a las directrices punitivas implementadas durante los momentos de mayor cerco fronterizo, emblemáticamente retratadas en la política de “tolerancia cero” y la separación forzada de miles de infantes de los brazos de sus familias, evidenciaron un cambio cualitativo en la gestión estatal: el dolor como método de disciplina social y disuasión.

Bajo Trump, pero… no olvidemos también que, bajo gobiernos demócratas, como el de Obama, por ejemplo, existió un progresivo desmantelamiento del derecho de asilo, con la vulneración sistemática de normativas internacionales de protección internacional, que obligó a flujos crecientes y masivos de personas inmigrantes a transitar por rutas de extrema peligrosidad en los desiertos fronterizos, incrementando drásticamente la mortalidad en la franja limítrofe.

Política que significó, igualmente, levantar muros fronterizos, aumentar el número de guardias y el uso de tecnología de última generación para impedir la entrada de personas. Ese colapso del derecho de asilo en la frontera sur, la cancelación de protecciones temporales y el aumento de operaciones de expulsión y deportación hacia terceros países expuso a los inmigrantes a graves riesgos para su vida e integridad física.

Los informes de organismos de derechos humanos sobre las condiciones dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE) han documentado de forma recurrente patrones de negligencia médica y vulneraciones graves a los derechos humanos fundamentales (2). Investigaciones a gran escala impulsadas por medios como The Associated Press (AP) y KFF Health News han recopilado testimonios directos de detenidos a lo largo de decenas de estados, evidenciando casos críticos que van desde infecciones severas no tratadas hasta padecimientos oncológicos desatendidos bajo custodia (3).

Las redadas selectivas en vecindarios de alta densidad y en las principales ciudades del país han generado un clima de terror cotidiano. Esta situación ha obligado a millones de personas a vivir en una suerte de confinamiento de facto, limitando de forma drástica su acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo, debido al temor constante a ser detenidas en plena calle o en sus propios domicilios y enfrentar procesos de deportación.

Como han advertido organismos de derechos humanos y defensorías sociales, este escenario no solo vulnera garantías fundamentales, sino que consolida lo que se define como un repliegue comunitario: un aislamiento forzado donde las comunidades se vuelcan hacia la invisibilidad social, creando un profundo clima de terror e indefensión que desarticula la convivencia pacífica y el derecho a habitar las ciudades sin discriminación ni temor.

En un informe de Amnistía Internacional (4), dado a conocer el 24 de septiembre de 2026, existe una petición formal para disolver el ICE, señalando que dicha agencia, con poderes superlativos dados por la administración Trump, ha operado de forma sistemática con una ausencia total de supervisión y rendición de cuentas desde su creación. ¿De qué manera se expresa esta afirmación?

Con un patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y militarización. Detenciones arbitrarias, agresiones a ciudadanos estadounidenses durante operativos de control dirigidos contra migrantes. Violaciones a las propias normativas internas, por ejemplo: detenciones arbitrarias de madres lactantes separadas de sus hijos y personas vulnerables trasladadas a cientos de millas de sus familias sin debido proceso.

Uno de los pilares discursivos más recurrentes de la demagogia ultraderechista en Estados Unidos y parte del relato crónico de Trump, con mayor fuerza aún en esta temporada de elecciones, sostiene pérfidamente que la migración deteriora la estabilidad financiera de la nación. Sin embargo, la evidencia macroeconómica desmiente categóricamente esta premisa.

Millones de trabajadores indocumentados contribuyen de forma constante a las arcas públicas mediante impuestos sobre la renta, ventas y cotizaciones a la seguridad social (FICA). Un porcentaje significativo de estos fondos sostiene los sistemas de pensiones y beneficios federales de los cuales estos mismos trabajadores están excluidos por su estatus jurídico. Es un aporte fiscal invisible, pero, además, interesadamente invisibilizado.

El bloque demográfico latinoamericano en Estados Unidos genera un volumen económico anual superior al de múltiples economías soberanas desarrolladas, sosteniendo los sectores más dinámicos de la economía real norteamericana. Por tanto, esos 60 millones de inmigrantes legales e ilegales son un motor del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense.

