¿Estamos preparados para la oleada de crisis de la deuda que se aproxima?

Mayor inflación. Crecimiento más lento. Condiciones financieras más estrictas.

En las últimas semanas, la invasión de Rusia a Ucrania ha agravado los riesgos económicos mundiales.  Hay un cuarto elemento, no obstante, que podría hacer explosiva la situación: la elevada deuda de los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

Estas economías representan alrededor del 40 % del producto interno bruto (PIB) mundial. En vísperas de la guerra, muchas de ellas ya experimentaban inestabilidad. Después de una década de aumento de la deuda, la crisis de la COVID-19 amplió el endeudamiento total a un nivel máximo en 50 años, el equivalente a más del 250 % de los ingresos fiscales. Cerca del 60 % de los países más pobres ya estaban sobreendeudados o presentaban un alto riesgo de sobreendeudamiento. La carga del servicio de la deuda en los países de ingreso mediano llegaba a su punto más alto en 30 años. Los precios del petróleo se habían disparado (PDF, en inglés). Y las tasas de interés aumentaban (i) en todo el mundo.

La historia muestra que, en tales condiciones, una sorpresa adicional(PDF, en inglés) es todo lo que se necesita para provocar una crisis. La guerra en Ucrania ensombreció de inmediato las perspectivas para muchos países en desarrollo que son importantes importadores de productos básicos o que dependen en gran medida del turismo o las remesas.  En toda África, por ejemplo, están aumentando los costos del endeudamiento externo: los márgenes de los bonos han subido en promedio 20 puntos básicos (PDF, en inglés). El cálculo para los países con una deuda elevada, reservas limitadas y pagos próximos es de repente muy diferente: Sri Lanka, por ejemplo, optó la semana pasada (i) por considerar un programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional ante la pesada carga del servicio de la deuda.

En los próximos 12 meses, una decena de economías en desarrollo podría no estar en condiciones de atender el servicio de su deuda.  Es un gran número, pero no constituiría una crisis sistémica de la deuda mundial; no sería nada parecido a la crisis de la deuda latinoamericana de los años ochenta (i), por ejemplo. No sería nada parecido a los más de 30 casos de deuda insostenible que motivaron la creación de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) (i) a mediados de los años noventa. Sin embargo, seguiría siendo importante: la mayor oleada de crisis de la deuda en las economías en desarrollo en una generación.

Estas crisis, en caso de producirse, se desarrollarían en un entorno transformado. Hace 30 años, las economías en desarrollo debían la mayor parte de su deuda externa a los Gobiernos —acreedores bilaterales oficiales—, casi todos los cuales eran miembros del Club de París (i). Hoy no es así: a finales de 2020, las economías de ingreso bajo y mediano debían cinco veces más a los acreedores comerciales que a los acreedores bilaterales.  Este año, de los casi USD 53 000 millones que los países de ingreso bajo tendrán que pagar por concepto del servicio de la deuda pública y la deuda con garantía pública, solo USD 5000 millones se destinarán a los acreedores del Club de París. Además, gran parte de la deuda de las economías en desarrollo tiene ahora tasas de interés variables, lo que significa que podrían subir casi tan repentinamente como las tasas de las tarjetas de crédito.



 

Los principales mecanismos mundiales disponibles en la actualidad para enfrentar las crisis de la deuda no fueron diseñados para estas condiciones. Deben actualizarse.

El Grupo de los Veinte (G-20) ha desempeñado una función crucial en este proceso durante los últimos dos años. Con la llegada de la COVID-19, a instancias del Banco Mundial y el FMI, el G-20 actuó con rapidez para establecer la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI). La iniciativa reunió a miembros y no miembros del Club de París para dictaminar una suspensión de pagos de la deuda por unos USD 13 000 millones para casi 50 países. Pero esa fue una red de protección social temporal que expiró a fines de 2021, justo cuando la recuperación económica de la COVID-19 había comenzado a perder fuerza (PDF, en inglés).

Después de la iniciativa, el G-20 puso en marcha el Marco Común para el Tratamiento de la Deuda que se aplicará más allá de la DSSI. Hasta ahora, solo tres países han presentado solicitudes y los avances en la reestructuración de sus deudas han sido lentos. Eso envía justamente una señal equivocada a otros países con una deuda insostenible, muchos de los cuales se han abstenido de buscar el alivio precisamente por la lentitud de los avances: temen que presentar una solicitud de alivio a través del Marco Común podría interrumpir su acceso al capital privado sin restablecer el flujo de los créditos bilaterales.

En la práctica, el Marco Común es la única alternativa, y puede y debe mejorarse a tiempo para brindar un alivio significativo a los países que lo necesitan. El Banco Mundial y el FMI han ofrecido una hoja de ruta:

  • En primer lugar, establecer un calendario claro de lo que debe suceder durante el proceso: el comité de acreedores, por ejemplo, debe formarse en un plazo de seis semanas.
  • En segundo lugar, suspender, mientras duren las negociaciones, los pagos del servicio de la deuda a los acreedores oficiales de todos los países que presenten una solicitud de alivio a través del Marco Común.
  • En tercer lugar, evaluar los parámetros y procesos del principio de comparabilidad de tratamiento y aclarar las normas para su implementación.
  • Y, en cuarto lugar, ampliar los requisitos de admisibilidad del Marco Común, que actualmente se puede aplicar solo a 73 de los países más pobres. Las condiciones deberían ampliarse para abarcar también a otros países de ingreso mediano bajo altamente endeudados y vulnerables.

Durante demasiado tiempo, el mundo ha adoptado un enfoque trágicamente débil para resolver las crisis de la deuda en las economías en desarrollo , brindando un alivio que es demasiado escaso o demasiado tardío (PDF, en inglés). Ya es hora de adoptar un enfoque del siglo XXI, que incluya la acción preventiva en lugar de la reacción, y que evite que la crisis estalle desde el principio.

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