Se calcula que los trabajadores indocumentados integran una fuerza laboral de más de 7 millones de personas (alrededor del 4% al 5% de la fuerza laboral total del país). Diversos modelos macroeconómicos estiman que su presencia e integración en sectores clave aumentan el PIB de EE. UU. en cientos de miles de millones de dólares anuales. Estimaciones previas han situado este valor económico directo y de producción en más de 300,000 millones de dólares al año (5).

Para medir su valor real, los economistas suelen calcular qué ocurriría si desaparecieran de golpe. Estudios sobre escenarios de deportación masiva indican que remover a esta población trabajadora contraería de inmediato el PIB nacional en más de un 1.4% a 2.6%, provocando pérdidas de billones de dólares acumulados en una década debido al vaciamiento de sectores enteros. Teniendo presente que, para este cronista, tanto demócratas como republicanos tienen una política similar en materias relacionadas con la inmigración, con ciertos matices más de forma que de fondo, es evidente que hoy, más que nunca, el Capitolio es cautivo del extremismo interno y externo.

Seguir con la hegemonía de facciones involucionistas en la Cámara de Representantes y el Senado, plantea riesgos estructurales profundos, no solo para los residentes indocumentados, sino para el conjunto de los derechos civiles en el país e incluso la estabilidad del mundo.

Tal como lo hemos visto en la estrechísima alianza tejida entre Trump y el régimen sionista israelí, aupado por los grupos de presión judío-sionistas en Estados Unidos, que han significado guerras contra la nación persa, incremento del genocidio palestino, desestabilización de países como El Líbano, Irak, Yemen, Venezuela, Cuba e intervenciones políticas en elecciones en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil, entre otros.

La continuidad del trumpismo en ambas cámaras, como grupos dominantes, trae consigo amenazas tanto en el plano legislativo como judicial:

• Aumento del presupuesto carcelario: Implica asignaciones multimillonarias para ampliar recintos carcelarios de orden privado, gestionados bajo las lógicas del lucro.

• Presiones a gobiernos locales para sancionar en forma financiera e institucional a las denominadas “ciudades santuario” (6)  lo que somete a las policías locales a labores de persecución federal de migrantes.

• La permanencia del trumpismo implica un ataque al llamado ius soli (derecho de suelo), pudiendo volver a intentar restringir e incluso cuestionar su existencia respecto al alcance de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense, buscando negar la ciudadanía por nacimiento a la descendencia de personas sin estatus legal regularizado.

• En un escenario amplio de peligros: Que tampoco estoy seguro de que no se vivan de una u otra forma con los demócratas, está el tema del tráfico de influencias para colocar, en forma sistemática, a jueces de corte ideológico ultraconservador en las cortes federales de distrito y apelación, condicionando la jurisprudencia en materia de derechos civiles por varias décadas.

Por tanto, así como el concepto y práctica de resistencia es el único valedero en la lucha de los pueblos contra la alianza imperial sionista —como se vive, por ejemplo, en Asia occidental—, así también se requiere con urgencia una resistencia política interna a Trump y los suyos.

El voto de este 3 de noviembre debe entenderse como una táctica de contención y autodefensa, no como un horizonte de emancipación. Participar en las midterms funciona como un dique momentáneo para frenar leyes draconianas que afectan a comunidades vulnerables y migrantes, especialmente cuando el electorado latino posee la capacidad matemática y territorial de inclinar la balanza en distritos clave contra las pretensiones de la derecha radical.

Esto no implica depositar ilusiones en un bipartidismo tradicional que ha perfeccionado la maquinaria imperial y la deportación. Cada papeleta contra candidatos antiinmigrantes es un muro en defensa de las familias desgarradas y de los trabajadores explotados, con el objetivo posterior de exigir el cumplimiento de sus promesas.

En definitiva, la coyuntura exige superar lecturas ingenuas y asumir que la defensa migrante es indisociable de la justicia social continental. Este ejercicio electoral es un mecanismo ineludible para frenar el autoritarismo, pero, recordando que, la dignidad de los pueblos del Sur global no se negocia en los pasillos del Capitolio.